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Integrantes del grupo de autodefensa que opera en Aquila, Michoacán, y miembros del Ejército midieron ayer fuerzas en ese municipio, de la costa de Michoacán.
Autoridades federales y estatales desactivaron al grupo armado que hacía labores de policía comunitaria en esa localidad, sin embargo, en respuesta, simpatizantes de la organización retuvieron a 66 militares durante más de 4 horas.
Por la mañana, en un operativo sorpresa, fueron detenidos 45 autodefensas, entre ellos Agustín Villanueva, líder de la organización, e incautadas 57 armas de fuego, entre las que había fusiles AR-15 y AK-47, así como pistolas, rifles y equipos de visión nocturna.
De acuerdo con una nota del periódico Reforma, esa agrupación armada se ostentó desde el 23 de julio como grupo de autodefensa o policía comunitaria con el argumento de estar hartos de la presencia del crimen organizado en Aquila, una demarcación que colinda con Colima.
Sin embargo, por la tarde de ayer y como una medida de presión para la liberación de los detenidos, un grupo de pobladores de Aquila que simpatizan con los autodefensas retuvieron a los militares.
Los elementos del Ejército estuvieron rodeados, aunque siempre armados: 39 de ellos en la plaza principal del Municipio y 27 en las inmediaciones de una mina administrada por la empresa Ternium de México.
Fue hacia las 20:30 horas, después de una nueva incursión de militares, autoridades federales y estatales, que se logró la liberación de los elementos castrenses.
Este nuevo operativo habría dejado al menos otras siete personas detenidas, según reportes de seguridad pública y del Ejército.
Durante la liberación de los militares se habrían registrado algunos disparos, sin que se sepa de qué bando provenían.
El gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna, sostuvo que el grupo de autodefensas de Aquila estaba operando al margen de la ley, delinquiendo.
"Se actuó contra un grupo que estaba en flagrancia del delito", justificó el gobernador según la nota del periódico Reforma.
La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que en el operativo se cumplimentaron cinco órdenes de aprehensión contra Juan Manuel Ramírez Magallón, Salvador Martínez Cárdenas, Guadalupe Magaña Orozco, Vicente Villanueva Ramírez y Agustín Villanueva, este último detenido en la comunidad de Naranja de Valencia.
Los delitos por los que fueron obsequiadas las órdenes de aprehensión son violación de domicilio, secuestro, lesiones y robo calificado.
El dirigente del grupo de autodefensas Agustín Villanueva fue trasladado vía aérea hacia una base de la PGR, mientras que el resto de los detenidos fueron llevados por tierra, a bordo de autobuses que iban escoltados por fuerzas federales y estatales.
Comandos similares operan en otros municipios como Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán, Coalcomán, Chinicuila y Aguililla.
Michoacán cerca del estallido social: empresarios
Representantes de varios sectores productivos y de la sociedad civil de Michoacán exigieron al presidente Enrique Peña Nieto poner especial atención a lo que ocurre en la entidad, pues el clima de violencia e inseguridad que prevalece desde hace tiempo puede derivar en un estallido social.
En conferencia de prensa, más de una veintena de productores del campo, académicos y profesionistas, representantes de comunidades indígenas y de organizaciones civiles, así como empresarios del sector turístico y de la construcción se dijeron “desesperados” por la situación de violencia y la desaceleración económica que ha generado en prácticamente todas las actividades de la entidad.
Según otra nota del periódico La Jornada, los quejosos señalaron que la política de seguridad aplicada por la administración del presidente Peña y la anterior, de Felipe Calderón, son muy similares, pues se han centrado en el envío de elementos policiacos y militares, cuando lo que necesita el estado son acciones concretas, recursos económicos y políticas públicas eficaces que restablezcan la planta productiva.
En medio de esta situación, en la que se combina la violencia y la falta de empleo y de oportunidades para la gran mayoría de la población, será imposible sostener la estabilidad social del estado, dijo Sotero Samuel Fernández, ex vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción sección Michoacán.
Por su parte, Tito Fernández Torres, presidente del Movimiento Paz y Dignidad, que agrupa a 40 asociaciones civiles, aseguró que Michoacán “vive un verdadero caos, en una situación extremadamente grave”. Reprochó que en sus casi nueve meses de iniciado su gobierno, el presidente Peña Nieto no ha realizado una sola gira por la entidad.
Además, varios representantes de los productores de aguacate admitieron en la conferencia que son obligados a pagar “derecho de piso” a la delincuencia para poder comercializar su producto. El pago es de mil pesos por hectárea. “No lo hacemos (el pago) porque queramos, pero con eso ya no nos roban y dejan que vendamos nuestro producto”, dijo el pequeño productor originario de Uruapan, quien para este caso pidió omitir su nombre.
En tanto, Miguel Urbina, prestador de servicios turísticos, y Bulmaro González López, restaurantero de Apatzingán, señalaron la caída dramática de las actividades económicas en general, y de manera particular la turística, pues “no hay libre tránsito de las personas” debido a la violencia.
De igual forma, participaron entre otros, el presidente del comisariado indígena de San Juan Nuevo, Ambrosio Ruiz Soto; Hugo Domínguez, académico, y Arturo Galván, del Colegio de Abogados de Uruapan. Este último señaló que los empresarios y los ciudadanos se encuentran a dos fuegos: “el fuego de las actividades criminales y el fuego de los delincuentes vestidos de policías que no han dejado de atropellar los derechos de los ciudadanos”.