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  • Jose Carlos Avendaño / La Jornada de Oriente
Dicen que los amparos colectivos promovidos incluyen a 2 mil 630 trabajadores del Sindicato 7 de Mayo.

La secretaria general del Sindicato 7 de Mayo, Guadalupe Rodríguez Guzmán informó que los juzgados de distrito han aceptado el 87 por ciento de los 279 amparos colectivos que presentaron trabajadores de este gremio en contra de la Ley de Pensiones Civiles aprobada en octubre de 2013 por el Congreso del estado.

En entrevista, dijo que “ya fue admitido el 87 por ciento de los amparos, nos faltan poquitos, ya nos señalaron la fecha para la audiencia constitucional, aunque por ahí se dijo (el director de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, Ernesto Ordóñez Carrera) que se habían desechado los amparos, pero no es cierto, los maestros de la sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación habían promovido la suspensión y se desechó este recurso, fue lo único, pero tanto los amparos de ellos como los de nosotros siguen firmes, lo único que desecharon fue la suspensión”.

Agregó que los 279 amparos colectivos promovidos incluyen a 2 mil 630 trabajadores de este sindicato, pues en unos se incluyó a los trabajadores con cinco años de servicio y en otro al bloque de 10 años y por cesantía.

Por otra parte, Guadalupe Rodríguez calificó como ilegal la orden de aprehensión que se giró en contra de tres de los integrantes del Sindicato 7 de Mayo por lanzar huevos a los diputados de la LX Legislatura local, previo a la aprobación de la nueva Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala (PCET).

Los trabajadores en contra de quienes se giró orden de aprehensión por este hecho son Julieta Berruecos Rodríguez, María Luis Nava Bautista y Pablo Flores Xochitemol, quienes enfrentan cargos por los delitos de sedición en agravio del Poder Legislativo y de la sociedad.

No obstante, dijo que estos tres agremiados “están amparados y vamos a defender ese asunto porque es algo ilegal, ese delito no procede por lo que nos dice el abogado… es algo injusto porque en primera no fue para que procedieran en contra de quienes no está comprobando que ellos cometieron ese delito, pero la última palabra la van a tener las autoridades federales para que sepamos si fue injusto o no fue injusto, yo lo veo como una acción con dolo en contra de mis compañeros y no es nada más en contra de mis compañeros, sino del Sindicato 7 de Mayo”.

Dijo que el gremio valora pagar la fianza que fijó el juzgado segundo de distrito, que fue el que otorgó el amparo a los trabajadores el pasado 5 de febrero.

Es de recordar que el pasado 22 de octubre agremiados del Sindicato 7 de Mayo se manifestaron en el Congreso local y arrojaron huevos a los diputados cuando daban lectura a la iniciativa de la Ley de Pensiones Civiles que sustituyó a la aprobada el 31 de diciembre de 2012 y que se preveía sería declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

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