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  • Guadalupe de la Luz Degante / La Jornada de Oriente
Ernesto Ordoñez busca realizar cambios en el actuar de la policía para controlar manifestaciones.

El titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Ernesto Ordóñez Carrera sostuvo que revisará el caso del enfrentamiento entre policías y transportistas del pasado 25 de febrero frente a la sede del Poder Legislativo local, pero desde el punto de vista legal; asimismo, abrió la posibilidad de presentar una propuesta para realizar cambios en la forma de actuar de la fuerza pública ante una manifestación.

Subrayó que se va a examinar que no haya existido ilegalidad, pues anotó: “Cómo es que vinieron a dar los choferes y tenemos que revisar por qué la empresa (Urbanos y Suburbanos)  los obligó, les quitó sus tarjetas. Muchos de ellos vinieron sin querer y luego la empresa los dejó solos”.

Al preguntarle sobre la forma en que intervinieron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) para disolver la protesta con el uso de balas de goma, el funcionario respondió que  “ni siquiera entraron al recinto (Congreso local, a donde los manifestantes acudieron para solicitar la injerencia de diputados en el problema de invasión de rutas)”.

Ernesto Ordóñez pidió tiempo para abundar sobre este asunto, ya que mencionó que hará “una propuesta de cambio donde tengamos que cambiar (sic)”. Ofreció convocar a una rueda de prensa para abordar este punto.

También el secretario respondió que en el caso de la comparecencia del titular de la SSPE,  Orlando May Zaragoza Ayala, solicitada por diputados de oposición al partido en el gobierno, ya hubo pronunciamientos al respecto y ya no es tema en el Poder Legislativo.

Pero en torno a la petición de algunos legisladores para que se aplique una amonestación pública al secretario de Seguridad, Ordóñez Carrera prefirió esperar a que el Congreso someta a votación este planteamiento y lo comunique al Ejecutivo.

“Hay que esperar el resultado y el sentido de la votación”, indicó el responsable de la política interna en el estado, de ahí que no definió si existen o no motivos suficientes para proceder contra Zaragoza Ayala.

Luego, abundó que los diputados “pueden y tienen derecho de emitir opiniones sobre su (reciente) nombramiento en el cargo (de secretario de Gobierno), pero es una facultad que le compete sólo al gobernador con base en la Constitución”.

Respecto del conflicto de Acuamanala, municipio que en febrero celebró elecciones extraordinarias para renovar al ayuntamiento, dijo que como “en todo Tlaxcala hay chantaje político y postelectoral”, pero aquí “el que ganó, ganó; se tiene que entender, así sea con un voto”.

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