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Lamentan jubilados y pensionados el uso excesivo de la fuerza pública que este miércoles protagonizaron elementos de la Policía Estatal al desalojarlos con gases y con uso de la fuerza que los servidores públicos emprendieron contra ellos cuando se manifestaban en la Junta de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) en el Estado para exigir prontitud en sus resoluciones laborales.
Después de que fueron salvajemente desalojados por los uniformados, responsabilizaron a la titular de la TECyA Karina Edith Torres Vázquez de haber solicitado el desalojo violento ya que no quiso afrontar la falta de resultados lo que provocó la parálisis en esa dependencia por las ausencias de la titular.
Incluso, versiones de algunos de los manifestantes aseguraron que varios de ellos fueron privados de su libertad por los uniformados sin existir aparente causa justificada al interior de la oficina gubernamental por espacio de una hora al menos, acción que fue calificada como “un abuso más del Gobierno de Mariano González Zarur”.
Y es que después de manifestarse en las afueras de la TECyA los jubilados y pensionados de la Asociación Bicentenario fueron desalojados con gases y granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) cuyo único delito fue exigir a la oficina del Gobierno del Estado prontitud en sus procesos laborales ya que desde el 2010 no han sido resueltos.
El desalojo se registró después de que los quejosos ingresaran al edificio público donde la titular les ofreció atenderlos, sin embargo tras varias horas de espera la funcionaria no salió y optó por solicitar la fuerza pública.
Tras lo anterior, los granaderos retiraron a los jubilados y pensionados del edificio gubernamental con gases que uniformados usaron para disuadirlos ya que al interior de la JLCyA habían cerrado con un escritorio el acceso principal tras la negativa de Edith Torres Vázquez en atenderlos a pesar de que había realizado horas antes el ofrecimiento.
Incluso, al lugar arribaron armados con palos elementos de la Policía Ministerial dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), acción que intimidó a los ex trabajadores del Magisterio sobre todo por ser en su gran mayoría personas de la tercera edad.
Sin embargo, en la refriega fue detenida la líder de este organismo sindical Inés Torrentera Blanco junto con integrantes de esta mesa directiva, por instrucciones del titular de la SSPE Orlando May Zaragoza fueron trasladados a bordo de un autobús de la SSPE a la PGJE.
La detención causó indignación por parte de los inconformes quienes lanzaron todo tipo de insultos contra las autoridades estatales e incluso generó un conato de violencia entre los inconformes y los uniformados.
Pasado el enfrentamiento, los jubilados procedieron a retirarse de manera gradual de la dependencia estatal en grupos, ante el temor de ser detenidos por los uniformados que procedieron a custodiarlos sigilosamente.
Cerca de las 15:00 horas la tranquilidad regresó en la zona y los cientos de granaderos también se retiraron y solo quedaron un par de patrullas en las inmediaciones.
Por su parte, la PGJE confirmó la detención de ocho personas de las que hasta el momento se desconocen sus generales debido a que se les estaba realizando su proceso formal.