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En 2012, año electoral, los estados rompieron récord en el desvío de recursos federales destinados a programas sociales.
De acuerdo con una nota del periódico Reforma, en ese año las irregularidades financieras alcanzaron los 40 mil 852 millones que los estados deben reintegrar a la Tesorería federal, 4 mil millones más que en 2011, de acuerdo con los informes de revisión que elaboró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a todas las entidades federativas.
Además faltó que los estados comprobaran otros 23 mil 524 millones de pesos que corresponden principalmente a recursos transferidos a fondos o programas, que a la fecha de la revisión permanecían en las cuentas bancarias correspondientes sin haber sido erogados.
En total, los recursos con algún tipo de observación por las irregularidades en su manejo alcanzaron los 64 mil 333.5 millones de pesos.
Los fondos federales para educación (FAEB) y salud (FASSA), incluyendo las transferencias para el Seguro Popular, fueron los principales fondos afectados.
Las irregularidades se detectaron en las transferencias a otras cuentas bancarias; la aplicación de recursos en fines diferentes a los de los fondos y programas; en el inadecuado control e insuficiente transparencia en el manejo de los recursos; el retraso en el ejercicio que deriva en elevados importes no aplicados; la falta de documentación comprobatoria, y el pago de conceptos o rubros no autorizados.
A la entidad gobernada por el veracruzano Javier Duarte se le detectaron irregularidades y desviaciones de recursos por 7 mil 740 millones, la quinta parte del monto total.
De ese monto y por la intervención de la ASF ya se habían devuelto 5 mil 23 millones durante las auditorías, pero faltaban de reintegrarse otros 2 mil 719 millones.
Aunado a ello, en las cuentas bancarias del estado, y sin ejercer, había una bolsa de 5 mil 445 millones. En total la entidad tuvo un manejo irregular de 13 mil 187 millones.
Le siguen en el monto de anomalías Chiapas con 4 mil 846 millones totales, entre montos por aclarar y recuperaciones probables por desvíos; Jalisco, con 4 mil 829 millones; Tabasco, con 3 mil 804; Guerrero, con 3 mil 578, y el Estado de México, con 3 mil 437.
Las cifras de los recursos federales que fueron manejados con irregularidades en los estados son resultado de las 680 revisiones realizadas por la Auditoría Superior al gasto federalizados realizado en 2012.
"La debilidad de las finanzas estatales y municipales se traduce en un contexto de riesgo para el uso de recursos de los fondos y programas en fines diferentes a los establecidos", destacó en sus conclusiones el ente fiscalizador.
Entre los factores que hacen recurrente esta práctica señala la falta de una efectiva rendición de cuentas; debilidades en las capacidades institucionales de las entidades federativas y municipios, principalmente en estos últimos; ambigüedades e insuficiencias en la normativa de los fondos y programas; la rotación del personal en los cambios de administración, así como el reintegro de los recursos a las cuentas de los fondos y programas, y no a la Tesorería Federal.
En el IFE también hubo excesos
Para la comunicación de sus empleados, el Instituto Federal Electoral (IFE) no escatima recursos: 74 funcionarios de alto nivel, incluidos los cuatro consejeros, y los vocales ejecutivos en las 32 entidades del país tienen un iPhone con cargo al erario.
En 2013, bajo el contrato IFE/014/2013 adjudicado a Telcel -marca perteneciente a la Empresa Radiomóvil DIPSA, propiedad de Carlos Slim- el instituto pagó cinco millones 585 mil pesos por el servicio de telefonía celular y datos de los iPhones de 106 funcionarios.
Según otra nota del diario 24 Horas, las 12 facturas pagadas durante el año pasado, cuyas copias posee ese diario, van desde los 800 mil hasta los 160 mil pesos. En promedio, cada uno de los servidores públicos que tienen asignado un celular, gastó 52 mil 689 pesos en 2013 por el servicio.
De acuerdo con los gastos reportados en el ejercicio fiscal 2013, la facturación más alta ocurrió del cuatro de enero al tres de febrero, en la cual se pagaron 805 mil 370.48 pesos. Y la de menor costo fue erogada en el mes de abril con un valor de 166 mil 717 pesos.
Tan sólo en el primero mes de 2014, el IFE erogó 331 mil 549 pesos en el pago de la factura IC-00187110 para costear el pago de servicio celular de los 106 altos funcionarios del IFE. Este diario logró obtener, vía transparencia, los números asignados a los consejeros del IFE, directores de área, coordinadores y secretarios particulares.
Entre los funcionarios que tienen asignado un iPhone pagado por el erario están los cuatro consejeros: Lorenzo Córdova, María Marván, Marco Antonio Baños y Benito Nacif, así como el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, y el contralor, Gregorio Guerrero Pozas.
Otros de los servidores de menor rango que tienen acceso a un celular son Carlos Mauricio Montes Silva, secretario particular de la presidencia; Patricia González, coordinadora de asesores de Presidencia; Ernesto Azuela, coordinador de asesores del secretario ejecutivo, así como todos los directos y coordinadores de área, además de los 32 vocales ejecutivos en las entidades.
El acuerdo CG397/2013 detalla la justificación para el pago de telefonía celular: “la asignación del pago de telefonía móvil, de comunicación móvil de datos y de radiocomunicación será conforme a lo establecido en el Manual de Percepciones”.
Según el manual, los consejeros y el secretario ejecutivo tienen autorizado un consumo de hasta cuatro mil pesos mensuales en telefonía celular. El controlar general y los directores pueden gastar hasta tres mil 200 pesos en celular.
El instituto aclara que “quedarán a cargo de los servidores públicos, los gastos excedentes al límite establecido por el instituto. De manera excepcional, y cuando estén plenamente justificados, los gastos excedentes podrán ser autorizados por el director ejecutivo de administración”.