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Amaxac de Guerrero, Tlax., a 23 de octubre de 2013.- La donación de 47 mil metros cuadrados de terrenos en el cerro Otongatepetl que pretenden realizar comuneros de este lugar, es un asunto que reviste de toda “voracidad e ilegalidad”, sostuvieron integrantes de una comisión de vecinos, luego de informar que sostienen un juicio legal desde el año 2011 ante autoridades del ramo federal en materia agraria.
Tras conocer sobre la medida difundida a través de los distintos medios de comunicación local en Tlaxcala, mencionaron que no están en contra del desarrollo del municipio, sin embargo las cosas no pueden ser de esta manera. Ante todo, porque obedece a los intereses de un “grupúsculo”, integrado en su mayoría por “defraudadores”, cuyos fines son ajenos a los de la comunidad, calificaron.
De esta manera, lamentaron también la actitud de las autoridades electas, del edil, Carlos Luna Vázquez, así como al Síndico, Silvino Hernández Vázquez, básicamente. A quienes criticaron la toma de decisiones anticipadas previo a detentar el poder.
A quienes sugirieron en todo caso, estudiar primero el caso y luego intervenir; priorizando de antemano el mandato constitucional a fin de que tomen a parecer a la opinión del pueblo y no a escondidas.
Situación que les puede ser adversa en su actuación como autoridades en aras de poder mantener la gobernabilidad de este lugar, por lo que buscarán la intervención del titular del Ejecutivo local, hasta en tanto, cualquier decisión puede resultar incierta, refirieron.
Antes, sostuvieron que están respaldados por un promedio de 400 pobladores, por lo que desde hace dos años promovieron ante el Tribunal Agrario un juicio de amparo, buscando entre otras cosas: la nulidad del decreto de titulación mediante la utilización de actos fraudulentos, así como el robo de documentos propiedad de la iglesia católica y que datan de 1521.
En ambos casos, coincidieron, los comuneros recurriendo a los archivos de la iglesia, brindándoles el pueblo la confianza, sin embargo hasta ahora se mantienen extraviados dichos planos y documentos, lo que representa un claro abuso de confianza, aprovechándose también de la buena fe del pueblo.
Explicaron que el expediente que ampara los hechos aquí subrayados se asientan en el expediente 244/2011 ante el Tribunal Agrario en Tlaxcala, entre los que figuran como principales demandantes: Ocotlán Rojas Benítez, Felipe Pérez, Vázquez, Francisco Vásquez Vásquez, Fortunato Hernández Hernández y José María López Cruz.
Añadieron que a dos años de la promoción de la demanda de amparo, hemos informado sobre todas y cada una actuaciones. Es decir, “nada se ha hecho a oscuras, ni mucho menos a espaldas del pueblo”; mientras tanto, mucha gente de Amaxac de Guerrero esta enterada de los pasos que hemos seguido, y estamos seguros nos seguirán respaldando, prosiguieron.
No obstante abundaron, en la parte sustantiva del decreto emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), refiere “a la devolución de las tierras al pueblo de Amaxac de Guerrero”, no a los comuneros. Por eso en el año 2001 el gobierno de Tlaxcala tuvo que indemnizar a pequeños propietarios, producto de la venta fraudulenta de las tierras a cargo de autoridades municipales en 1973.
Así mismo, bajo este mismo interés y propósito, categóricos dijeron desconocer cualquier trámite de donación a favor de la máxima casa de estudios en Tlaxcala por parte de dicho grupo de “facinerosos”. Ante todo, porque deben de exhibir primero, sus títulos de propiedad, seguido de un procedimiento que debe seguir la Reforma Agraria para que les otorgue un certificado de “no afectabilidad”.
Hasta en tanto todo lo anterior no exista sentenciaron, no cederemos en nuestra lucha, pues consideramos que la donación anunciada es motivo de nulidad. Sin embargo de ser así, recurriremos ante cualquier instancia, mientras tanto, ya tomaron parte las instancias del fuero común de acuerdo al procedimiento.
Por otro lado, afirmaron que relacionado a lo que dicen los comuneros de su asamblea es falso, ya que únicamente lograron reunir a 43 de un total de 160; la mayoría de aquél entonces ya fallecieron. Ahora éstos que dicen ser dueños legítimos, eran niños cuando se integró la comisión para defender los límites territoriales del pueblo al separarse la localidad de Belén en 1968.
Así es que no hay nada que los ampare por el momento, ni siquiera alcanzaron la categoría de sucesores de las 88 hectáreas que comprende el cerro Otongatépetl. Luego vino la venta indebida en 1973. Sin embargo, todo está amparado en documentos que estamos en condición de dar a conocer públicamente de ser necesario.
Ente este mismo orden de ideas, cuestionaron de igual manera la actitud del rector, Víctor Job Paredes Cuahquetnzi, a quien dijeron, como estudioso e integrante de la academia, debe saber de leyes, y si no “que se vaya a aprender Derecho”.
Por el contrario, salta a la vista que no tiene la información adecuada o correcta; él debe conocer que en el propio decreto tiene vicios, por tal razón la necesidad de recurrir al amparo.