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También aprobaron el dictamen por el que se reforma la Ley de Fiscalización y el Código Financiero.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; y de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, avalaron el dictamen por el que se reforman diversos preceptos de la Ley de Fiscalización; Código Financiero; y Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior, el cual tiene como objetivo regular la aplicación de multas por la falta de entrega de cuenta pública.

Reunidos este miércoles en el Salón Blanco del poder Legislativo, los titulares de dichas comisiones, Silvestre Velázquez Guevara y Carlos Augusto Pérez Hernández, respectivamente, mencionaron el interés de los legisladores para que la ciudadanía tlaxcalteca cuente con un marco jurídico actual en la materia que genere certeza jurídica.

En este tenor, se sugiere adicionar cinco párrafos a la Ley de Fiscalización que determinan las características, descuentos y modalidades sobre las cuales se deben cubrir tanto las multas administrativas como las sanciones indemnizatorias.

En cuanto a la reforma al Código Financiero, proponen reformar el artículo 299, con la finalidad de ingresar los supuestos de los importes por concepto de responsabilidad indemnizatoria y multas impuestas en términos de la Ley de Fiscalización cobradas por la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno del estado.           

Dentro de las modificaciones al Reglamento Interior del OFS, la Comisión de fiscalizadora propuso reformar los artículos 40 y 41 con el objeto de aumentar de 10 a 15 días hábiles el plazo para que un servidor público cubra de manera voluntaria una multa impuesta por no haber presentado en tiempo y forma la cuenta pública.

El dictamen tiene su justificación en el hecho de que en los ordenamientos legales que tienen aplicación en las materias administrativa y fiscal, existen diversas lagunas legales e indeterminación jurídica que generan, no sólo confusión entre quienes deben aplicar la ley y a quienes se les aplica, sino que ante tal panorama se violentan los Derechos de Seguridad Jurídica, de Debido Proceso y de Defensa, derechos que en obvio son consagrados en la Constitución federal.

El dictamen aprobado se remitió a la Junta de Coordinación y Concertación Política para que sea enlista en el orden del día correspondiente y sea subida al Pleno para su discusión y aprobación.

En esta misma reunión, los legisladores avalaron los dictámenes de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal de 2012 de los entes fiscalizables: Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad; y Pensiones Civiles, así como la de los municipios por ese mismo periodo de El Carmen Tequexquitla, Emiliano Zapata, Tetlatlahuca, Nanacamilpa y Axocomanitla.

Así también, a efecto de analizar las observaciones derivadas con motivo de la cuenta pública de 2012, la Comisión de Finanzas y Fiscalización atendió en derecho de audiencia a los municipios de Teolocholco, Teacalco, Natívitas, Mazatecochco, Santa Cruz Quilehtla y Muñoz de Domingo Arenas.

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