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En sesión ordinaria del Congreso local, la diputada Agripina Fernández Hernández, propuso reformar diversos preceptos del Código Civil de la entidad, con el fin de que sea suprimido de la legislación el concepto de “promesa de matrimonio”, contenido en el capítulo de los “esponsales”, así como el concepto de “adopción simple”.
La institución de los esponsales, acotó, debe ser prohibida y suprimida de la legislación civil en razón de que ha caído en desuso y no se puede obligar a nadie a contraer matrimonio sin su consentimiento, ya que en caso de la ruptura de la promesa de matrimonio, lo máximo que se podría obtener por medio de esa figura es el resarcimiento de los daños y perjuicios.
Además de cubrir los gastos en que hubiera incurrido el prometido inocente, sin que en ningún caso se pudiera obligar a contraer matrimonio a quien se negare a ello o diera causal para no cumplir dicha promesa.
Refirió que con la derogación del concepto de “adopción simple”, se busca orientar el reconocimiento de la adopción plena como la única instancia que en virtud de la resolución judicial que la determine, establezca los vínculos de filiación que hagan posible la integración total y definitiva en el núcleo familiar de un menor o de un incapaz.
En otro punto de la sesión, el legislador Vicente Morales Pérez, dio lectura a la iniciativa por la que exhorta a las administraciones municipales actuales, a no heredar pendientes administrativos, económicos o de cualquier índole, que afecten el patrimonio municipal y ajusten su actuar, en lo concerniente a la rendición de cuentas; vigilando y aplicando de forma irrestricta las leyes de la materia que les obliga a clarificar su actuación.
Destacó que no pasa desapercibido el hecho de la cercanía del cambio de munícipes en todo el estado; por lo que es oportuno tomar previsiones para que la entrega-recepción, no se torne compleja o difícil; desde luego, sin dejar algún pendiente la administración saliente.
Morales Pérez, sostuvo que se está en tiempo para evitar una posible problemática que pueda suscitarse a corto plazo por la falta de rendición de cuentas aprobadas, sugiriendo que se tome en cuenta esto para establecer las medidas legales adecuadas y viables.
Finalmente, por unanimidad de votos, fueron avalados los ejercicios fiscales de 2012 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Tlaxcala.