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El senador Ernesto Cordero Arroyo fue involucrado en una red de coyotes que solicitaron a alcaldes un moche a cambio de fondos federales.
Según la denuncia 34DVE/2013 ante la Fiscalía, ratificada el pasado 18 de junio, un grupo de gestores contactó a varios ediles a finales del 2011, y con la justificación de tener el aval y garantía de Cordero -como titular de Hacienda- , se ofrecía gestionar los recursos a cambio de pagar el 1.1 por ciento del valor total de cada proyecto.
La mayoría de los contratos se firmaron a principios del 2012 con los alcaldes de Durango, Poanas, Pueblo Nuevo, San Dimas y Vicente Guerrero, y se pactó que los recursos serían tomados del Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios (Fidem).
De acuerdo con una nota del periódico Reforma, en Durango la operación se realizó a través de la empresa Consorcio R&G S.A. de C.V., cuyo representante Bernardo Terrazas Salgado, conocido como "El Mayor", se identificó como amigo de Cordero.
Al menos siete constructores pagaron unos 20 millones de pesos a Consorcio R&G.
El constructor duranguense Julio César Rodríguez Martínez encaró el pasado lunes al senador panista Ernesto Cordero, a quien involucra en una red de coyotes que defraudó a siete empresarios del ramo en Durango.
Tras peregrinar más de año y medio ante distintas instancias para buscar recuperar los recursos que invirtió, Rodríguez abordó a Cordero en aquella entidad, en el informe del también senador panista José Rosas Aispuro.
En entrevista, relató la sorpresa e incluso molestia que causó al ex aspirante presidencial.
"Yo aquí veo a Cordero y le pregunto: '¿Conoces a esta persona?", narró el constructor sobre el encuentro en el que le mostró a Cordero una fotografía donde el senador aparece abrazando a Terrazas Salgado, conocido como "El Mayor".
"Le dije: 'Tú sabes que estás involucrado en un fraude millonario de unos constructores por tu nombre', y se me empieza a descomponer, y la verdad sí me pegó en el brazo, como que me quiso pegar.
"Y le dije: 'No, tranquilo, no pasa nada, y si tú crees que no tienes nada que ver con esto, esclarécelo, acércate a las autoridades y ayúdame desde el Senado para que esto se resuelva'. Y me dijo: 'No, yo no tengo nada que ver, no lo conozco'".
Rodríguez, administrador de Construcciones Nueva Vizcaya, S.A. de C.V., y otros seis constructores de Durango fueron contactados en 2011, cuando Cordero era Secretario de Hacienda.
"Le entramos y ya al último nos pidieron el 1.1 de las obras millonarias para hacer los proyectos y las factibilidades", explicó. "Fueron 20 millones de pesos lo que perdimos entre todos", mencionó según la nota del periódico Reforma.
El fraude se orquestó también en Veracruz, Puebla, Guerrero, Zacatecas y Estado de México, y en el caso de Durango se concretó a través de Rafael López Esquer y Rebeca Maritza Ascencio Rasgado, intermediarios entre Consorcio R&G y los ediles y constructores.
Sin embargo, fue Ascencio Rasgado quien el 24 de enero de este año presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Durango, a la que se integraría la ratificada por Rodríguez el pasado 18 de junio.
En la operación también participaron Enrique García, ex alcalde de Durango, y su hijo, así como los ex ediles de Poanas, Pueblo Nuevo, San Dimas y Vicente Guerrero, en su mayoría priistas, y Abraham Moreno, delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
“Los presidentes municipales nos dicen que tenemos que depositar a esta empresa", sostuvo Rodríguez.
Según documentos, los depósitos realizados a principios de 2012, diez días después de las firmas de los contratos con los municipios, fueron transferidos por López Esquer a otras cuentas.
Acusan a ex gobernador interino de Coahuila de lavado
El ex gobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres López, y el ex tesorero de esa entidad, Héctor Javier Villarreal, fueron acusados ayer ante una Corte Federal de Estados Unidos por delitos financieros.
Según otra nota del periódico Crónica, la Oficina del Procurador Federal para el Sureste de Texas señaló que ambos ex funcionarios son acusados de cuatro cargos, dos de los cuales: conspiración para lavar dinero y defraudar al banco JP Morgan Chase Bank, habrían sido cometidos en forma conjunta.
De acuerdo con la acusación, emitida la semana pasada pero dada a conocer este miércoles, ambos enfrentan también dos cargos por separado de fraude electrónico.
La acusación se emite como resultado de las demandas interpuestas por las autoridades federales estadunidenses en abril de 2012, en las que son señalados como responsables de lavado de dinero y fraude.
Torres López, de 59 años de edad, está acusado ante la Corte Federal en Corpus Christi, Texas, de conspirar para lavar dinero, fraude bancario, fraude postal y fraude electrónico.
Se desempeñó como gobernador interino de Coahuila entre enero y noviembre de 2011, para concluir el periodo que quedó vacante tras la solicitud de licencia al cargo del ex gobernador Humberto Moreira.
Antes se había desempeñado como secretario de Desarrollo Social de Coahuila y presidente municipal de Saltillo, en el mismo estado.
Héctor Javier Villarreal, tesorero de Coahuila entre 2008 y 2011, fue arrestado el año pasado en Texas, pero fue liberado antes de ser plenamente identificado. Villarreal está acusado de lavar dinero obtenido a través de préstamos fraudulentos.
El procurador federal para el suroeste de Texas, Kenneth Magidson, apuntó en un comunicado que Villarreal y Torres son sospechosos del lavado de más de dos millones de dólares cada uno, mediante cuentas bancarias en las Bermudas. El dinero habría sido obtenido a través de préstamos fraudulentos.
Las autoridades estadunidenses acusan a ambos ex funcionarios de abrir y utilizar cuentas bancarias en Texas para el envío de los fondos sustraídos a las Bermudas. Villarreal y López se encuentran en calidad de fugitivos