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El Congreso analizará la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y reformas a la Ley General de Educación.

En su propuesta de leyes reglamentarias, la SEP propone que maestros, directores y supervisores se sometan al menos cada cuatro años a una evaluación, aunque si no la aprueban no serán despedidos.

Los maestros que se sometan a evaluación tendrán hasta tres oportunidades, en un periodo de tres años, para aprobar el examen.

Y si ni aún así lo aprueban, serán reasignados a otra actividad fuera del salón de clases, según se informó en una nota del periódico Reforma.

Lo anterior quedó asentado en el paquete de iniciativas que envío la SEP al Congreso y que reglamentan los artículos 3 y 73 de la Constitución, que fueron reformados el 26 de febrero.

Se trata de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la creación del Sistema Nacional de Evaluación, así como la reforma a la Ley General de Educación.

En la propuesta de ley del Servicio Profesional Docente se establece, por primera vez, una normatividad para el ingreso de maestros, su promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio.

También plantea eliminar la plaza de base automática, un periodo de inducción para los profesores de nuevo ingreso y tutorías.

Señala que los maestros y directores de educación básica y media superior que obtengan la plaza mediante un concurso de oposición deberán pasar por un periodo de inducción de dos años, en el que tendrán que aprobar para obtener la plaza de base o el nombramiento definitivo.

Actualmente, los docentes deben pasar el examen del Concurso de Plazas para que se le otorgue la plaza automáticamente. Sin embargo, en Michoacán y Oaxaca los normalistas obtienen la plaza al terminar la licenciatura.

Los concursos de oposición, tanto de docentes, como de directores y supervisores, que autorizará el INEE, comenzarán a aplicarse en julio de 2014.

Las autoridades educativas serán las encargadas de seleccionar a los evaluadores, que serán certificados por el INEE.
 
Se indica que sólo serán válidos aquellos nombramientos que se sujeten a la Ley del SPD.

En la propuesta de la SEP se plantea que el INEE deberá crear un Marco General de una Educación de Calidad, que establecerá la normalidad mínima en el desarrollo del ciclo escolar y la escuela, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los maestros, y los niveles mínimos para el ejercicio de la docencia y los cargos de director y supervisor.

Las plazas vacantes se ocuparán según el orden de prelación de la lista de aspirantes.

La evaluación será obligatoria para mantener el trabajo.

La SEP podrá dar por terminada la relación jurídica con los docentes, directivos y supervisores de educación básica y media superior cuando éstos incumplan con los procesos de evaluación, capacitación y actualización, según lo establece la iniciativa de Ley del Servicio Profesional Docente enviada ayer al Congreso de la Unión.

En su artículo 74, la propuesta legislativa señala que “el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 69 (relativas a las obligaciones de los profesores) dará lugar a la terminación de los efectos del nombramiento correspondiente, sin responsabilidad para la autoridad educativa (…) sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje…”

De igual manera, la ley propuesta establece la posibilidad de terminar la relación laboral cuando los trabajadores dejen de laborar en la escuela o centro de trabajo al que fueron asignados, según una nota del diario 24 Horas.

Otorgarán al INEE más atribuciones

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) será el responsable de presidir el Sistema Nacional de Evaluación y emitir la política nacional de evaluación de la educación básica y media superior.

De acuerdo con el proyecto de Ley del INEE que envió la SEP al Congreso, el Sistema Nacional de Evaluación (SNE) tiene por objeto garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares.

El SNE tendrá una Conferencia, integrada por la Junta de Gobierno del INEE, las autoridades educativas de los estados y cuatro representantes de la SEP, y sesionará dos veces al año para intercambiar experiencias e información sobre los procesos de evaluación.

Además de coordinar el SNE, el INEE expedirá los lineamientos para que las autoridades educativas realicen sus procesos de evaluación y se encargará de diseñar, implementar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Indicadores y de Información de Resultados.

Asimismo, diseñará e implementará las evaluaciones que contribuyan a mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos, y elaborará las recomendaciones a las autoridades educativas a partir de los resultados.

Definirá, junto con las autoridades educativas, los programas anuales para evaluar el desempeño docente, tanto para los concursos de ingreso como para la promoción en el servicio, y determinará los mínimos para el ejercicio de la docencia y para los cargos de dirección y supervisión.

Según la nota del periódico Reforma, el INEE aprobará los perfiles docentes y los métodos, etapas y aspectos que deberá comprender la evaluación obligatoria para los maestros de educación básica y media superior.

Establecerá los procesos de selección y capacitación de los evaluadores, así como la aplicación y calificación de los procesos de evaluación que realicen las autoridades educativas.

Y, además de otras tareas, vigilará los procesos de evaluación de las autoridades educativas para el ingreso, la promoción, permanencia y reconocimiento de los maestros, directores y supervisores.

Buscan eliminar prebenda magisterial

La SEP propone eliminar un párrafo a la Ley General de Educación, que protege de sanciones a los trabajadores de la educación.

"Las disposiciones de este artículo no son aplicables a los trabajadores de la educación, en virtud de que las infracciones en que incurran serán sancionadas conforme a las disposiciones específicas para ellos", señala el último párrafo del artículo 75, sobre sanciones e infracciones.

Ahí se establece que serán sancionados quienes suspendan clases sin justificación, se nieguen a ser evaluados o no utilicen los materiales y libros de texto autorizados por la autoridad educativa.

El proyecto de reforma que envió la SEP al Congreso propone eliminar el párrafo, pues las sanciones para los trabajadores de la educación se indican en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

También plantea la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), que permitirá a la SEP saber no sólo cuántos maestros hay y dónde están, sino tener comunicación directa con las escuelas.

En la actualidad, toda la información que recibe la SEP es a través de las autoridades educativas estatales, que la reciben a su vez de los supervisores, quienes la recogen en las escuelas.

La propuesta de reforma a la Ley General de Educación establece que el SIGED permitirá una comunicación continua inmediata entre los directores de escuela y las autoridades educativas.

Lo anterior, indica, permitirá reducir las cargas administrativas de los directores y docentes, para que dediquen la mayor parte de su tiempo a las actividades pedagógicas.

"El SIGED estará integrado por el registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos, conocido hoy como Registro Oficial de Documentos, Acreditación y Certificación; las estructuras ocupacionales y las plantillas de personal de las escuelas; los módulos correspondientes a los datos de formación, trayectoria y desempeño profesional del personal y demás información, elementos y mecanismos necesarios para la operación del sistema educativo nacional", se comenta.

También propone modificar el artículo 14 para que el INEE sea la institución encargada de evaluar al sistema educativo, facultad que es exclusiva de la SEP.

En el artículo 21 establece que quienes ejercen la docencia deberán satisfacer los requisitos que señalen las autoridades competentes, y para la educación básica y media superior, deberán sujetarse a lo dispuesto en la Ley General para el Servicio Profesional Docente.

Asimismo, se propone impulsar la creación de escuelas de tiempo completo, y prohibir las cuotas y la venta de comida "chatarra" en los planteles.

El paquete de iniciativas fue firmado por el Ejecutivo y entregado ayer a la Comisión Permanente del Congreso para su análisis y discusión.

En entrevista con el diario 24 Horas, el senador Juan Carlos Romero Hicks prevé que por lo menos la Ley del INEE y la general de Educación estén aprobadas antes del 26 de agosto, aunque confió en que los diputados y senadores logren consensuar las tres legislaciones para esa fecha.

 

 

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