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“En la política criminal que se debe implementar en estos tiempos, existen dos conceptos que no pueden soslayarse si es que de verdad se quiere una política criminal efectiva para la prevención y el combate a la delincuencia: Transversalidad e interdisciplinariedad, dos conceptos sobre los cuales debe fundarse la acción del Estado ante el fenómeno criminógeno, en la aplicación de las políticas públicas de corte social”, aseguró el Dr. Eduardo Lozano Tovar, catedrático de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), durante la presentación de su libro Política Criminal Aplicada, publicado por Editorial Porrúa y presentado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, (Inacipe), con el auspicio de la Dirección General, a cargo del Dr. Rafael Estrada Michel.
Ante la presencia de estudiantes y docentes de la Facultad Libre de Derecho de Tlaxcala, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de directivos de la Procuraduría General de la República, de investigadores y científicos de la rama jurídica, en el "Auditorio Alfonso Quiroz Cuarón" del Inacipe, el Dr. Lozano Tovar hizo énfasis en que las políticas criminales, para su puntual y adecuada materialización, deben ser establecidas en el texto constitucional, para que, como otras políticas públicas del Estado mexicano, trasciendan en el plano normativo de la administración pública mexicana.
Afirmó que en la actualidad, esa falta de previsión de la política criminal en México ha alcanzado a la actual administración federal, la cual no advierte, en el combate a la delincuencia, un planteamiento sistemático que redunde en el control de diversas zonas del país, en donde se ha puesto más atención en estrategias reactivas que implican enfrentamientos armados, pero sin considerar las afectaciones posteriores que estas situaciones generen, y donde el gobierno federal está a tiempo de aplicar estas políticas criminales y criminológicas.
Más adelante, el Dr. Eduardo Lozano, quien en fecha reciente fue nombrado por el notable criminólogo Dr. Luis Rodríguez Manzanera, como presidente de la Sociedad Mexicana de Criminología (Somecrim) Capítulo Tlaxcala, sostuvo que la coerción desorganizada no es la salida para controlar el fenómeno criminógeno y, en todo caso, llamó a la participación de los actores institucionales y a la sociedad civil para llevar a cabo una cruzada contra la criminalidad, en donde la sociedad organizada tenga una participación de primer orden, distinguiendo la responsabilidad de los funcionarios públicos en atacar la presencia de las expresiones de la delincuencia.
En este texto, Lozano Tovar manifiesta el control social formal e informal dentro de las políticas de corte social que atienden la prevención, y asimismo, se pronuncia por una política criminal que a través del respeto a los DDHH y a la legalidad, se legitime ante los ciudadanos.
Expone que la construcción teórica de la política criminal, desde Liszt y su programa de Marburgo, así como la sistematización de este constructo del conocimiento, y las necesidades que debe atender.
En la obra de referencia, se plantea que la criminalidad y su tratamiento deben ser valorados y estudiados desde la transversalidad y la interdisciplinariedad de las ciencias sociales y humanas, como la Sociología, Psicología y Ciencia Política, entre otras, y por supuesto, el Derecho, la Penología, la Criminología.
Se advierte que es responsabilidad de los operadores del Estado y las instituciones, el atacar las expresiones atípicas del comportamiento, para evitar que lleguen al ámbito criminal, donde ya se habla de delincuentes organizados. Expone que en el Estado no hay medios de rehabilitación que ayuden a los jóvenes involucrados en las adicciones y en la criminalidad, quienes eventualmente deben ser tratados como enfermos, y no criminalizarlos, acudiendo a la aplicación de las políticas sociales.
Finalmente, el Dr. Lozano Tovar, invitó a la comunidad académica mexicana a consolidar una teoría de mayor consistencia sobre la política criminal en tanto ciencia, pues si bien en Italia nace la política criminal, y en Alemania se adopta su concepción, México puede ser el país donde alcance su consolidación como rama del conocimiento jurídico, formalizando de manera constitucional las políticas criminales, mediante las cuales el ciudadano tenga conocimiento de hasta dónde las fuerzas policiacas o controles de sanción del Estado pueden llegar, y así limitar los abusos de poder, y también que el ciudadano conozca las políticas de orden preventivo.