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Con la finalidad de regular la participación activa de la víctima en la etapa de investigación y que se constituya como sujeto procesal real dentro de la etapa del juicio, además de garantizar a la víctima el orden del ejercicio de sus derechos y el Estado brinde la atención y apoyo necesario, propuso diputada del PS la creación de la Ley de Atención y Apoyo a las Victimas u ofendidos del Delito en el Estado de Tlaxcala.
En tribuna, la diputada socialista Patricia Zenteno Hernández, presentó la extensa iniciativa que permitirá la creación de; “un Centro de Atención, Protección y Apoyo a la Víctima del Delito en el Estado de Tlaxcala, dependiente de la Secretaría de Gobierno en el Estado, donde entra la participación activa del poder ejecutivo quien deberá disponer de los recursos humanos, económicos, materiales”.
Agregó que la intención para la creación del referido Centro permitirá erradicar; “el desamparo de la asistencia social, la ayuda pública y la materialización del acto de justicia, que han generado sentimientos de venganza o aprovechamiento de la condición de víctima”.
De acuerdo con la iniciativa presentada en la sesión extraordinaria de este lunes, la socialista resaltó que quienes son víctimas del delito, se enfrentan a trámites burocráticos, lo que ha provocado la falta de credibilidad de la sociedad en los sistemas de impartición de justicia.
“Es innegable, que en el actual sistema penal, tanto la víctima como el ofendido, se enfrentan a un interminable peregrinar por las instituciones de administración de justicia donde reciben un trato desacomedido, tardío y en la mayoría de las ocasiones confuso y desorientador”.
Durante la exposición de motivos resaltó que la pronta acción de justicia tanto para el ofendido como para la víctima, casi nunca se da; “son numerosas las ocasiones en que la víctima es citada para ampliar una declaración, ofrecer testimonios, presentar documentos que sustenten la denuncia, así como para someterse a los interrogatorios del defensor del victimario, del fiscal investigador o del asistente judicial, sin que para ello se tenga en cuenta la dimensión emocional del daño psicológico ocasionado”.
“Además de recibir en la mayoría de las ocasiones un trato inadecuado, en donde a la víctima se le considera como la causante, provocadora o culpable del hecho delictivo. En muchas ocasiones el trato hostil, autoritario y desacomedido del fiscal y de los funcionarios judiciales, genera frustración, doble victimización y resentimiento por parte de la víctima hacia el sistema de justicia”, puntualizó la Legisladora.
No obstante que el código penal establece que la reparación del daño comprende tanto lo material como lo moral; “lo uno y lo otro generalmente no se presenta, y en las ocasiones en que sucede, la víctima tiene que conformarse con una indemnización en cuya valoración no tuvo participación…en la mayoría de las ocasiones el daño económico y psicológico no se resarce”.
Zenteno Hernández dijo que lo que interesa al aparato de justicia es obtener una sentencia y condenar o, en caso cerrar la investigación o absolver; “si bien es cierto, que la evolución histórica del desarrollo del derecho penal, se ha caracterizado por el desplazamiento de la atención desde la víctima hacia el autor del delito, el procesado fue transformándose en el personaje central, relegando a la víctima a una condición secundaria, hasta el olvido en el que hoy se encuentra”.
Sin embargo, resaltó que durante este tiempo; “hemos contemplado de manera pasiva, que la víctima ha sido despojada por parte del sistema penal, de su condición concreta y real, para remplazarla e investir de esa condición a la comunidad”.
Por lo anterior, consideró necesario que la LXI Legislatura pueda crear el instrumento jurídico que realmente garantice los derechos que la Constitución reconoce a las víctimas u ofendidos de los delitos, a fin de que éstos dejen de ser únicamente objeto de derecho y recobren importancia y participación como personas reales.
Además de que las victimas tengan acceso a los servicios especializados; “considero necesario y obligado para esta legislatura la creación de mecanismos jurídicos para brindar atención pronta a las necesidades de la víctima, con el objeto de que esta tenga de inmediato una primera atención jurídica, médica, psicológica y social asistencial”.
La socialista precisó que como diputados están obligados a corresponder con el interés federal y armonizar la Ley estatal, entendiendo la armonización no solo como el hecho de igualar el texto de la legislación local con la federal, “no es algo más, es lograr que a través de las reformas, adiciones o creación de normas se crear leyes que involucren de manera efectiva al legislativo como creador de normas, ejecutivo y a la sociedad, como forma única de lograr justicia social”.