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Al tiempo que era consejero ciudadano para vigilar a la PGR, el empresario Alejandro Puente Córdoba hacía negocio con la propia dependencia.
Esto ocurrió durante la gestión de Marisela Morales al frente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con una nota de periódico Reforma, en enero de 2012, Puente asumió la titularidad del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR.
Y, en septiembre de ese mismo año, la dependencia le pagó 126 mil dólares por 30 horas de vuelo de un avión Sabreliner 65 matrícula XA-APC.
La aeronave es propiedad de Grupo Aeronáutico AFA, empresa de la que Puente posee 99 por ciento de las acciones.
Lo anterior está asentado en un acta constitutiva registrada en marzo de 2007 ante el notario público número 11, Carlos Alejandro Durán Loera.
Alejandro Puente Córdoba es también presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec).
El año pasado, la entonces Procuradora Morales desmanteló la Dirección General de Servicios Aéreos de la PGR con el consecuente despido de más de 300 pilotos y mecánicos.
Ello llevó a la institución a rentar aeronaves privadas.
Luego de esto, el contrato PGR/AD/CN/SERV-192-2012 fue adjudicado en forma directa, sin licitación, a Ra Jet Aeroservicios.
Se pagó un millón 370 mil 6 dólares por la renta de nueve aviones y un helicóptero que estarían disponibles por 30 días a partir del 1 de septiembre de 2012.
Una de las aeronaves es el Sabreliner 65 de Alejandro Puente, la cual fue rentada a la PGR por Ra Jet Autoservicios.
Grupo Aeronáutico AFA, la empresa de Puente, logró su expansión gracias a los millonarios contratos que obtuvo del gobierno de Humberto Moreira en Coahuila.
Según una factura fiscal emitida el 23 de octubre de 2012, la PGR pagó específicamente por el Sabreliner 65 una renta de 126 mil dólares.
El certificado de matrícula --expedido por la Dirección General de Aeronáutica Civil el 24 de febrero de 2011-- establece que el avión tiene el registro Rockwell NA-265-65 con número de serie 465-16 y certificado de aeronavegabilidad 20120074.
Tiene capacidad para dos tripulantes y ocho pasajeros. Su base está en el Aeropuerto Internacional de Toluca.
Alejandro Puente fue el último presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, organismo que desapareció en marzo por instrucciones del Procurador Jesús Murillo Karam.
Fuentes oficiales confirmaron al periódico Reforma que, durante la gestión de Marisela Morales, la PGR dio diversos contratos para servicios aéreos Grupo Aeronáutico AFA, la empresa de Puente.
Otro funcionario de la PGR es investigado por conflicto de intereses
Jorge Antonio Luna Calderón, titular desde febrero pasado de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia (Ueidcspaj) de la Procuraduría General de la República, es investigado por la Visitaduría de esa dependencia por presunto conflicto de intereses, ya que tiene a su cargo una indagación contra ex funcionarios de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y directivos de varias recuperadoras de créditos para vivienda, a pesar de que fue abogado de los denunciados.
Según fuentes de la PGR consultadas por el periódico La Jornada, la irregularidad que un grupo de litigantes atribuye a Luna Calderón estriba en que seis meses antes de ser designado funcionario era apoderado legal de recuperadoras de créditos hipotecarios denominadas sociedades financieras de objeto limitado (Sofeles) y sociedades financieras de objeto limitado (Sofomes), amén de que el despacho jurídico que representaba fue beneficiario de la venta de cartera vencida que el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda (Infonavit) otorgó a la persona moral denominada Recuperadora de Deuda Hipotecaria, S de RL de CV, según consta en documentos ministeriales a los que tuvo acceso La Jornada.
Como titular de la Ueidcspaj, Luna tiene a su cargo el desahogo de la averiguación previa PGR/UEIDCSPAJ/SP/M-XV/32/11 contra de Javier Gavito Mohar y de Luis Ignacio Joaquín Torcida Amero, ex directivos de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) denunciados en febrero de 2010 por lavado de dinero, delito de fraccionadores inmobiliarios, fraude genérico y peculado.
En esa indagatoria también aparecen en calidad de presuntos responsables diversos directivos de Sofoles y Sofomes involucrados con la recuperación de cartera vencida de hipotecas.
Después de más de tres años de presentadas estas denuncias los imputados ni siquiera han sido citados a declarar ante la PGR.
La queja contra Luna, que deberá desahogar la Visitaduría de la PGR, fue presentada hace dos meses ante Renan Cleominio Zoreda Novelo, subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales de esa dependencia, quien se negó a retirar de la investigación al fiscal Luna.
El documento está firmado por José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna, y está acompañada de más de 500 firmas.
Según consta en el escrito de queja, del que posee copia este diario, “el H. Consejo de Administración del Infonavit aprobó en su resolución RCA-1284-09-05, del 24 de octubre de 2005, la denominada Estrategia de depuración de cartera vencida del instituto, en donde consta que el Infonavit vendió 18 mil créditos Hipotecarios al 11 por ciento de su valor a Recuperadora de Deuda Hipotecaria”.
En ese documento se identifica a Jorge Luna Calderón (el actual fiscal) como representante legal de la firma Recuperadora de Créditos Hipotecarios.
La queja en la Visitaduría refiere que “desde principios del año 2006 y hasta enero de 2013, el hoy titular de la Unidad en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR impuso la estrategia intimidatoria en contra de las familias endeudadas con un crédito hipotecario, para la recuperación ilegal de los 18 mil créditos inmobiliarios.
“Lo anterior lo acreditamos con las siguientes acciones jurídicas: juicio especial hipotecario del expediente judicial 172/2011, en la que aparece Jorge Antonio Luna Calderón, en su carácter de apoderado legal de Recuperadora de Deuda Hipotecaria en contra de Zetina Celis Margarita; esta controversia jurídica se llevó acabo en el juzgado civil de primera instancia del noveno distrito judicial en el estado de Morelos”, expusieron los quejosos.
Otro caso que citaron los quejosos fue el juicio especial hipotecario 04/2012 radicado en el juzgado quinto de lo civil de Pachuca, Hidalgo, en el que el 5 de febrero Luna Calderón fue beneficiario de la sentencia definitiva.
Entrevistado, Pérez Espinoza expuso que las ligas entre Luna y las sofoles-sofomes motivaron que el pasado 6 de agosto el funcionario de la PGR “se negó a enviar el desglose de la averiguación previa a la Fiscalía de Delitos Fiscales y Financieros, y se negó simplemente para proteger a ex clientes”.