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El director de Jurídico del Congreso del Estado, Luis Manuel Muñoz Cuauhtle, confió en que la justicia federal habrá de avalar el contenido de la nueva Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Tlaxcala, pues aseveró que a pesar de los miles de amparos de trabajadores del Sindicato "7 de Mayo" y de la Sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Snte), la LX Legislatura cuidó su elaboración.
Reconoció que hasta el momento son 152 amparos colectivos promovidos, que agrupan a unos dos mil 800 burócratas y 793 por parte de docentes, todos encaminados a la presunta violación al principio de progresividad, certeza y seguridad jurídica en sus prestaciones laborales.
Aunque los amparos son en contra del contenido de los artículos 1, 3, 4, 17, 40, 41, 42 y el noveno transitorio, las supuestas inconsistencias tiene que ver con la contradicción en cuanto al tema de la jubilación, pues mientras el 40 establece que ésta no podrá ser mayor a 10 días de salario mínimo, en el 42 señala que el retiro se hará con base al ciento por ciento del salario promedio que perciba el trabajador durante el último año de labor.
Otro error advertido por los trabajadores es que mientras el artículo 41 establece una regla genérica para acceder a la jubilación hasta los 65 años de edad cumplidos y 30 de cotización, el noveno transitorio modifica esa previsión y disminuye el requisito de la edad, pues exige sin distinción de género 58 años a partir del 2024.
Pese a la inconformidad, el abogado del Poder Legislativo consideró que los reclamos están basados en un error de interpretación, pues aseguró que las presuntas inconsistencias detectadas por los quejosos tienen que ver con la interpretación que le dan al contenido de los diferentes artículos, "pero aquí no se trata de que cada quien lo vea como mejor le convenga, sino como es".
Muñoz Cuauhtle precisó que en una adecuada interpretación de la norma, lejos de perjudicar crea diferentes supuestos en los que un trabajador se puede basar para solicitar su pensión, pero cubriendo todos los requisitos respectivos.
"El Congreso local ya respondió a la justicia federal, en términos de que la Ley estuvo apegada a los principios constitucionales que rigen el proceso legislativo y hemos respondido en tiempo y forma para evitar quedar en estado de indefensión", refirió.
Informó que aunque las audiencias constitucionales habían sido programadas para los últimos días de enero y en el transcurso de febrero, los jueces federales han decidido prorrogarlas para tener tiempo de conocer las diferentes constancias, pero también para que los trabajadores sean notificados sobre los informes presentados por el Congreso.
Recordó que por el número de amparos promovidos, todos han sido destinados a jueces auxiliares del Primer Distrito con sede el Distrito Federal.