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Mientras el Gobierno cobra más impuestos, el uso que se le da a estos recursos destaca, pero por su ineficiencia.
Aunque este año los contribuyentes aportarán una recaudación adicional a uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), México arroja pobres resultados en salud, educación y seguridad pública.
Esto se debe, de acuerdo con especialistas, a que una gran parte se destina a mantener a la burocracia y a meros gastos operativos, según se informa a través de una nota de periódico Reforma.
En salud, por ejemplo, México gasta 14.5 por ciento de su presupuesto, por encima del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El país incluso supera a Suecia, que destina a este rubro 13.7 por ciento.
Sin embargo, la expectativa de vida de los mexicanos es de 74 años y, por cada mil habitantes, hay sólo dos médicos.
En contraste, en el país europeo esta expectativa es de 82 años y hay cuatro médicos por el mismo número de ciudadanos, de acuerdo con el documento "Costo-Efectividad del Sector Público", de la OCDE.
El Programa Fiscal de América Latina y el Caribe 2014, elaborado por la Cepal, advierte que, si los recursos que México destina a salud se gastaran de manera más eficiente, podría aumentarse la expectativa de vida hasta en cuatro años.
Y es que el año pasado 94.5 por ciento del presupuesto en salud se fue a gasto corriente, esto es, sueldos, gasto operativo y subsidios.
Ante la pobreza del sistema de salud, los mexicanos son, entre los países de la OCDE, quienes más destinan de su bolsillo a este rubro.
En educación, en tanto, México destina 17.5 por ciento de su gasto total, por arriba de todos los países de la organización.
Pero, de acuerdo con la prueba PISA, los estudiantes mexicanos alcanzan 425 puntos en habilidades de lectura y 419 en matemáticas.
En Corea del Sur -con 15.8 por ciento del PIB a educación-, las calificaciones llegan a 539 puntos en lectura y 546 en matemáticas.
En el país, 93.3 por ciento del presupuesto para educación va al sueldo de profesores y otra clase de personal, según el documento "Panorama de la Educación 2013".
Insiste IP en lograr cambios al paquete fiscal
El sector empresarial del país buscará utilizar el pacto fiscal como un espacio de diálogo y negociación política para corregir las disposiciones que inhiben la inversión y la generación de empleo.
Gerardo Gutiérrez Candiani y Juan Pablo Castañón, presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), respectivamente, adelantaron que demandarán la deducibilidad del ciento por ciento de las inversiones productivas y de las prestaciones sociales pagadas a los trabajadores.
Según otra nota del periódico Excélsior, también solicitarán la reducción progresiva de la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que grava el reparto de dividendos de las empresas a las personas físicas y el ingreso de éstas.
Más allá de estas aspiraciones de los empresarios, un grupo de analistas descartó que el gobierno pueda hacer algún cambio a lo ya aprobado por el Congreso.
Juan Pablo Castañón añadió al pliego petitorio la exigencia de que se reconsidere el incremento de la tasa del IVA de 11 a 16 por ciento en la zona fronteriza y el régimen fiscal impuesto a la industria maquiladora de exportación.
“Nosotros, desde el punto de vista de las empresas y de nuestras actividades económicas, vemos con preocupación algunas de estas medidas, entonces tenemos que acordar cuál es el verdadero escenario para poder tener fortaleza fiscal, pero al mismo tiempo promoción de las inversiones.
“Si logramos tener ese escenario con las fórmulas, encontraremos la estrategia jurídica más conveniente para realizar los cambios. Lo más importante es que lleguemos a tener una visión compartida completa de cuál es el modelo fiscal más conveniente para el contribuyente, para el sistema fiscal, para tener un Estado fuerte pero también una economía fortalecida”, manifestó el presidente de la Coparmex.
Comentó que por supuesto que les interesa el Pacto Fiscal, “pero procesando y platicando estos temas”.
Castañón, para quien el primer paso en este proceso debe ser un acuerdo que comprometa a las partes a impulsar medidas que promuevan la economía mexicana, externó que el pacto debe ser un instrumento que permita darle fortaleza fiscal al estado mexicano, por una parte y promover la inversión de las empresas, por la otra. “Si logramos tener ese escenario, encontraremos la fórmula jurídica más conveniente” para materializar los acuerdos.
A su vez, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani dijo que para construir un pacto tributario entre el gobierno y la iniciativa privada se deben considerar las variables macroeconómicas como los ingresos públicos, los gastos y el déficit para tener certidumbre de largo plazo.
El 27 de enero el secretario de Hacienda anunció que en febrero se firmaría un pacto fiscal con la iniciativa privada del país; pero que esto no significaba que se fueran a eliminar los impuestos aprobados en la reforma hacendaria.
Candiani comentó que los empresarios deberán revisar si el pacto a proponer “va en la dirección correcta”, para ello evaluarán si las propuestas –del pacto- impulsan la competitividad y la productividad que permitan generar mayores empleos y mejores salarios.
El representante del sector empresarial opinó que el pacto tributario es “un tema positivo por la certidumbre que da, pero hay que cuidar estas sensibilidades”.