- Nacional
Es verdaderamente preocupante este dictamen que estamos discutiendo el día de hoy porque pareciera que muchas de las modificaciones que se han llevado a cabo en los últimos tiempos encaminan a un Estado autoritario, a un Estado faccioso; encaminan a criminalizar la lucha social, a criminalizar los movimiento sociales.
Un Estado autoritario se caracteriza primeramente, porque el uso de la fuerza es la primera solución que el gobierno encuentra frente a los conflictos sociales; segundo, porque no existe un diálogo, las diferencias y necesidades de la población son ignoradas por el régimen autoritario, y la única opinión válida es aquella que aplaude las “virtudes” del régimen; además, dentro del autoritarismo no hay ley ni organismo que proteja los derechos de los ciudadanos, impera la ley del dictador.
Tristemente para México, a partir del 1º de diciembre del 2012, se entró nuevamente en una etapa encaminada al autoritarismo, y para muestra de ello, recordemos los conflictos desatados aquel día en la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, donde hubo una brutal represión a las manifestaciones de protesta en su contra; también recordemos el autoritarismo del Gobierno Federal frente al conflicto magisterial, la ausencia de diálogo y la imposición de la fuerza policíaca caracterizaron estas manifestaciones.
Tampoco podemos olvidar el autoritarismo al que fue sometido el Congreso de la Unión en la simulación de discusión de la Reforma Energética, donde este recinto estuvo amurallado por la policía federal, separando a los legisladores de la voz del pueblo.
Ahora, un nuevo ingrediente para la conformación del Estado mexicano autoritario es el tema de la tipificación del terrorismo que discutimos el día de hoy, no es un contenido cualquiera, debido a que el terrorismo es un tema que ha confrontado a naciones, y fracturado relaciones bilaterales.
El dictamen pretende ampliar el margen de las acciones terroristas en ámbitos incluso de la vida privada, al señalar que incluso cometerá este delito aquella persona que atente contra la integridad física o emocional de las personas, dejando a la interpretación de la autoridad si dichos actos van en contra de la seguridad nacional o con el fin de presionar a una autoridad.
En ese sentido una definición así de terrorismo vulnera la libertad de expresión y los derechos humanos de las personas que se manifiestan para ser escuchados por el Gobierno, y da un margen amplio de interpretación al Ministerio Público para buscar juzgar por este delito a todo aquel que se manifieste en las calles.
Resulta extraña la urgencia que se tiene por cambiar el tipo penal del terrorismo, sin abrir el debate a la opinión pública y escuchar la voz de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales para que emitan su opinión de expertos en la materia.
En cambio y bajo el engaño de buscar preservar la seguridad nacional, el presente dictamen en el fondo busca criminalizar la protesta, la inconformidad, el descontento social y a todo aquel que se oponga a la voluntad presidencial.
Y es que la iniciativa desde que salió de Los Pinos tuvo un mensaje claro: la represión por parte del Estado hacia la protesta social fundamentada bajo la figura del terrorismo, propiciando un clima de intimidación, miedo, persecución y represión; y con ello una paralización social.
¿Qué diferencia existirá entre la conducta terrorista, delincuencia organizada, crimen organizado, delitos del narcotráfico, lavado de dinero, portación de armas de fuego, lesiones o daños en propiedad ajena? Si el presente dictamen mezcla y confunde los términos, atribuyendo conductas típicas de un delito dentro de otro.
De aprobarse el dictamen en los términos que está siendo planteado, sería un grave retroceso para la democracia mexicana, lejos de avanzar en la protección de los derechos y respeto a las libertades, se busca retroceder restringiendo la libertad de expresión y buscando que haya pasividad social, a través del miedo y el uso de la fuerza pública.
En este sentido, de acuerdo a la reforma propuesta, cualquier manifestación pública que por algún motivo caiga en enfrentamientos, que en muchas ocasiones son provocados por los mismos cuerpos de seguridad pública será motivo suficiente para considerarlos actos de terrorismo, y quedará a la libre interpretación de un Ministerio Público esta decisión, criminalizando así, la protesta social.
Debemos legislar para que no se vulneren los derechos humanos y la libertad de expresión; la reforma en comento pretende crear un terrorismo de Estado, ahora el Congreso de la Unión es una fábrica de delitos y tipos penales a modo del presidente, que sólo frenará el activismo social.
Fuente: Dominio Ciudadano.