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La ausencia de información presupuestal y de gasto, la poca claridad sobre la ejecución de recursos y el desvío de fondos en materia de seguridad pública, son una constante en la mayoría de las entidades federativas, criticaron las organizaciones Causa en Común y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Afirmaron que la información del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) transferido a 32 entidades federativas es opaca y renuente, al no precisarse a qué se destinan los recursos.
De acuerdo con una nota del periódico El Universal, el director de seguridad pública del Imco, Alejandro Hope, consideró que la opacidad en el gasto público en ese rubro es un problema sistémico y estructural que afecta la confianza de la ciudadanía.
Según un estudio que evaluó a 10 entidades federativas representativas, los resultados evidenciaron una situación preocupante por la falta de claridad del gasto en seguridad en Morelos, Guerrero y Tabasco; mientras que en Durango, Distrito Federal y Colima se observaron esfuerzos por la rendición de cuentas en ese rubro.
El análisis realizado por las organizaciones establece que la falta de transparencia en las adquisiciones que realizan las entidades no permite determinar si el equipamiento policial adquirido es pertinente para las necesidades particulares del estado.
El estudio menciona que a pesar de que los gobiernos están obligados a reportar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito público en qué gastaron los recursos que el gobierno federal entregó en los últimos años, los informes trimestrales publicados no presentan los datos del fondo de todas las entidades federativas.
Hope dijo que hay una correlación que revela que entre mayor es la calidad y transparencia del gasto, más positivos son los resultados que entrega una entidad en materia de seguridad; en tanto aquellos con rezago han sufrido las consecuencias.
Datos oficiales indican que para los programas y estrategias de la seguridad pública nacional se destinan 140 mil millones de pesos.
De ese monto, la Federación transfiere 17 mil millones de pesos a programas de seguridad en estados y municipios, de los cuales 7 mil 600 millones se dirigen al Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP).
La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, acusó que hay nula información sobre si los recursos del FASP se canalizan a la adquisición de bienes como chalecos antibalas, patrullas, policías, penitenciarías, por lo que esta opacidad hace imposible la medición del impacto favorable del fondo.
Añadió que el gobierno mexicano y las entidades federativas simulan muchas veces que trabajan y buscan cumplir los objetivos, pero en lo que no simula es en gastar, aunque el problema es que no se sabe en qué se invierten los recursos.
Hope dijo que la fórmula de distribución del FASP penaliza el subejercicio, es decir, que si una entidad no gasta los recursos que se le asignan entonces al siguiente año le entregan una menor bola; sin embargo, esta situación, criticó el experto, ha generado que se dispare el gasto en ese rubro al final del año en sectores no autorizados.
La PGR comprará otro equipo para espiar
Aún no concluye la investigación sobre presuntas irregularidades en la adquisición de dos equipos para espionaje y la PGR ya decidió comprar otro.
Según otra nota del periódico Reforma, la dependencia destinará 322 millones de pesos para comprar nuevos equipos de intercepción de telefonía celular y fija para que sean operados por la Policía Federal Ministerial (PFM) y por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
Los proyectos de inversión fueron registrados ante la Secretaría de Hacienda en el contexto de una investigación interna de la PGR por el presunto sobreprecio pagado a finales del sexenio pasado en la compra del software FinFisher para intervenir dispositivos BlackBerry, así como por un programa de geolocalización de teléfonos, que costaron 202 millones de pesos.
Ante Hacienda, la PFM registró ahora dos programas distintos, por parte de diferentes oficinas de la misma corporación.
Uno de ellos, por 142 millones de pesos, es para la compra de cuatro sistemas de intercepción de telefonía celular 2G, 3G, 4G y LTE y de tres sistemas para captar llamadas de aparatos Nextel.
"Se realizará el rastreo e intercepción de llamadas telefónicas, intercepción de datos y mensajes, ya sea de equipos móviles y telefonía fija con mayores alcances y captar información relevante, que permitirá la generación de productos de inteligencia", explicó en el documento el director de Recursos Materiales y Servicios Generales de la PFM, Rodolfo Vernis Sánchez.
El otro proyecto de la PFM, por 32 millones de pesos, fue registrado por el Director de Recursos Tecnológicos, Miguel Pineda Carrillo.
Se busca la compra de un sistema táctico de monitoreo e intercepción de comunicación celular GSM y 3G en la banda de mil 900 megahertz, específicamente dirigido a Telcel y Movistar; un sistema dirigido a la red con el protocolo IDEN, utilizado por Nextel, y otro para grabación y monitoreo de telefonía fija analógica, digital e IP.
"Con este equipamiento las células de investigación de la PFM podrá realizar la captación de información a través del monitoreo de comunicaciones celulares de servidores públicos específicos, que estén relacionados en alguna investigación", señaló Pineda.
La SEIDO, por su parte, pretende gastar 148.5 millones de pesos en equipos tácticos de "extracción de información" para telefonía celular 3G y 4G, según el director general de Cuerpo Técnico de Control de la Subprocuraduría, César Ramírez Torralba.
"(El objetivo es) lograr una producción eficiente y oportuna de inteligencia estratégica para la seguridad nacional", justificó el funcionario.
Los equipos tienen nombres exóticos para los cuales no fue posible encontrar referencias, pues según el proyecto se denominan "Wonderful", "Sésamo" y "Laguna". El estudio costo-beneficio enviado a Hacienda, que contiene más detalles, fue totalmente clasificado como reservado.
Según el Reglamento Interior de la PGR, el Cuerpo Técnico de Control es la oficina de la SEIDO encargada de ejecutar las órdenes de intervención de comunicaciones privadas autorizadas por jueces, seleccionar los equipos que se utilizan, verificar su correcto funcionamiento y comprobar la autenticidad de las grabaciones y transcripciones.