- Seguridad
Con la finalidad de que prevalezca el estado de Derecho en todo el territorio tlaxcalteca, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a través de la Dirección de Averiguaciones Previas, capacitó a la policía municipal de Teolocholco, con el objetivo de brindarles los protocolos de actuación y herramientas legales, a fin de combatir los delitos cometidos por adolescentes.
Durante la capacitación que se realizó en la sala de cabildo del ayuntamiento y que tuvo una duración de cuatro horas divididas en dos sesiones, el Director de Averiguaciones Previas, Miguel Ángel De Martino Gutiérrez, resaltó la importancia de dotar a las fuerzas municipales de los protocolos de actuación, para el manejo de probables responsables de los delitos y que oscilan entre los 12 y 18 años de edad, y que en consecuencia, serán sujetos a una investigación ministerial.
Los encargados de las exposiciones, fueron los agentes del Ministerio Público Especializados en Procuración de Justicia para Adolescentes, por sus conocimientos y experiencias en la materia.
En su oportunidad, el alcalde de Teolocholco, Pedro Tecuapacho Rodríguez, agradeció a la Procuradora del Estado Alicia Fragoso Sánchez su apoyo para fortalecer la seguridad en la demarcación, ya que de manera conjunta, podrán alcanzar mejores resultados en esta materia, y con ello, disminuir los índices delictivos.
En el desarrollo de las mesas de trabajo, los fiscales explicaron a las policías municipales que deberán apegarse a la Ley de Procuración e Impartición de Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, cuando el probable responsable de la comisión de algún delito, tenga entre 12 y 18 años de edad.
Entre otros, detallaron que en los casos en los que exista duda en cuanto a la edad, se presumirá en todo momento su minoría, se salvaguardará la vida, dignidad e integridad física, mientras este bajo custodia y se evitará en todo momento la publicidad y exhibición pública.
Además, deberán imperar cinco principios rectores: la protección integral y el interés superior, el respeto a los derechos humanos y garantías individuales, el desarrollo personal, reintegración social y familiar; y la protección a los derechos de la víctima u ofendido.