- Gobierno
El gobierno estatal aún desconoce si la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) le impondrá una multa por la afectación en 23.7 hectáreas de vegetación para la construcción de las ciudades Judicial y de la Salud, o las medidas que tomará en estos casos; tampoco se ha concretado la posibilidad de un convenio para resarcir el daño ambiental ocasionado.
No obstante, el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Héctor Maldonado Bonilla expuso que ya está listo el expediente para solicitar de nueva cuenta las autorizaciones correspondientes ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para reiniciar las obras de construcción.
Aunque el punto de una probable firma de convenio para la reforestación del área afectada, a fin se resolver este asunto y agilizar la reanudación de los trabajos, fue abordado en la pasada visita de Guillermo Haro, titular de la Profepa, a la entidad tlaxcalteca, Maldonado Bonilla puntualizó que hasta ahora dicha propuesta sólo es considerada como una alternativa “que lleve a buen camino”.
“En este momento –apuntó– los involucrados hemos optado por someternos al procedimiento administrativo iniciado por la Profepa (en abril pasado con la clausura de las dos obras por carecer de permisos de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo), consideramos que es lo más factible, darle continuidad”.
El consejero jurídico contestó que en escasos 10 días Profepa emitirá una resolución, por lo que hasta entonces se conocerá qué tipo de medidas determinará y si tendrá o no alcances de tipo penal; a partir de ello, el gobierno estatal estará en la posibilidad de solicitar los permisos a Semarnat para que ésta los avale, ya que es la condicionante para levantar la suspensión.
Por ello, consideró que es difícil señalar una fecha de reanudación de los trabajos, pero respondió que es factible que sea antes de que finalice el primer semestre del año, aunque también dependerá de los tiempos que Profepa marque, ya que es la instancia que tiene en su ámbito la tramitación de los procedimientos.
Maldonado Bonilla precisó que prácticamente los dos asuntos “van de la mano; estamos en el mismo supuesto y será el mismo curso a seguir”.
Aseguró que “de ninguna manera” la clausura de ambas obras representa pérdidas económicas para el gobierno, ya que los trabajos de urbanización están calendarizados y previstos.
En el caso de la Ciudad Judicial, el funcionario estatal explicó que el Consejo de la Judicatura federal tiene un presupuesto autorizado para ejercer en el transcurso de este año y que se han realizado los ajustes necesarios en los cronogramas, “por lo que saldrán sin mayor problemática en los tiempos previstos”.
Recalcó que la solución al procedimiento administrativo ya está en puerta, pero faltaría el trámite de obtención de las autorizaciones para reiniciar las obras de la Ciudad Judicial en los municipios de Apizaco y Yauhquemehcan, y de la Ciudad de la Salud en Apetatitlán.
Según Profepa, los trabajos de construcción implicaron la remoción de vegetación forestal, como árboles, hierbas y arbustos; además de la compactación del suelo con maquinaria pesada. Asimismo, durante la revisión, el personal observó residuos vegetales esparcidos.