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Hasta el momento se desconoce si las obras que realiza el gobierno de Mariano González Zarur para construir la Ciudad Judicial y la Ciudad de la Salud cuentan con la documentación que respalde los trabajos, pues la Semarnat se niega a informar cuál es el estatus en que se encuentra el trámite que debió realizar la administración estatal.
De acuerdo con un escrito presentado por Saulo Tlilayatzi Mendieta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud y al delegado de la esa dependencia en Tlaxcala, Ramiro Vivanco Chedrahui, el ciudadano pide se le entregue copia simple del dictamen y/o evaluación de impacto ambiental otorgado a favor del Gobierno del Estado para la ejecución de las mencionadas obras. O en su defecto, agrega el escrito, se informe en el estado en que se encuentra dicho trámite ante esa dependencia federal.
Como se recordará el pasado 8 de abril la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinó clausurar esos proyectos a cargo de la administración de González Zarur. Se comprobó que no contaban con la autorización en materia de cambio de uso de suelo forestal e impacto ambiental que exige la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tras esa medida, la Profepa confirmó que ambas obras de infraestructura denominados Ciudad Judicial y Ciudad de la Salud, ubicados en los municipios Apizaco y Yauhquemehcan, así como en San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, respectivamente, removieron aproximadamente 23 mil 764 hectáreas de vegetación forestal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 165 fracción II de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se podrá imponer una multa equivalente de 100 a 20 mil veces de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Y aunque la Profepa anunció que presentaría la denuncia penal correspondiente ante la Procuraduría General de la República, en términos de lo dispuesto por el artículo 418 del Código Penal Federal, hasta el momento se desconoce si la misma ya fue interpuesta. Según una nota del diario La Jornada de Oriente publicada el pasado 15 de abril, el titular de la Consejería Jurídica del gobierno de Tlaxcala,
Héctor Maldonado Bonilla informó que aún no se puede precisar la fecha de reanudación de los trabajos de construcción (clausurados la semana pasada) de ambos proyectos, pero anotó que el compromiso es cumplir “de manera más ágil” con las observaciones de la Profepa y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Refirió que la intención es que en corto o mediano plazo se pueda lograr el levantamiento de la suspensión de estas obras, pero puntualizó que este procedimiento administrativo se encuentra en la primera de varias etapas a desarrollarse, por lo que habrá que esperar la resolución de la delegación de la Profepa.
Ante esta situación, el funcionario precisó que todavía no se establece una multa contra el gobierno del estado, además respondió que “la clausura de las obras no es una sanción sino una medida de seguridad que se impone al inicio del procedimiento”.