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Un grupo de ciudadanos solicitaron la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del Gobernador Mariano González Zarur y del Congreso local por considerar que es un acto de inconstitucionalidad e inhumano la operación de los parquímetros y amagaron con retirar los mismos de no haber una solución al respecto.
Fue la Unión de Ciudadanos en defensa del patrimonio de los pueblos y las familias Tlaxcaltecas A.C. con domicilio legal en la calle Iturbide poniente número 27-A en el municipio de Chiautempan, quienes a través de un documento que enviaron al presidente municipal Antonio Mendoza Romero explicaron su negativa para la operación de los referidos parquímetros.
“Venimos a expresar nuestra inconformidad y nuestra abierta oposición a la instalación de los parquímetros en los frentes de nuestras casas, negocios, domicilios y propiedades ya que los mismos atentan contra nuestros derechos humanos y nuestras garantías individuales que consagra nuestra carta magna específicamente por lo que hace al derecho humano de libertad de tránsito el derecho real de propiedad y hasta de posesión, mismos que contemplan en la máxima norma jurídica a nivel nacional e internacional. Para que sean inmediatamente retirados lo que se encuentran instalados y dejen de colocarse aquellos que están ilegalmente previstos”, señalaron en su escrito.
De acuerdo a la narración de hechos, señalaron que el alcalde junto con los integrantes del cabildo, no informaron a la ciudadanía sobre la operación de los parquímetros ya que no existen recibos en los que fueran notificados y mediante acta circunstanciada de cada uno de ellos.
Además detallaron que tampoco hubo un permiso o consentimiento de los avecindados sobre los efectos positivos y negativos por la operación de los parquímetros; “Usted señor presidente municipal y su honorable Cabildo, de manera unilateral y sin el consenso alguno, autorizan la instalación de parquímetros casi en todas las calles de Chiautempan, sin tomar en cuenta a los suscritos en nuestro carácter de propietarios y poseedores de los inmuebles afectados”.
Los denunciantes insistieron en que la medida que ha provocado inconformidades desde hace un par de semanas fue porque se hizo; “sin el acuerdo o consentimiento de nuestra parte, no puede llevarse a cabo por no cumplir las ordenanzas de Ley, pues es de explorado derecho que los parquímetros no son de utilidad pública, son y serán medios para obtener un lucro ilegal para su administración y desde luego para la empresa a la que se le otorgue la concesión de los mismos imponiendo sus intereses muy personales, a los intereses y derechos de los ciudadanos chiautempenses”.
Además recriminaron al edil que prive la opacidad para dar a conocer cuáles fueron los criterios de la empresa que habrá de operar los referidos parquímetros, acciones que fueron calificadas como; “violaciones graves, con dolo y mala fe…en perjuicio de los santaneros…le preguntamos a Usted señor presidente porque pretende mantener esta información en secreto o en lo oscurito”.
“La instalación de parquímetros impide, nos obstaculiza y veja nuestro derecho de propiedad, de tránsito para usar nuestras cocheras, los frentes de nuestras casas, las entradas comunes a nuestros domicilios, la vista a nuestros negocios establecidos desde hace muchos años cometiendo en nuestro agravio el delito de despojo”, puntualizaron.
Asimismo detallaron que la instalación de estas máquinas –parquímetros- “viola nuestros derechos humanos sin que exista una causa de utilidad pública2
Incluso hicieron del conocimiento del alcalde, que la SCJN ha declarado “inconstitucional la instalación de parquímetros en cualquier estado de la república por ser notoriamente ilegales y porque no pueden considerarse de utilidad pública”.
Por lo anterior; “ante todas estas anomalías y violaciones a nuestros derechos, ignorancia de la Ley ya la falta de ética para programar obras y por no tomarnos en cuenta, solicitamos a Usted señor Presidente Municipal, el retiro inmediato de los parquímetros instalados con todas sus consecuencias jurídicas, y de no hacerlo así, nosotros los vecinos nos encargaremos de retirarlos aclarando que ninguna autoridad deshonesta que viola las leyes y ordenanzas jurídicas no puede tener, ni contar con el respaldo de las mismas”.
Firman el documento José Pluma, Fausto Maurilio Angulo secretario y Javier Pérez Presidente, secretario y tesorero respectivamente solicitaron la resolución de la SCJN y de la intervención del mandatario estatal Mariano González Zarur y del Congreso local.