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El diputado local y vocero de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local, Florentino Domínguez Ordóñez, presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual solicitó a las autoridades educativas federal y estatal, informar a esa Soberanía si la Universidad Popular Autónoma del Estado de Tlaxcala cuenta con los permisos y reconocimientos oficiales para ofertar estudios del nivel superior, como el denominado Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE).
Asimismo, para que el Poder Legislativo exhorte a las mismas autoridades educativas, a que en caso de que la referida institución educativa no cumpla con la normatividad aplicable en la materia, se tomen las medidas de carácter legal a que haya lugar.
Y es que en diferentes medios de comunicación locales desde el 2010 se han documentado las anomalías en que opera esa universidad, lo que representa un riesgo para la población estudiantil por el riesgo de no poder obtener su certificado o título con validez.
“Por eso, desde esta tribuna solicitamos atentamente a las autoridades educativas de los ámbitos local y federal a que informen a esta Soberanía acerca de los registros y permisos con que cuenta esta ‘universidad’, así como sobre la acreditación de sus planes y programas de estudio. Es urgente, porque se trata de conocimientos muy delicados para la salud humana: precisamente de la carrera de medicina”, expuso en tribuna este martes.
Advirtió que un joven que salga de una esa institución sin reconocimiento oficial de sus estudios y sin cédula profesional, ingresará al mercado laboral en franca desventaja frente a los que sí los tienen, exponiéndose al desempleo y al fracaso profesional.
“Sobre la impartición de estudios sin reconocimiento de validez oficial, el artículo 59 de la Ley General de Educación establece que los particulares deberán hacer del conocimiento de los alumnos tal situación en su correspondiente documentación y publicidad; el no hacerlo constituye una infracción al artículo 77 de la misma Ley”, enfatizó.
Domínguez Ordóñez también señaló que es necesario dejar de engañar a los jóvenes.
Recordó que en base a notas periodísticas, en 2011 el ayuntamiento de Apetatitlán – donde está ubicada – y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), suspendieron trabajos de remodelación de la Universidad Popular por violaciones a diversas leyes y reglamentos de carácter local y federal.
Según informaciones plasmadas en diferentes medios de comunicación, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Tlaxcala es propiedad de la familia del exgobernador Héctor Ortiz Ortiz, lo cual representa un negocio más de ellos y sus más allegados.