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Al menos 19 entidades federativas del país enfrentan problemas para el pago de pensiones y requieren de algún tipo de reforma que les permita hacer sostenible sus sistemas de seguridad social, señaló Aregional.
Se trata del Estado de México, Durango, Guerrero, Oaxaca, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Michoacán, San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán, Colima, Morelos y Querétaro.
Flavia Rodríguez, investigadora de Aregional, refirió que desde hace más de una década algunos estados hicieron reformas a sus sistemas de pensiones a fin de hacerlos viables para sus finanzas públicas, de las cuales algunas fueron exitosas y otras únicamente postergaron los problemas financieros.
Sin embargo, existen estados que no han hecho ninguna modificación.
Aregional subrayó que el Estado de México, Durango, Guerrero y Oaxaca ya realizaron reformas, pero éstas resultaron insuficientes y enfrentarán presiones severas en los próximos años.
"El Estado de México tuvo un gasto anual de 2 mil 924 millones de pesos en 2011 para el pago de sus contribuciones ordinarias al sistema de seguridad social, el cual representa 2.1 por ciento de los ingresos totales del estado.
"Según la valuación actuarial más reciente, debido al déficit de servicios médicos, la suficiencia de la seguridad social en el Estado de México se agotará en 2015", apuntó Rodríguez.
En el caso de Durango, el déficit actuarial por pensiones ascendía a 26 mil 578 millones de pesos al cierre de 2011.
Otras siete entidades del País (Baja California, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas) aún tiene reformas pendientes por concretarse.
Rodríguez destacó que Michoacán, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán requieren de reformas urgentes y Colima, Morelos y Querétaro no tienen siquiera un sistema de pensiones.
Estos últimos son los más graves, pues para hacer frente a las pensiones hacen uso de gasto corriente, explicó.
Actualmente, hay cuatro entidades cuyas pensiones están afiliadas al ISSSTE (Distrito Federal, Baja California Sur, Hidalgo y Quintana Roo), que sólo realizan aportaciones ordinarias y por lo tanto ese gasto no representa una presión directa a sus finanzas, explicó.
El resto de las entidades tienen reformas con vigencia de por lo menos 15 años, aunque algunos batallan con las transiciones que están realizando a sus sistemas.