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Estas acciones forman parte de la supervisión permanente que impulsa el Gobierno del Estado para salvaguardar los derechos de los usuarios

Como parte de la supervisión permanente que de manera interinstitucional realiza el Gobierno del Estado para salvaguardar los derechos de los ciudadanos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la entidad (Secte) inmovilizó nueve unidades del servicio público de pasajeros por no respetar la tarifa autorizada por la dependencia.

Con la participación de personal de Secte y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (Sspe), se remitieron al corralón unidades de las rutas Santa Cruz Aquiáhuac-Tlaxcala y San Miguel del Milagro-Tlaxcala, pertenecientes a la organización de colectivos sindicato “Emilio Sánchez Piedras”.

Durante el operativo de vigilancia estas unidades fueron sorprendidas por personal de Secte al momento de realizar cobros irregulares a los usuarios, que se trasladaban a la explanada del mercado “Emilio Sánchez Piedras”, por lo que se levantó la infracción correspondiente que, con base al Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, consiste en una sanción económica de 30 días de salario mínimo y la remisión de la unidad al corralón.

Las unidades sancionadas prestan el servicio público de pasajeros en las rutas Santa Cruz Aquiáhuac-Tlaxcala con puntos intermedios en San Andrés Cuamilpa, San Diego Metepec, así como en San Miguel del Milagro-Tlaxcala con puntos intermedios en Nativitas, Santa Apolonia Teacalco, Santa Isabel Tetlatlahuca, Santa Cruz Aquiáhuac, Zacualpan, Huactzinco, Tepeyanco y Acuitlapilco.

La tarifa autorizada por Secte para la ruta Santa Cruz Aquiáhuac-Tlaxcala es de 7.50 pesos, mientras que en la ruta San Miguel del Milagro-Tlaxcala el costo del recorrido es de 8.50 pesos, por lo que en caso de detectar alguna irregularidad en los cobros, los ciudadanos pueden reportarla al teléfono 46 5 29 60, extensiones 3326 y 3332.

La Secte reitera que se mantendrá vigilante del servicio que se presta en las diferentes rutas del Estado, a fin de que concesionarios y operadores respeten la normatividad en la materia.

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