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Por segunda ocasión, trabajadores adheridos a los diferentes sindicatos comenzaron a promover cientos de amparos en contra de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, debido a una serie de inconsistencia en su articulado que contravienen su propio contenido, además de presuntamente haber violentado el principio de progresividad, certeza y seguridad jurídica.
Tan solo durante el primer día sumaron un total de 300 amparos que fueron admitidos a trámite por los juzgados federales en la materia, por lo que se espera que en el transcurso de estas semanas se sumen el resto para llegar a los aproximadamente dos mil 650 que se promovieron en los primeros meses de 2013.
Se trata de la polémica Ley de Pensiones Civiles, que ha sido aprobada en dos ocasiones, originalmente durante el 31 de diciembre de 2012 y que entró en vigor a partir del uno de enero de 2013, pero la cual fue objeto de una acción de inconstitucionalidad, mientras que la segunda ocasión fue el 24 de octubre, también de 2013.
Los nuevos amparos atacan básicamente los artículos 1, 3, 4, 17, 40, 41, 42 y el noveno transitorio, todos enfocados a que el nuevo ordenamiento reduce los derechos sociales de los trabajadores y atentan en contra del derecho de la progresividad, entre otras cosas.
En términos generales uno de los reclamos consiste en la contradicción del mismo ordenamiento en cuanto al tema de la jubilación, pues mientras en el artículo 40 establece que la jubilación no podrá ser mayor a 10 días de salario mínimo, en el 42 prevé que el retiro se hará con base al 100 por ciento del salario promedio que perciba el trabajador durante el último año de labor.
Otra inconsistencia es que mientras el artículo 41 establece una regla genérica para acceder a la jubilación hasta los 65 años de edad cumplidos y 30 de cotización, el noveno transitorio modifica esa previsión y disminuye el requisito de la edad, pues exige sin distinción de género 58 años a partir del 2024.
Los quejosos advirtieron que con estos errores, la nueva Ley de Pensiones Civiles aprobada el 24 de octubre de 2013 vulnera el contenido del artículo 1, párrafo tercero de la Carta Magna, donde se prevé que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En sus amparos, los burócratas apelaron que la autoridad salvaguarde los derechos humanos, abundando en el principio de progresividad, así como al principio general del derecho laboral "in dubio pro operario", el cual establece que debe estarse a lo más favorable para el trabajador.
Fue en los primeros días de junio de 2013 cuando el juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con sede en Cholula, Puebla, Leonel López Gianopoulos, resolvió de manera individual declarar parcialmente inconstitucional varios artículos y párrafos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, aprobada el 31 de diciembre de 2012, por considerar que son violatorios de los derechos de los trabajadores.
Por lo que amparó y protegió a los primeros nueve de más de dos mil 500 trabajadores en contra del Decreto 154 por el que se expidió la citada ley, hasta en tanto el Congreso del Estado realizaba la derogación de los artículos y hacía las reformas correspondientes.
Derivado de este resolutivo y ante el eventual fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la acción de inconstitucionalidad promovida por un grupo de 11 diputados opositores, el 24 de octubre de 2013 en medio de un impresionante operativo de seguridad montado desde tres días antes, 24 diputados del PRI, PRD, PAN, PT, PS, PV, Panal y MC, aprobaron una nueva legislación que es la que ahora se está atacando.
Y es que en el nuevo ordenamiento jurídico solo se modificaron los artículos que el juzgado federal había declarado como inconstitucionales, pero el resto del texto fue dejado íntegro a pesar de tratarse como una nueva Ley de Pensiones.
Durante la aprobación de la nueva Ley, el perredista Gelacio Montiel Fuentes, quien votó en contra de la iniciativa, advirtió que se requería de una 'cirugía mayor' a dicho ordenamiento, mientras que el legislador del PAC, Bernardino Palacios Montiel, lamentó que hayan violentado nuevamente el procedimiento legislativo para sacar 'la misma gata pero revolcada'.
El único diputado que aplaudió la aprobación fue el priísta Teodardo Muñoz Torres, quien dijo estar dispuesto a asumir los costos políticos y calificó como valientes a los diputados que la avalaron, bajo el argumento de que tuvieron la capacidad de anteponer su responsabilidad ciudadana a los intereses personales.