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En la fotografía la senadora Lorena Cuellar y el Senador Miguel Barbosa.

México D.F. a 12 de febrero de 2014.- Lorena Cuéllar, senadora por Tlaxcala fijó su postura respecto de la aprobación al dictamen de reformas a la ley general para prevenir sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para proteger y asistir a las víctimas de estos delitos.


Al hacer uso de la tribuna la senadora por Tlaxcala expuso algunos aspectos y preocupaciones en torno dicha ley: “se reconoce que la Ley, como todas, es perfectible, pero implica un importante avance en la lucha contra la Trata. Considero sobre todo el Protocolo de Palermo, un instrumento internacional que no es esencialmente de derechos humanos, por lo que aún falta el ejercicio de incorporar los derechos y obligaciones contenidos en los Tratados y Convenciones en materia de derechos humanos que han sido ratificados por México. “

Lorena Cuellar puntualizó que es necesario que el contenido de la ley brote de la protección y defensa de los derechos humanos de todas las personas víctimas de trata de personas de una manera integral, dijo.

Por otro lado explicó; “el hecho de que no se dé la suficiente importancia a la trata interna para diversos fines de explotación y esclavitud que es 100 veces mayor que la trata internacional, es un gran reto que nos queda aún en el combate de la trata de personas y la protección de las personas víctimas de la misma”

La legisladora tlaxcalteca recordó que hay diversos derechos de las víctimas que se reducen en cuanto a su obligatoriedad y se dejan al criterio de las autoridades; “…cosa que es preocupante, como el derecho a no tener que comparecer en la misma sala que el o los sujetos activos del delito, o el uso de medios electrónicos o la cámara de Hessel”.

Además puntualizó que en dicha ley, “se reitera que hay derechos que ya están previstos en otros ordenamientos, como la Ley General de Víctimas, la Ley de Protección a Víctimas y Testigos Intervinientes en el Proceso Penal, la Ley de Delincuencia Organizada que no tienen una sola disposición específica para las víctimas de los delitos en materia de trata de personas, por lo que las estamos colocando en estado de indefensión o incluso siendo regresivos en su defensa”: explicó en tribuna Cuéllar Cisneros.

La también presidenta de la comisión de desarrollo social manifestó su preocupación porque  que no se haya modificado la sanción a la demanda, ya que la condición de que el consumidor sepa o no, la condición de trata de la víctima, que a no ser que se trate de mujeres orientales que no hablen el español o de Europa del Este, será sumamente difícil, sino imposible de probar.

“Hubiera sido mucho mejor bajar la sanción, como en el caso del Modelo Nórdico a una sanción simbólica, pero que pudiera ser realmente efectiva, sin importar que el consumidor sepa o no de la condición de trata de la víctima”: LCC

Cuéllar Cisneros reiteró que el dictamen contiene avances, pero que hay que entender que el trabajo en favor de las víctimas de trata de personas no ha terminado aun.

“Queda en la práctica, el trabajo impostergable de lograr que la ley no sea letra muerta; de impedir que la impunidad dentro de nuestros sistemas de procuración y de administración de justicia, siga teniendo una presencia latente y evidente; las reformas que se realizan a las leyes deben ir acompañadas de la eficacia de su aplicación, porque de otra manera seguiremos en el atraso por alcanzar un estado de derecho cierto, auténtico, que tenga efectos benéficos en nuestra sociedad.               La constante negación por parte de las autoridades, de la real gravedad de la situación en México de la comisión de los delitos que contiene la ley que nos ocupa, no sólo no ayuda a combatir su erradicación sino que genera un gran daño en las situaciones diarias de vida de nuestra población, que ve el aumento de la inseguridad que padece y el crecimiento del crimen organizado”: LCC.

Sobre esa misma línea, la legisladora perredista insistió; “es muy importante que en estas reformas se impulsa la coordinación y concurrencia con las entidades federativas para el combata a la Trata, así como de manera intersecretarial. Sin embargo, harían falta aquí algunas precisiones como: El Artículo 99 del Dictamen señala a los integrantes de la Comisión Intersecretarial del Gobierno Federal e integra a 16 titulares de dependencias, establece que a las reuniones podrán asistir un suplente designado por el titular, quien en su caso deberá tener nivel inmediato inferior o equivalente.

Sería deseable que cuando menos el titular de la Secretaría de Gobernación, así como el Procurador de la República, NO puedan mandar a suplente a la Comisión, en tanto no se articule la aplicación de la Ley de manera institucional en todo el país. Hasta hubiese sido muy importante incluir un transitorio DÉCIMO CUARTO en ese sentido.

Y de la misma forma, para el caso de las entidades federativas cuyo problema de Trata de Personas sea conocido como grave de conformidad a la estadísticas y la determinación que la propia Comisión Intersecretarial realice, propongo que la propia Comisión instale un grupo especial de acompañamiento respetuoso en ámbito de la concurrencia y coordinación que señala la Ley, para que los poderes de los estados realicen las modificaciones que implica la presente Ley”: LCC.

 

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