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Al menos el 30 por ciento de los casos jurídicos que lleva a cabo la Procuraduría Agraria (PA), se refieren a la elaboración de listas de sucesiones o juicios testamentarios que tienen que realizar los ejidatarios, lo cual representa un porcentaje alto debido a la renuencia de los mismos por acercarse a los servicios gratuitos de la dependencia.
Aun así, de la meta de dos mil 986 listas que se tiene programa elaborar a más tardar en noviembre de este año, el avance al mes de mayo era del 65 por ciento, informó el delegado de la PA, Francisco Cuéllar García.
Dijo que a pesar de que los servicios que presta la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional (RAN) son gratuitos, y que los propios funcionarios van a los ejidos y comunidades, existe oposición por parte de los dueños de las tierras para regularizarlas y no heredar problemas.
Enfatizó que los campesinos deben generar certeza de la propiedad hacia sus familias.
“El de la listas de sucesiones es uno de los 31 indicadores del programa operativo anual que tenemos y es de los más importantes, no porque los demás no lo sean, sino por lo que nos genera y muchas veces dejamos muchos problemas como el testamento agrario”, expresó.
El funcionario federal recordó que en 2013 se hicieron poco más de 800 listas y en este 2014 serán casi tres mil.
Esa cifra, abundó Cuéllar García, saldrá a pesar de que la delegación de la PA solo cuenta con dos abogados agraristas que se hacen cargo cada uno de 500 asuntos, correspondientes a los 242 ejidos y dos comunidades que hay en el estado.
“Sí se han solicitado más abogados a la federación, pero el recorte presupuestal no lo permite, pero se analiza a nivel nacional que de los mismos abogados agrarios adscritos a otras delegaciones se haga una redistribución y se nos pueda apoyar con al menos dos más”.
“Aprovechó para hacerle saber a los ejidatarios que los servicios de la Procuraduría son totalmente gratuitos, dentro de toda la gama de acciones que llevamos a cabo hay las relacionadas con la compra de tierras, pago de los gobiernos federal y estatal, de la iniciativa privada. Nosotros estamos para asesorarlos jurídicamente y tengan el sustento sobre los convenios de venta o renta de sus tierras”, concluyó.