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Un grupo de al menos cien organizaciones civiles exigió que sea utilizado el censo que el INEGI entregó a la SEP para eliminar las irregularidades que se detectaron, como el hallazgo de 39 mil profesores y trabajadores administrativos afiliados al sindicato que cobran en un plantel donde nadie los conoce y nunca se han aparecido.
Las asociaciones que integran el Ojo Ciudadano, como Mexicanos Primero, Alianza Cívica y la Asociación a Favor de lo Mejor, solicitaron a las autoridades educativas que la información sirva para aplicar sanciones contra quienes han permitido actos ilegales.
En una revisión que las ONG hicieron sobre el censo se da cuenta de que 138 mil 485 personas tienen tres o más plazas y que 23 mil 540 laboran en tres o más centros de trabajo. “(El censo) puede ser inútil si sus resultados no se traducen en mejores políticas públicas”, expresaron las asociaciones en un documento firmado.
“Los resultados son un paso muy importante hacia la transparencia y la rendición de cuentas en la educación en México. No obstante, es un esfuerzo que puede ser inútil si sus resultados no se traducen en mejores políticas públicas, si no se corrige el modo en que se gasta y si no se refleja en un mejor aprendizaje de los niños”, puntualizó el documento firmado por las asociaciones, entre las que se encuentra Alto al Secuestro y el Consejo Ciudadano Autónomo por la Educación.
Según una nota del periódico Excélsior, David Calderón, director general de Mexicanos Primero, aplaudió que por primera vez en México haya un Atlas Educativo que está dando cuenta de las denuncias que hace muchos años han hecho las organizaciones civiles, pese a los oídos sordos de las autoridades; sin embargo, hizo “un llamado enérgico a la SEP” para que busque consecuencias sobre quiénes cometieron esos actos ilícitos, porque la gente que pagó a esos trabajadores fantasma, comisionados o fallecidos son servidores públicos que deben ser sancionados.
“Los datos del censo son una gran vergüenza nacional, porque habla de un sistema sumamente corrupto, de un desorden y de un acaparamiento de plazas injusto, porque hay maestros que sí dan clases y no cuentan con plaza”, lamentó.
Lo mismo señala el documento emitido por las asociaciones como México Unido contra la Delincuencia y el Instituto de Fomento Educativo e Investigación Educativa, quienes coincidieron en que el censo muestra que hay “un desorden generalizado”, pues esos 23 mil 540 personas que laboran en tres o más centros de trabajo también podrían ser fantasmas, ya que cobran sin acudir a las escuelas a las que supuestamente pertenecen.
“El censo nos enseña que por cada dos plazas docentes frente a grupo hay una plaza administrativa o de quién, recibiendo sueldo del presupuesto educativo, no está frente a grupo. Ello da cuenta de una atroz ineficiencia en el manejo de los recursos, lo que mina significativamente la calidad de la atención en las escuelas y representa una sobrecarga injustificada de trabajo para los maestros que sí están frente a grupo”, reclamaron las agrupaciones que integran el Ojo Ciudadano.
Indicaron también que el censo evidencia que año con año se han desviado cantidades “multimillonarias” de dinero para sostener aparatos que beneficiaron al régimen, “a cúpulas sindicales y a la clase política en turno, por encima del derecho de los niños”.
Los resultados, señalaron, son alarmantes, pero es un punto de partida hacia la transparencia, siempre y cuando la información recabada escuela por escuela esté al alcance de todos los mexicanos, además de que la SEP tendrá que corregir todas las irregularidades que generan un costo millonario a la Federación y que por lo mismo deben ser sancionadas.
Calderón reconoció el trabajo que hizo el INEGI, porque el censo “muestra una gran injusticia, que no sólo afecta a los niños, sino a los maestros, desde que hay unos trabajando en condiciones precarias sin plaza hasta como la grandísima simulación de estarle pagando a montones de personas de forma irregular”.
