Xicohténcatl, Tlaxcala.- El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal ético de amplio reconocimiento internacional que desde el 2011 sesiona en nuestro país bajo la denominación de CAPÍTULO MÉXICO “LIBRE COMERCIO, GUERRA SUCIA, IMPUNIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS”, a partir de siete Audiencias temáticas: Violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia; Migración y desplazamiento forzado; Feminicidio y violencia de género; Violencia contra los trabajadores; Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía; Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores; y finalmente la Audiencia temática sobre Devastación ambiental y derechos de los pueblos, que da cobijo a la Pre-audiencia regional “Pueblos Unidos en Defensa de la Vida” o “Maseual altepemej tlen kipalevia in nemilis”, que hoy anunciamos ante ustedes.
La Pre-audiencia tendrá lugar en la Plaza Juárez de la ciudad Capital, Tlaxcala, los días 7 y 8 de Noviembre. Ahí nos reuniremos diversos pueblos de Tlaxcala y de Puebla que hemos decidido unir nuestras voces para denunciar la violencia estructural que estamos viviendo en nuestras comunidades, a causa de un modelo económico que el Estado Mexicano nos ha impuesto bajo el disfraz de “desarrollo” y “progreso”, haciendo un uso desviado de su poder económico, político y legal para favorecer en todo momento al capital privado sin importar las implicaciones que esto tiene para nuestras vidas, mientras simula ser un Estado que protege, respeta y garantiza los derechos fundamentales.
Lo decimos y afirmamos nosotras, habitantes de las comunidades de San Vicente Xiloxochitla, San Jorge Tezoquipan y La Trinidad Tenexyecac, del Municipio de Nativitas y de San Damián Texoloc y la Colonia Luis Echeverría de Texoloc, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla Tlaxcala, que vemos cómo desde el 2012 la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a base de engaños y artimañas ha buscado convencer a pobladores de comunidades afectadas por el paso de un gasoducto, para que vendan sus tierras haciéndoles creer que sus recibos de luz llegarán más bajos; lo cual es falso, ya que el gasoducto forma parte de un proyecto llamado “Proyecto Integral Morelos” que tiene como fin transportar gas natural de Tlaxco, Tlaxcala con destino a La Huesca, Morelos, para producir energía con fines industriales.
El gasoducto tiene una longitud de 160 kilómetros y un diámetro de 30 pulgadas. A su paso, atraviesa 24 Municipios de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, algunas zonas densamente pobladas como las que habitamos; también atraviesa por zonas de alto y mediano riesgos, aledaños al Volcán Popocatépetl.
Los pueblos de los que venimos nos dedicamos a la preparación de los tradicionales tacos de canasta y a la alfarería para lo cual mantenemos prendidas hornillas y hornos que alcanzan temperaturas superiores a los 800 grados centígrados. Razones de sobra para denunciar que este proyecto pone en riesgo nuestro sustento y nuestras vidas, ya que el gas natural no huele por lo que nos daremos cuenta de cualquier fuga cuando haya provocado una explosión en nuestros pueblos.
Lo denunciamos nosotros, integrantes del Frente en Defensa de la Tierra General Domingo Arenas, que hemos visto cómo avanza vorazmente la autopista de paga “Tlaxcala-Puebla Vía Xoxtla” sobre nuestro territorio en Zacatelco. Una obra que –como lo hemos venido denunciando- fragmenta nuestras tierras de cultivo, obstaculizando los caminos para llegar a ellas y afectando canales de riego.
Además, se trata de una obra que el gobierno del Estado de Tlaxcala concesionó a la empresa española “Promotora y Operadora de Infraestructura” (PINFRA) para construir una carretera que no cuenta con autorización de Manifiesto de Impacto Ambiental en el trazo que atraviesa tierras de Zacatelco; por lo tanto, es una obra que no tiene concesión, ni permisos para el cambio de uso del suelo y para derribo de arbolado…
Y sin embargo, nuestra lucha ha sido criminalizada hasta habernos privado de la libertad con violencia, a siete de las campesinas y campesinos que decidimos defender nuestros derechos como pueblos agricultores que somos.
Lo decimos nosotras y nosotros, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua-Región Malinche, que hemos vivido por más de cinco años agresiones a nuestras propiedades por parte del gobierno de Puebla, así como de la empresa española Autovías Concesiones OHL, a la que el gobierno poblano en 2008 otorgó concesión para construir y operar la autopista de cuota “Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla”, siendo que no solo invade tierras poblanas sino también tlaxcaltecas; es decir, además de constituir un acto ilegal y arbitrario, invade la soberanía del estado de Tlaxcala, frente a lo cual el gobierno tlaxcalteca ha permanecido mudo.
A la concesión le siguió una Declaratoria de Utilidad Pública hecha por el gobierno de Puebla en 2010, relativa a la construcción de una autopista privada. Actos que se suman a la autorización del Manifiesto de Impacto Ambiental que otorgara la SEMARNAT, a pesar de que 40 de los 48 impactos resultaban negativos. Por su parte, la empresa Alter Consultores de México, contratada por OHL, ejercía cada vez mayor presión sobre campesinos y colonos para que vendieran sus tierras haciéndoles creer que el Decreto era de expropiación.
