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La autoridad hacendaria condicionó a los industriales a evitar la presentación de amparos por la reforma fiscal para acordar un Pacto de Estabilidad Fiscal donde no haya mayores impuestos, reveló Rodrigo Alpízar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
"No podemos aceptar que no promovamos amparos, sería renunciar a los derechos constitucionales. Pero sí es una línea que discutimos con la autoridad, pues es parte del documento original", sostuvo según una nota del periódico Crónica.
El líder industrial dijo que los sectores más afectados por la tasa del impuesto especial a productos y servicios (IEPS) son el dedicado a la producción de alimentos, específicamente el de botanas, así como de bebidas azucaradas, mientras que la homologación del IVA afecto a los empresarios de la franja fronteriza.
Por ello, se espera que empresas de estos sectores sean las que a más tardar el 15 de febrero presenten amparos, aunque hasta el momento no se tiene el cálculo de cuantos agremiados a Canacintra estarán recurriendo a esta vía legal.
Al cuestionar a Alpízar si habrá una "moneda de cambio" para aceptar el Pacto Fiscal, el dirigente empresarial negó que exista esta posibilidad. "No hay moneda de cambio; lo que pedimos es un mecanismo de diálogo en tres ejes fundamentales: no subir más los impuestos, combate a la informalidad y hacer uso del derecho de ampararnos", sostuvo.
Por ello, se pronunció porque el Pacto Fiscal sea firmado en el menor tiempo posible y que responda a la necesidad de encontrar una reconciliación social.
Señaló que urge dar esta señal de certeza tributaria para no detener las inversiones, pero donde la autoridad ayude en ampliar la base de contribuyentes, mientras que por el lado de los industriales existe el compromiso de seguir cumpliendo con sus responsabilidades fiscales.
Al respecto, Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del SAT, aseguró que no hay ninguna condición para firmar el Pacto, pues respetarán que cada quien ejerza sus garantías individuales, "las instancias judiciales son las que resuelven cualquier diferencia de la constitucionalidad de los preceptos de la ley o la propia ley".
Recordó que se promueve desde el gobierno federal un acuerdo de certidumbre fiscal, para que en los tres años siguientes el Ejecutivo ya no envíe reformas que afecten la base fiscal. Pero eso no significa que se vayan a modificar las actuales legislaciones en la materia.
"Los empresarios precisamente esperan las estabilidad fiscal con el ánimo de tener certidumbre en las inversiones y eso es lo que ofrecemos", mencionó el funcionario.
Pepenadores deberán pagar impuestos: SAT
El Servicio de Administración Tributaria anunció la incorporación al régimen de contribuyentes de unos 400 mil pepenadores y recolectores de la industria del reciclaje identificados en el país, en un esquema fiscal que, de dar resultados, generaría al fisco ingresos por alrededor de 21 mil millones de pesos anuales.
“Son miles de millones de toneladas de materiales de desecho” que se reciclan anualmente en el país, con un valor por alrededor de 100 mil millones y que generarán ingresos de 5 por ciento por concepto del impuesto sobre la renta (ISR) y del impuesto al valor agregado (IVA), dijo el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, según otra nota del periódico La Jornada.
Sostuvo que la de los desechos sólidos es una industria próspera en el país, donde quienes la generan, es decir los recolectores, son los últimos de la cadena de distribución de beneficios.
Los ingresos que se calculan de ese segmento de la población representan, por ejemplo, más del doble de lo que obtuvo el gobierno federal en 2013 por el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) pagados por actividades de juegos y sorteos, telecomunicaciones y bebidas energizantes juntos.
Precisó que el nuevo esquema fiscal para el sector de reciclaje se contempló en los cambios fiscales recientes y que forman parte de las reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) aprobadas por el Congreso. Pero sobre todo puntualizó que la carga fiscal recaerá en los adquirentes de material destinado al reciclaje y no en los recolectores o quienes realizan el acopio.
Afirmó que los propios pepenadores y los centros de acopio donde venden la mercancía recolectada manifestaron su interés por formalizarse fiscalmente.
Añadió: “Con ellos el Estado mexicano tiene una deuda social; representan un sector sin una cultura fiscal, sin capacidad para emitir una factura electrónica o presentar una declaración; desempeñan una actividad riesgosa por la insalubridad y no tienen acceso, en la mayoría de los casos, siquiera a los servicios de salud”, reconoció Núñez Sánchez.
Explicó que con el esquema fiscal el adquirente de la mercancía de desecho retendrá 5 por ciento del valor por concepto de ISR, así como 16 por ciento de IVA, pero este último gravamen será trasladado hasta el consumidor final, quien será quien termine pagándolo.
“Para las necesidades identificadas en el sector (del reciclaje), el SAT ofrece facilidades como inscripción al CURP (cédula del registro único de población), autofactura para la venta de insumos para el reciclaje y pago definitivo de impuestos, es decir, con la retención que hace el adquiriente de 5 por ciento del impuesto sobre la renta y de 16 por ciento del impuesto al valor agregado, el recolector no necesita hacer declaración por sus ingresos”, explicó el jefe del organismo recaudador.
Mientras tanto el presidente del Instituto Nacional del Reciclaje (Inare), Armando Hernández Macías, ratificó el interés de ese sector por formalizarse, luego de que durante más de cinco años habían quedado en la indefinición y resentían severos problemas para presentar sus declaraciones fiscales.