- Seguridad
Derivado de la coordinación y comunicación que existe entre las diferentes corporaciones de seguridad, la madrugada del 8 de marzo, las autoridades encabezadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (Pgje), implementaron un operativo de inspección y vigilancia en los municipios de San Juan Huactzinco, Zacualpan, Zacatelco, Tenancingo, Tepeyanco, Papalotla y Tlaxcala.
Esta acción coordinada tiene como finalidad inhibir diferentes delitos, a fin de garantizar la seguridad y protección de las personas. Por ello, la Procuradora de Tlaxcala, Alicia Fragoso Sánchez, y el Secretario de Seguridad Pública, Orlando May Zaragoza Ayala, desplegaron y encabezaron dos células de inspección que simultáneamente recorrieron siete municipios de la entidad.
Además, los contingentes conformados por elementos de la Policía Ministerial, Agentes del Ministerio Público, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (Sspe) y del Ejercito Mexicano, se establecieron en diversos puntos estratégicos de las siete demarcaciones, a fin de realizar inspecciones aleatorias a diferentes vehículos.
De esta forma, al circular sobre el municipio de Zacualpan, los detectives pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público a Gerardo Ralph Olarte Atemiz y Gabino Pérez Temazatzi, Primer Regidor y Secretario respectivamente del municipio en mención, lo anterior, en virtud de que fueron sorprendidos en flagrancia cuando conducían un vehículo particular en estado de ebriedad y posteriormente opusieron resistencia para ser detenidos.
En este operativo, que comenzó a las 23:00 horas del 7 de marzo y concluyó a las 04:00 horas del día siguiente, participaron la Procuraduría General de Justicia del Estado (Pgje), la Secretaría de Seguridad Pública (Sspe), la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), la Coordinación Estatal de Protección Civil, el Ejercito Mexicano y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedh).
Estos resultados se sustentan en las líneas de acción previstas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, que establece que para sustentar el desarrollo del Estado, es preciso dar prioridad a la vigencia plena del Estado de Derecho, como condición necesaria para garantizar la seguridad de las personas y alcanzar una convivencia pacífica y estable de la sociedad.