Ejemplo de esas ilegalidades es el pago a personas muertas, jubiladas o retiradas, porque al pagarles habla de que estaban activos y “no se trata de un descuido”, sino de una gran ilegalidad.
Al respecto, el académico de la UAM Carlos Ornelas afirmó que el censo es muy valioso, pero sus datos se deben usar para tomar acciones concretas y “no hay que quitar el dedo del renglón, porque la información no basta. La SEP tiene que actuar, porque si lo hace habrá un ahorro de recursos y hay que estar presionando y vigilando para que esos recursos no se desvíen”.
Las organizaciones lamentaron que las condiciones en las escuelas sigan siendo deplorables, pese a las “masivas transferencias de dinero” a los estados, lo cual revela que “ese dinero no está llegando a las escuelas.
El SNTE no defenderá a los maestros aviadores
Al revelarse que en el país hay más de 39 mil empleados fantasma en la educación, el presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, aseguró que desconocían que existían ese tipo de irregularidades, ya que jamás ha sabido de los famosos aviadores y por lo tanto no los defenderán, porque el gremio no protege a trabajadores que cobran sin laborar.
“No conozco a ningún aviador, ni reconozco a ninguno, ni el sindicato tiene a alguien protegiéndolo como aviador, cobrando sin trabajar”, afirmó.
Entrevistado al término de presentar la plataforma en internet que usarán para la formación profesional de los maestros y que servirá para prepararlos en las evaluaciones para su ingreso, permanencia y promoción, Díaz de la Torre subrayó que más allá de la condición en la que estén los trabajadores fantasma, el SNTE va a actuar conforme a lo que mandata la ley, tanto “para un servidor y cualquier otro”, de modo que no defenderán a quien esté al margen de la legalidad.
De los 39 mil 222 trabajadores afiliados al SNTE que nadie conoce en el centro de trabajo donde se supone que laboran, porque nunca han puesto un pie, y que por tanto son fantasma, el líder del gremio magisterial puntualizó que no los van a defender, porque “si alguien cobra por trabajar y no se sabe dónde está, de ninguna manera se les va a defender”.
Respecto de los profesores comisionados, y pese a ser el líder nacional del SNTE, dijo que desconoce cuántos maestros desempeñan una función sindical y si éstos siguen cobrando su sueldo de docente, ya que no deberían recibirlo si tiene un cargo para el gremio, porque son licencias que deben otorgarse sin goce de sueldo.
En el censo, el INEGI aclaró que 30 mil 695 profesores no están en la escuela es porque cumplen funciones que les encomendó el SNTE o tienen alguna licencia.
Al preguntarle a Díaz si él sigue recibiendo el salario de sus dos plazas que tiene como maestro y además cobra por su representación en el sindicato, respondió: “Estoy jubilado en una de mis plazas, yo no tengo personalmente, como muchos de nosotros, ningún problema de orden legal para poder estar representando a los trabajadores de tiempo completo”, enfatizó.
Sin embargo, rechazó precisar cuántos maestros comisionados cumplen una función en el SNTE y si éstos siguen cobrando el sueldo por su plaza de maestro o si la comisión es sin goce de sueldo porque el gremio es quien debe pagar su trabajo sindical.
Díaz de la Torre aseguró que aquellos maestros que tengan elementos para defender sus derechos laborales contarán con el respaldo del sindicato, porque “la defensa que haremos de cada compañero es cuando le asista la razón y cuando en términos de ley los soliciten nuestra intervención”, pero “el SNTE se deslinda de cualquier trabajador que no esté cumpliendo su responsabilidad en términos de ley”, atajó.
Ante los diferentes Cuestionamientos que hicieron los medios de comunicación en la breve entrevista que concedió luego de presentar el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional para los maestros, insistió en que los comisionados sindicales “no estamos fuera de la ley en ningún sentido” y si de ese censo algunos profesores consideran que les están afectando sus derechos laborales, la organización gremial saldrá en su defensa, pero “los trabajadores que no haya sido detectados, lo que puedo decir es que seguramente lo que la autoridad hará es localizarlos y eventualmente proceder conforme a derecho”.
