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Un grupo de maestros jubilados y pensionados de la sección 31 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), fueron desalojados con gas pimienta este medio día por la fuerza pública de las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), hasta donde fueron a reclamar el pago de algunas prestaciones que se les han negado y la resolución de unos mil asuntos radicados.
Unos 200 jubilados arribaron al edificio ubicado sobre la carretera federal Tlaxcala – Puebla, en busca de ser atendidos por la titular de la JLCyA, Karina Edith Torres; sin embargo, se solicitó el apoyo de la policía estatal y ministerial porque supuestamente causaron daños al inmueble y agredieron a empleados en su intento de derribar las puertas de acceso.
Los manifestantes acudieron encabezados por su dirigente, Inés Torrentera Blanco, y bloquearon el acceso a la Junta, lo que generó tensión porque en esa zona se encuentra otras oficinas gubernamentales, entre ellas la Dirección de Notarías y la Secretaría de Obras Públicas.
Los docentes retirados exigieron se agilicen los pagos de 12 días de salario por cada año de trabajo al servicio del Estado.
Según la información obtenida, los jubilados y pensionados lograron ingresar a la JLCyA y presionaron con acometidas a empleados, incluido personal de seguridad.
Una vez que arribaron alrededor de 50 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) al mando del titular de la corporación, Orlando May Zaragoza Ayala, dio comienzo el zafarrancho y el uso de gas pimienta.
Una vez desalojados los inconformes, uniformados, montaron guardia de vigilancia del edificio público, mientras que se reportaron ocho detenidos, entre ellos Inés Torrentera.
El 7 de mayo pasado, los mismos jubilados y pensionados cerraron la calle Juárez de la capital en demanda a que intervenga el Gobierno para que el ISSSTE les devuelva el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que por Ley les corresponde una vez que inició la fecha de su jubilación, para lo cual promovieron amparos federales que están pendientes de resolución en la JLCyA, para que les paguen su prima de antigüedad por cada año trabajado.