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La propuesta de dictamen de las leyes secundarias en telecomunicaciones, elaborada por el senador poblano Javier Lozano, modifica sólo algunos aspectos de la criticada iniciativa del Ejecutivo.
"Tiene algunos cambios, pero son más bien, algunos de ellos, cosméticos", expresó Javier Corral, también senador del PAN.
El documento será la base de las discusiones para la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
En su documento, Lozano retoma prácticamente en su totalidad la iniciativa de Ley del Ejecutivo. Sólo modifica de forma elementos controvertidos como sanciones, cooperación con la justicia y neutralidad de la red, entre otros.
Se elimina el artículo referente al bloqueo de señales en lugares críticos para la seguridad pública, una demanda que tuvo fuerte impulso en las redes sociales. Sin embargo, en el capítulo de neutralidad de la red, persisten las facultades de censura de contenidos.
"Podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario o cuando medie orden de autoridad competente", indica el artículo 145, fracción I.
"Nos quieren dar como victoria política y legislativa el eliminar los absurdos de censura en internet, por ejemplo, para dejar intacta la nuez del negocio", reclamó Corral según una nota del periódico Reforma.
El predictamen reduce la multa que pagarían los concesionarios en caso de no cumplir con medidas de colaboración con la justicia.
Mientras que la iniciativa del Ejecutivo proponía sancionar este incumplimiento con entre 2.1 y hasta 4 por ciento de sus ingresos, la propuesta de Lozano reduce la cifra a la mitad.
En más de sanciones, indica que será el Instituto Federal de Telecomunicaciones y no la Secretaría de Gobernación el que sancione a los concesionarios que excedan los tiempos máximos de publicidad.
Lozano sugiere que las multas sean ejecutadas por el Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, en el pasado, el SAT no se ha encargado de cuestiones similares.
Además, mantiene la disposición de que las multas no sean exigibles hasta que causen estado, lo cual significa que sólo podrían cobrarse hasta después de que se resuelvan posibles recursos de amparo.
Javier Lozano fue acusado ayer de violar el reglamento de la Cámara alta, de ser el autor de la iniciativa del presidente Enrique Peña, de mantener un conflicto de interés por estar al servicio de las televisoras y hasta de falta de hombría.
En comisiones del Senado, en el arranque de la discusión de la reforma secundaria de telecomunicaciones, senadores del PAN, PRD y PT se lanzaron contra el presidente de la Comisión de Comunicaciones.
El panista fue vapuleado por tratar de imponer tiempos, métodos y hasta contenidos de un proyecto de dictamen que fue elaborado de manera unilateral.
"Una de dos: o usted le hace el trabajo al PRI, al Poder Ejecutivo, o el Ejecutivo se está apoyando en usted, y si usted fue quien redactó la iniciativa ¿cómo puede ahora redactar el predictamen?", cuestionó la vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna.
A pesar de que el Senado llevó a cabo foros para escuchar las posturas de organizaciones de la sociedad civil, miembros de la industria y expertos, se mantienen temas polémicos como excluir al IFT en la regulación de contenidos, sobre los derechos de los usuarios y audiencias; definir las declaratorias de preponderancia por sector y no por servicios y la tarifa de interconexión cero.
El capítulo de neutralidad de red prácticamente no se tocó.
Lamentan que se quiera debilitar al IFT
El ex comisionado de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Abel Hibert, externó su preocupación por que se mantiene debilitado al IFT.
“Aquí lo preocupante es que algunas de las facultades del IFT quedan disminuidas, por ejemplo el artículo 44 de la iniciativa donde el Ejecutivo puede pedirle al presidente del Instituto que le dé preferencia a algunos temas”, subrayó el también académico de la Universidad Metropolitana de Monterrey.
Según otra nota del periódico El Universal, el ex comisionado dijo que no tomar en cuenta las preocupaciones de la industria y la ciudadanía habla mal del trabajo legislativo.
Aunque la iniciativa contiene aspectos positivos, comentó Hibert, tenía otras mejorables, pero se perdió la oportunidad de sacar una buena ley, robusta, incluyente y que tome en cuenta los elementos de la reforma constitucional.
En el caso de la opinión no vinculante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que se mantiene, recordó que en la licitación para dos cadenas de televisión abierta hubo ya diferencia en opiniones entre el IFT y Hacienda.
El vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independiente de México (ATIM), Salomón Padilla, dijo que hubo fallas de origen de la reforma constitucional, y adelantó que habrá litigios.
El PRD presentó una propuesta alterna, en rechazo al dictamen de Lozano, que devuelve atribuciones al IFT y elimina la injerencia del Ejecutivo en sus resoluciones.
También aumenta las posibilidades para que las empresas sean declaradas como preponderantes, y en regulación de internet y seguridad, dan al IFT atribuciones para que no se impida, se amenace el desarrollo o se dificulte el ejercicio de los derechos de los usuarios, por parte de la administración de la red que hagan los concesionarios para prestar el servicio.
Modifica la entrega y recopilación de información de los usuarios para que sólo sea ordenada por una autoridad judicial, con una orden bien fundamentada, y reintegra facultades amplias al IFT, órgano público autónomo e independiente.
Además, regresa la regulación de contenidos al IFT, en vez de a la Secretaría de Gobernación.