- Política
A fin de respetar el estado de derecho y de salvaguardar los derechos fundamentales de los tlaxcaltecas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) exhortó a los 60 nuevos presidentes municipales a que atiendan el marco legal en la designación de jueces municipales y en la integración de las corporaciones de seguridad pública.
El ombudsman local, Francisco Mixcoatl Antonio, hizo un llamado a las nuevas autoridades para que acaten el artículo 154 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en el nombramiento de sus jueces municipales.
Recordó que, de acuerdo al citado artículo, el juez municipal no debe haber sido objeto de recomendación alguna por parte de la CEDH, ni tampoco condenado por delito grave o estar inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión como servidor público.
Aunado a lo anterior, el artículo 154 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala establece que el juez municipal debe ser licenciado en derecho con título y cédula profesionales legalmente expedidos, con una antigüedad mínima de tres años; ser ciudadano mexicano, avecindado en el municipio de que se trate, cuando menos cinco años anteriores a su designación, y ser mayor de 25 años.
Respecto de las corporaciones municipales de seguridad pública, resaltó que su actuación se debe regir por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por las constituciones políticas del estado y la nación, y por los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
El presidente de la CEDH conminó a los nuevos presidentes municipales a aprovechar la experiencia y capacitación de los elementos policiacos que han desempeñado su labor eficientemente, en aras de consolidar la carrera policial y la profesionalización en las corporaciones municipales de seguridad pública.
En este sentido, Mixcoatl Antonio sostuvo que la capacitación recibida por los elementos de las policías municipales en materia de derechos humanos y de mando único policial representan un avance que no debería ser ignorado por las nuevas autoridades municipales, en virtud de que –recalcó- las corporaciones de seguridad pública son las instancias mayormente señaladas como vulneradoras de derechos humanos.