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En tanto la Procuraduría Fiscal denunció ante la PGR a 10 directivos y empleados de Banamex, Amado Yáñez propietario de Oceanografía no podrá salir del país al menos por la frontera norte, pues el gobierno de los Estados Unidos procedió con la cancelación de la visa del empresario debido a su involucramiento con un fraude que incluye al mencionado banco, filial del banco estadunidense Citigroup (Citi).
El probable delito de estos funcionarios bancarios fue haber consentido una serie de operaciones fraudulentas en favor de Oceanografía, la empresa proveedora de Pemex, que le causaron al banco un quebranto patrimonial por 455 millones de pesos.
De acuerdo con el oficio 529-V-DGDFyD-236-2014, los directivos de Banamex acusados son Emilio Granja Gout, ex director de Banca Corporativa; Alfonso Ortega Brehm, ex jefe de la Unidad de Servicios de Transacción Global, y Erik Cervantes, analista de Negocios en Villahermosa, quienes están acusados por delito grave.
Otros involucrados son Juan Pablo Añorve, subdirector de Banca Corporativa; Vanesa Maricela Ramírez, Sergio Torres, Guillermo Pérez, José Ángel Castillo, Ricardo García y Angélica Ruiz, según se informa en una nota del periódico Reforma.
En la querella interpuesta el pasado 29 de abril, la Procuraduría Fiscal denunció también a Amado Yáñez y otros cuatro mandos de Oceanografía, por tramitar con documentos presumiblemente falsos los créditos de factoraje ante Banamex.
Además de Yáñez, están denunciados Jorge Terán, director de proyectos de mantenimiento integral; Juan Carlos Tapia, representante técnico; Joaquín García, representante, y Alberto Duarte, superintendente de construcción.
Apenas la semana pasada un juez federal dictó auto de formal prisión a Amado Yáñez, sin embargo, el dueño de Oceanografía exhibió una fianza para quedar en libertad provisional.
A Ortega Brehm y Granja Gout los acusan de haber suscrito con Yáñez un "contrato marco" regulador de los créditos a Oceanografía, el 21 de septiembre de 2012, donde incluyeron una cláusula que abrió la puerta para que estafaran a la institución bancaria.
En la cláusula 5.8 del convenio, los directivos acordaron con Yáñez que Banamex no tenía la obligación de comprobar la validez de los documentos que Oceanografía les presentara como garantía, a cambio de los millonarios créditos.
"En ningún momento Banamex tendrá la obligación o responsabilidad de determinar o comprobar que los documentos que evidencian los derechos de cobro son válidos y legalmente exigibles.
"Ni si su texto es correcto, ni si las firmas originales que aparecen en dichos documentos corresponden a los firmantes, ni si las partes que celebraron dichos documentos contaban al momento de su celebración con facultades suficientes para ello", señala.
Según la PGR, gracias a este contrato "doloso", otras áreas del banco aceptaron de la empresa de Yáñez 166 estimaciones falsas o alteradas, para garantizar créditos por 5 mil 312 millones 329 mil 400 pesos.
Confirman la cancelación de la visa de Yáñez
Fuentes con conocimiento del caso revelaron al diario 24 Horas que la determinación de cancelar la visa a Amado Yáñez se tomó en el marco de la indagatoria penal que lleva por su parte el Departamento de Justicia de EU y en la que ya se han recabado declaraciones de directivos de Citi y se pidieron datos a las autoridades mexicanas sobre los créditos concedidos a Oceanografía.
No se descarta que en el corto o mediano plazo se finquen también cargos penales en ese país en contra de posibles involucrados, además de las sanciones que ya se han anunciado.
En México, Yáñez enfrenta un proceso penal acusado de un quebranto por 55 millones de pesos en agravio de Banamex, delito contemplado en la Ley de Instituciones de Crédito. No obstante se trata de un ilícito no grave que puede enfrentar en libertad.
La semana pasada el propietario de Oceanografía garantizó el pago de una fianza que ascendió a los 80 millones de pesos por conceptos de reparación de daño más cargos extras que corresponden al procedimiento.
Una vez que sea dado de alta del hospital en el que se encuentra, el empresario podrá desplazarse libremente y solo tendrá que atender con la obligación legal firmar una vez en el juzgado 14 de Distrito ubicado en el reclusorio Preventivo Sur, donde se encuentra radicado el juicio en su contra.
No obstante, la cancelación de visa le impedirá a Yáñez realizar cualquier tipo de viaje a los Estados Unidos incluso si solo se trata de una situación de tránsito por alguna de las terminales.
Esta no es la primera vez que Estados Unidos cancela o no renueva la visa de mexicanos involucrados con investigaciones en ese país o en el nuestro.
En diciembre del 2012 el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington tuvo que salir de Texas luego de que su visa fue revocada. En ese momento no existía una acusación penal en contra del político priísta pero el gobierno estadunidense ya sospechaba su involucramiento con actividades de lavado de dinero.
Más reciente fue el caso del empresario Gastón Azcárraga, quien se refugió en Estados Unidos tras enterarse que era investigado en México por la quiebra de la aerolínea Mexicana y el desvío de recursos. El gobierno estadunidense le pidió abandonar el país tras vencer y no renovar su visa, pero Azcárraga hizo una solicitud de asilo que sigue bajo estudio.
Aunque la PGR no consignará en el corto plazo otro cargo en contra de Yáñez tras mes y medio de haberlo mantenido bajo arraigo, el expediente de la averiguación previa sigue abierto y continuarán recabándose pruebas, señalaron fuentes ministeriales a este medio.
En este contexto, la PGR y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México, y el Departamento de Justicia y Comisión de Valores de Estados Unidos, trabajan de forma conjunta en las investigaciones encaminadas a esclarecer todas las actividades fraudulentas.
Cabe señalar que de acuerdo con estimaciones de Citi, los créditos sin sustento otorgados a la empresa ascenderían a 500 millones de dólares.
Dentro del concurso mercantil al que está sometida la empresa Oceanografía, es decir el procedimiento judicial de evaluación de sus bienes para la liquidación de adeudos y eventual venta o quiebra, el Consejo de la Judicatura Federal confirmó que se llevaron a cabo las visitas domiciliares a la empresa a cargo de un inspector del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Dichas visitas tienen el objetivo de llevar un registro de los bienes y documentos de la empresa. Fueron revisados registros financieros, estados bancarios, libros de contabilidad, todos los medios de almacenamiento físico e informático de datos entre otros, y se notificó de los resultados al Ministerio Público y al mismo SAE.