Son tantas las ilegalidades que persisten en relación a la obra, que el propio gobierno poblano emitió un decreto con el que revoca “por utilidad pública” la concesión otorgada a OHL, por haberse otorgado de manera irregular y sin realizarse licitación pública. A pesar de las ilegalidades, OHL ha ganado un amparo contra esta decisión… Nuestra posición sigue siendo la misma: Cancelación definitiva del proyecto carretero y NO a la Indemnización.
Lo denunciamos también habitantes de comunidades que por muchos años gozamos de las aguas limpias y llenas de vida que llevaba el Río Atoyac, hasta que se instalaron el Complejo Petroquímico PEMEX y las Corredores Industriales Quetzalcóatl, Huejotzingo e Ixtacuixtla; además de numerosas empresas, todas inmersas en nuestras comunidades y en nuestras tierras de cultivo.
La contaminación es devastadora y nuestra gente ha empezado a sufrir desde hace varios años enfermedades como anemia, púrpura trombocitopénica, leucemia, insuficiencia renal, leucopenia, malformaciones congénitas, entre otras; enfermedades que muchas veces están desencadenando inevitablemente en la muerte de nuestra gente.
Aun cuando hemos logrado que los gobiernos reconozcan la gravedad de la situación, no hacen nada por remediar los daños ni para evitar que el sufrimiento continúe. Al contrario, siguen promoviendo al territorio de Tlaxcala para la instalación de nuevas ciudades industriales, como es el caso de Sanctórum, a costa de la vida de nuestros pueblos.
Lo decimos y denunciamos integrantes del Movimiento Ciudadano Izucarense, que hemos sido testigos de los daños generados por la empresa Grupo Dragón Agricultura Nacional, procesadora de agroquímicos y fertilizantes ubicada en Izúcar de Matamoros, Puebla, en donde en 2010 explotaron 9 tambos de dimetoato y 8 de monocrotofos, ocasionando daños en la salud de los habitantes de la región y la muerte de animales; además de las afectaciones en la salud de ex trabajadores por una prolongada exposición a los tóxicos y de quienes viven a sus alrededores. Anteriormente, esta empresa se ubicaba en la ciudad de Córdoba, Veracruz, hasta que presentó una explosión dejando a su paso enfermedad y 20 personas muertas.
Desde que se instaló en Izúcar de Matamoros, la empresa operaba sin ningún permiso ni autorización hasta que ocurrió la explosión en 2010. Actualmente, funciona sin autorización para la elaboración de productos de alto concentrado. El riesgo de una nueva explosión es latente y sin embargo, las autoridades han ignorado los sucesos y la demanda ciudadana de clausura al Dragón.
También lo denunciamos nosotras, integrantes del Comité de Derechos Humanos Luis Munive y Escobar, de Atlihuetzian, pues aun cuando hemos advertido a la autoridad Municipal de Yahuquemecan, en Tlaxcala, la contaminación de las Cascadas de Atlihuetzia por descargas domiciliarias directas al Río y por una presencia significativa de agrotóxicos en el agua, la autoridad no ha considerado las denuncias ni ha tomado en cuenta las propuestas planteadas por la población organizada; tampoco han establecido medidas para revertir el uso de agrotóxicos promovidos por los propios gobiernos en su ámbito municipal, estatal y federal a través de distintos programas de gobierno.
Como colectivo de jóvenes de distintas regiones de Tlaxcala, hemos decidido alzar la voz para emprender la denuncia internacional sobre cómo la política económica neoliberal nos está impidiendo gozar de una vida, educación y trabajos dignos; y de disfrutar de las tierras, paisajes y ríos vivos, no como nos ha tocado conocerlos con tristeza y enojo.
Estamos heredando un mundo devastado en el que nuestros padres y abuelos están siendo despojados de sus tierras. Niñas, niños y jóvenes de nuestras comunidades están enfermando y muriendo a causa de la contaminación industrial. Los trabajos que ofrecen las industrias y empresas son penosos y desesperanzadores. Mientras que la educación y los medios masivos de comunicación están acomodados para servir a este sistema de muerte…
El desastre y la emergencia que estamos viviendo en nuestras comunidades son motivo suficiente para recurrir al Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, y presentar nuestra indignación demandando que también nuestra voz como jóvenes, sea escuchada.
Son estos testimonios, y otros más, los que se presentarán durante la Pre-audiencia en voz de afectadas y afectados, quienes se acompañarán de un Comité Pericial conformado por expertas y expertos en las realidades mostradas, personalidades reconocidas por su profundo compromiso con las causas sociales y por su labor ética en las trayectorias académica, periodística y de investigación que les revisten. El Comité Pericial lo conforman la Dra. Regina Montero Montoya, la Maestra Teresa Ullóa, la Dra. María Fernanda Campa, la Dra. Susana Rappo y el Dr. Ricardo Pérez Áviles.
La Pre-audiencia regional constituirá una tribuna popular para denunciar situaciones de devastación socio-ambiental y violaciones a derechos colectivos y como pueblos, por lo cual hacemos extensiva la invitación a quienes deseen compartir su testimonio o acompañar las sesiones de trabajo; y mucho les agradecemos que sus medios sean la vía para difundir esta iniciativa social.
Atentamente
Frente de Pueblos en Defensa del Agua y Tierra Región Malinche, Coordinadora por un Atoyac con Vida, Movimiento Ciudadano Izucárense, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, Frente de Lucha en Defensa de la Tierra “General Domingo Arenas”, Comité de Derechos Humanos “Luis Munive y Escobar” de Atlihuetzian, Jovenes en Defensa de la Vida, Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.