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El gobierno federal interpondrá demandas penales contra quienes resulten responsables por la retención de un centenar de militares en El Pericón, municipio de Tecoanapa, Guerrero, y advirtió que “no tolerará actos similares”.
De acuerdo con una nota del periódico La Jornada, fuentes de las secretarías de Gobernación (SG) y de la Defensa Nacional subrayaron que hay “enojo e inconformidad muy fuertes” en los altos mandos del Ejército por el trato que los pobladores de esa comunidad dieron a los soldados retenidos durante más de 24 horas.
Aseguraron que el hecho no quedará impune y exigieron que las policías comunitarias –desplegadas en al menos 10 municipios de la Costa Chica guerrerense– se conduzcan con orden. “No es posible que transiten armados de un pueblo a otro sin que nada los regule y que sin más le falten al respeto a los militares”, indicaron.
Tras una reunión en Gobernación, sostuvieron que la acción en El Pericón se debió a que los pobladores identificaron a un capitán del Ejército “coludido” con grupos criminales de la región.
Ayer, el subsecretario de Gobierno de la SG, Luis Enrique Miranda, recibió por separado a líderes de las dos principales organizaciones comunitarias: Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (Upoeg), liderada por Bruno Plácido, y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, identificada con Eliseo Villar, entre otros.
En ambos encuentros estuvo el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y se esperaba que fueran encabezados por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien no asistió porque se encontraba con el presidente Enrique Peña Nieto.
En el comunicado de la SG sólo se hizo alusión a la Upoeg. Los funcionarios dijeron, según el texto oficial, que atendieron a esta organización para hacerle saber que no se tolerarán actos similares y que habrá mesa de diálogo con ellos hasta que haya condiciones de irrestricto respecto a las instituciones del Estado mexicano.
“Lo anterior, con independencia de las denuncias penales que procedan ante las autoridades competentes, con el propósito de que se castigue a los responsables de los hechos con todo el rigor de la ley”, advirtió Gobernación.
Bruno Plácido, dirigente de la Upoeg, aseveró en entrevista que las autoridades federales no les pidieron deponer las armas y sostuvo que las policías comunitarias no están contra el Ejército: “sería una vergüenza que estuviéramos contra el Ejército (…) simplemente se le señala (a autoridades federales y estatales) que está el capitán –de apellido ‘Brom o Prom’– con sus vínculos (con el crimen) y el subsecretario se comprometió a hacer la investigación”, dijo.
Aseveró que están en completa disposición de transparentar la identidad –“no portamos armas de uso exclusivo en el Ejército, dijo”– y la ubicación de cada elemento de las policías comunitarias. Dijo que son más de 500 los agentes que operan en unos 10 municipios.
Plácido presentará el sábado ante la asamblea comunitaria de la Costa Chica la “propuesta” de la relación que debe prevalecer entre las policías comunitarias y las fuerzas armadas, aunque no dio detalles. Sólo mencionó que se mantiene la seguridad en tanto no haya un pacto general.
–¿Entregarán las armas?
–No nos pidieron que entregáramos las armas, sino que analizáramos la situación de la inseguridad y que entreguemos una propuesta en los próximos días y sentarnos a dialogar nuevamente con las autoridades de los tres niveles de gobierno.
“Simplemente se les señala el vínculo de aquella persona que utiliza el nombre del Ejército para proteger a la delincuencia; así que no es contra el Ejército sino contra esa persona en concreto.”
En tanto, el gobierno federal manifestó su “apoyo y compromiso” con el de Guerrero “para seguir implementando obras de carácter social y productivo, como anunció en su reciente visita el presidente de la República”.
El mandatario estatal, se agrega en el boletín, “expresó el reconocimiento del pueblo de Guerrero y de su gobierno a la labor social y de seguridad que ha venido brindando el Ejército Mexicano a los guerrerenses”.
Instalan trece retenes en Tierra Caliente, Michoacán
La carretera que cruza la zona de conflicto de Tierra Caliente, Michoacán se ha convertido, desde el miércoles, en una de las más vigiladas de la entidad. Elementos del Ejército, Policía Federal y los grupos de autodefensa mantienen 13 retenes.
Se trata de la carretera que sale del municipio de Aquila hacia Apatzingán, cruzando por los municipios de Chinicuila, Coalcomán, Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán. Recorre 229 kilómetros de distancia donde colocaron 13 retenes, uno cada 17 kilómetros en promedio.
En el Distrito Federal, esta distancia es equivalente a encontrar un punto de control en el Centro Comercial Santa Fe y otro en la Alameda Central.
Según una nota del diario 24 Horas, esto muestra un cambio de estrategia en la intervención de las fuerzas federales en Michoacán desde que inició el operativo desde hace 11 semanas. Primero se colocaron los retenes en la entrada de las comunidades, pero a raíz de los ataques en contra de policías federales se incrementó la seguridad.
Las emboscadas ocurridas a finales de julio, en la zona costera y en Tierra Caliente, dejaron como saldo cuatro agentes muertos y 21 lesionados. También se registró el asesinato de un vicealmirante y su escolta, en el municipio de Churintzio, al norte del Estado.
Desde febrero, los pobladores de estos municipios formaron grupos de autodefensa ante la ineficacia de la policía municipal y estatal para salvaguardar a la comunidad, así como por la inseguridad provocada por Los Caballeros Templarios, quienes se dedican a la extorsión, robo, secuestro y otros delitos.
De acuerdo con el portal Mimorelia.com, quienes hicieron un recorrido por la zona, siete retenes son de elementos del Ejército, cinco de guardias de autodefensa y uno de la Policía Federal. Los policías y militares portan armas de cargo, tipo AR- 15 y variantes.
Las imágenes muestran que los integrantes de los grupos de autodefensa portan playeras blancas con la leyenda “policía comunitaria”, además están equipados con armas cortas y de uso exclusivo del Ejército, detienen y revisan a todos los vehículos que circulan por la zona y la afluencia vehicular se ha visto disminuida a consecuencia de los bloqueos a la circulación.
Se aprecia además que algunos de los retenes se encuentran a la entrada de los municipios, y en las carreteras que cruzan las comunidades. Pobladores de Coalcomán indicaron que son revisados cada que entran al pueblo y consideran que ha mejorado la tranquilidad a comparación de días pasados.
A pesar del anuncio de que no se permitiría la presencia de personas armadas en Michoacán, los integrantes de los grupos de autodefensa de estos municipios siguen operando en la región, en conjunto con elementos del Ejército y la policía federal.
Los ediles de las localidades por donde cruza esta carretera, no se encuentran despachando desde sus oficinas ni de sus municipios debido a amenazas recibidas por parte de grupos armados, sin embargo, el edil de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, aseguró que “fue un error abandonar el ayuntamiento por amenazas” y aseguró que la siguiente semana regresará al municipio.