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El Colectivo “Por una Migración sin Fronteras”, confió en que el 24 junio próximo quede listo el dictamen de reforma a la Ley de Atención a Migrantes y sus Familias del Estado, con la inclusión de los comentarios, observaciones y propuestas que la sociedad civil ha hecho en cuatro de seis mesas de trabajo programadas con la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso local.
Sobre todo, se busca que los planteamientos de las asociaciones involucradas en el tema migrante sirvan de base para la construcción del reglamento de una norma que debe ser de largo alcance.
A través de un comunicado, el colectivo conformado por las organizaciones no gubernamentales “Un Mundo Una Nación”, “Humanidades Sin Fronteras” “Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena” y “Nosotras Somos Tu Voz”, manifestaron que su trabajo y experiencia tiene por objetivo incidir en materia legislativa, particularmente en el tema de movilidad humana.
“Las organizaciones que integramos El Colectivo Por Una Migración Sin Fronteras, que hemos estado trabajando el tema de las migraciones en el estado de Tlaxcala desde hace algunos años, visibilizando de las realidades que viven las personas migrantes y sus familias, reconocemos que Tlaxcala es el paso obligado de miles de personas migrantes que atraviesan México cada año en condiciones de vulnerabilidad, marginación y rechazo, así como la falta de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de las comunidades de origen, acompañen el retorno, faciliten del destino”.
Señaló que es pertinente analizar la ley abrogada en la materia y la vigente en el Estado de Tlaxcala, para retomar aspectos que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de las personas migrantes y sus familias; asimismo, presentar y conocer la realidad en la que viven los connacionales para encontrar puntos de incidencia desde lo local.
Otro aspecto importante es reconocer la figura de los y las retornadas dentro del marco jurídico y garantizar, proteger y respetar sus derechos humanos, junto con el reconocimiento de la necesidad de garantizar el desarrollo económico en las comunidades para asegurar el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.