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México D.F. a 12 de septiembre.- Presenta Lorena Cuellar una Iniciativa que adiciona una fracción al artículo 5 de la Ley General de Desarrollo Social, con la intención de introducir en dicha legislación el concepto de Gasto Social.
Cuéllar Cisneros refirió en tribuna que este asunto es de suma importancia, puesto que no existe una definición clara sobre lo que es Gasto Social. “Tanto la CEPAL, como la OIT y el PNUD han adoptado, de acuerdo con su experiencia, una serie de enfoques sin poder llegar a tener un consenso sobre el mismo” dijo.
La senadora Tlaxcalteca destacó que es un hecho, que las necesidades sociales e ideológicas han influido en el desarrollo del concepto dentro del diseño de políticas públicas, al grado de marcar definiciones sobre el nivel de compromiso económico que un Estado adopta con los ciudadanos, o bien, establece las pautas para dejar que el sector privado sea fuente de financiamiento social.
“Un claro ejemplo de esto podemos verlo dentro del Consejo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que tiene como integrantes a empresas como Nestlé o Wal-Mart” sentenció la perredista.
Al hacer uso de la tribuna LCC puntualizó las tres dimensiones que permiten poder caracterizar el Gasto Social: LA PRIMERA, se refiere al perfil de las organizaciones que lo controlan; LA SEGUNDA, son los propósitos sociales que financia; y finalmente, LA TERCERA, es la cantidad de recursos que se erogan para alcanzar fines sociales, explicó.
“En nuestro país lo que hasta hoy hemos conocido como Gasto Social, está fuertemente compuesto por gasto social público, es decir, son erogaciones presupuestales, principalmente federales, sin embargo, no se conoce el monto agregado de estos recursos, principalmente porque son varios los actores que intervienen para dirigir el rumbo de la política social, y si bien, la Ley General de Desarrollo Social y sus ordenamientos concurrentes coordinan muchos de estos esfuerzos, a nivel subnacional no queda clara la coordinación de los propósitos sociales”: LCC
Además, Lorena Cuéllar dijo que hay una clara disociación entre el concepto de Gasto Social que maneja la Secretaría de Hacienda y los propósitos sociales que persiguen el conjunto de planes, programas y normas de la política social.
En el mismo tenor, Cuellar Cisneros apuntó que el Gasto Social que reporta la Federación únicamente se refiere al monto ejercido por vía del Presupuesto de Egresos de la Federación, sin tomar en cuenta tratos fiscales preferenciales; “al respecto se estima que en 2008 el costo de estos beneficios ascendió a 294 mil millones de pesos, lo que representó un 3 por ciento del PIB, o bien el 26 por ciento del Gasto Social ejercido directamente”; LCC.
La también Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social enfatizó que con esta insuficiencia de información es difícil poder estudiar y consultar la información de Gasto Social, además refirió que se entorpece el proceso de seguimiento y evaluación para la toma de decisiones con respecto al rumbo de la política social y su gasto. “Esto es de suma importancia si se considera que en los últimos diez años el Gasto Social ha sido la máxima prioridad de gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por ejemplo, en el 2012 representó poco menos de la mitad”: Lorena Cuéllar.
Y es que de acuerdo con la OCDE, en 2012 el Gobierno Federal destinó 76.1 centavos de cada peso al pago de subsidios, salarios, pensiones y gastos de operación y solamente 23.9 a inversión en proyectos de infraestructura.
De los 76.1 centavos, 39 por ciento se destinó al pago de salarios de la burocracia, 27.2 por ciento a servicios de agua potable y electricidad, 18.1 por ciento a pensiones y 15.7 por ciento al financiamiento de programas sociales. Con esto, se afirma posteriormente que México tiene el Gasto Social más bajo de entre los países que integran la OCDE, pues es de aproximadamente 8 por ciento del PIB, cuando el promedio es del 22 por ciento.
Por todo lo anterior, Cuéllar Cisneros consideró que un primer paso importante para poder mejorar la eficiencia del Gasto Social es tener definido el monto real de los rubros que lo comprenden y para ello es necesario delimitarlo con precisión, a fin de desarrollar a detalle sus funciones sociales y clasificar los gastos a partir de esto.
“Hay que conocer la magnitud precisa del Gasto Social y los propósitos que persigue, impacta positivamente en la obtención de información útil para evitar la duplicidad de beneficios sociales que recibe la población”; LCC.
Por otra parte Cuéllar insistió en tener claridad de los tratos fiscales preferenciales ya que resulta indispensable para estimar el monto total de recursos públicos que la Federación destina al ámbito social.
Y es que con la integración de la información del Gasto Social en la Ley General del ramo, habrá mecanismos de coordinación institucional entre actores del Poder Ejecutivo y Legislativo para definir los propósitos sociales y delimitar su función social, a fin de evitar propósitos desordenados y especificar en un solo rumbo, con todos los actores, el quehacer social.
Lorena Cuéllar destacó que ésta propuesta tiene como objetivo aumentar la calidad de la política social al fortalecer institucionalmente los aspectos técnicos en cuanto a su diseño y gestión en materia económica. “Dicho objetivo es fundamental si consideramos que la información confiable y comparable de los recursos económicos asignados al sector social permitirá, en el mediano plazo, realizar actividades de monitoreo y evaluación de impacto de los componentes de la política”: LCC.
Finalmente, Cuéllar Cisneros explicó que con este proyecto se pretende aportar el detalle de las fuentes que comprenden el gasto social, para contar con una herramienta útil de gestión para la política social, ya que por medio de su aplicación se generaría la información necesaria para la toma de decisiones y administración de recursos.