Manifestó que el SNTE “no volverá a hacer nada que vaya más allá de nuestra facultades de representación de los trabajadores; la responsabilidad de la administración es del gobierno”.
Las zonas controladas por la CNTE las peor evaluadas
En Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán, estados dominados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se encuentran las escuelas en condiciones más precarias, sin construcción completa de sus inmuebles y hechas de materiales ligeros, arrojó el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial.
Según otra nota del periódico Milenio, dichas entidades son también las de mayor negativa a responder el censo educativo, en Chiapas 41 por ciento de los centros escolares no participó en el conteo, mientras que en Oaxaca no contestó 27.4 por ciento y en Michoacán 27.3 por ciento.
De las 207 mil 685 escuelas registradas en el censo educativo, 2 mil 241 planteles públicos están hechos de materiales ligeros y precarios, mientras que 14 mil 444 no tienen pizarrón en todas sus aulas.
De acuerdo con el censo, en Chiapas se encuentra el mayor número de escuelas que aún tiene piso de tierra: 14 por ciento; seguido de Guerrero, 7.2%; Nayarit, 5.7%; Oaxaca, 5.5%, Durango, 4.8%, y Michoacán, 4.3 por ciento.
En cuanto a servicios básicos, 36 mil 264 escuelas no tienen agua de la red pública o de un pozo, por lo que deben acarrearla, llevarla en pipas o abastecerse a través de otros esquemas.
El mayor número de escuelas sin agua se ubica en Guerrero, donde 41.7% de los inmuebles no dispone del líquido. Le sigue Chiapas con 41.6%, San Luis Potosí con 30.5%. En Oaxaca, 28.2 por ciento no tienen agua y en Michoacán 24.7 por ciento.
En el Distrito Federal, solo 3.5 por ciento de las escuelas no tienen agua de la red pública. En cuanto a la disponibilidad de baños, 20 mil 152 planteles no cuentan con ellos.
La cifra de planteles sin drenaje es mucho mayor, y 81 mil 718 escuelas no tienen servicio de alcantarillado, por lo que el titular de la SEP calificó la situación de “un problema verdaderamente grave en las escuelas del país y tendremos que atender a partir de programas aprobados”.
Un total de 18 mil 564 escuelas funcionan sin energía eléctrica; 45 mil 837 no tienen áreas deportivas o recreativas, además, existen 125 mil 552 planteles sin teléfono, es decir, 73.5 por ciento; mientras que una cifra similar no tiene conexión a internet: 123 mil 511 escuelas.
Chiapas y Oaxaca son las entidades con el menor acceso a la web, apenas 6 y 6.7 por ciento de sus escuelas respectivamente tienen esta herramienta, seguidos por Michoacán, donde solo 12 por ciento de los planteles está conectado a la red. En contraste, en el Distrito Federal, 94.8 por ciento de los centros escolares tienen acceso a internet.
En cuanto a rampas para personas con discapacidad, 96 mil 310 escuelas, no cuentan con ellas, es decir, 46.3 por ciento; 100 mil 7 no disponen de señales de protección civil, 48.1 por ciento, y 83 mil 566 no cuentan con salidas de emergencia, 40.2 por ciento.
El secretario de Educación, Emilio Chuayffet, señaló que se invertirán 10 mil 500 millones de pesos para dignificar las escuelas, principalmente en las regiones más pobres del país. Tres mil millones de pesos corresponden al Programa Escuela Digna y 7 mil 500 millones de pesos son parte del Programa Escuelas de Excelencia.
“Para que cuenten con materiales, desde el necesario para construir la pared y material didáctico que requiere el profesor para impartir su clase y, de esta suerte, dar satisfacción a muchos de los planteles que nos lo demanden”, indicó Chuayffet.