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Desde 2008, Banamex tenía problemas con la empresa Oceanografía, ya que una línea de factoraje por 900 millones de pesos estaba vencida. Además, 80 por ciento de las facturas entregadas por la compañía propiedad de Amado Yáñez Osuna “tenía alguna irregularidad” o incluso varias eran falsas, por lo que la institución bancaria decidió cerrar esa línea de crédito.
Sin embargo, el 21 de septiembre de 2012 Banamex celebró un contrato maestro, denominado regulador, que establecía la aplicación de descuentos acordados entre las partes y la cesión de derechos de cobro que derivaran de dichas operaciones, de acuerdo con un informe del dictamen emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que concluyó que Banamex había sufrido un quebranto por 455 millones 281 mil 789 pesos provocado por el director de Oceanografía, con el contubernio de empleados de la institución crediticia.
Según una nota de periódico La Jornada, Banamex tampoco tomó en cuenta que Yáñez, en ese entonces, había buscado infructuosamente conseguir créditos en Bancomer, que rechazó entrar en tratos con el empresario.
De acuerdo con fuentes informadas y documentación que posee La Jornada, Banamex pasó por alto las irregularidades financieras y la presentación de facturas falsas en que incurrió Oceanografía desde 2008, que derivaron en la denuncia que la institución bancaria presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) el 14 de febrero pasado, la cual actuó penalmente contra Amado Yáñez, quien sigue su proceso en libertad bajo fianza.
Ante las dificultades que enfrentaba Oceanografía, Amado Yáñez contrató los servicios profesionales de Martín Díaz Álvarez, quien trabajó con él hasta 2012 en la restructuración de las finanzas de la empresa, que estaba al borde de la quiebra.
Los informantes señalaron que entonces Oceanografía arrastraba un “bono flotado” en Estados Unidos de 335 millones de dólares a siete años, con pagos semestrales de 20 millones de dólares. Y créditos vencidos con la financiera holandesa Rabo Bank; el primero adquirido en 2007 por 102 millones de euros y el segundo por 115 millones de euros, utilizados para la construcción de nuevas embarcaciones.
Además, Oceanografía operaba factoraje desde 2008 con instituciones como Interacciones y Bancomex.
De acuerdo con los entrevistados, Banamex tenía entonces una línea de factoraje vencida con dicha empresa, en la que casi 80 por ciento presentaba “alguna irregularidad e incluso facturas falsas”, por lo que el banco había decidido cerrar el crédito, lo que significaba la quiebra de Oceanografía.
Además, la empresa tenía rentas vencidas por 120 millones de dólares con la naviera estadunidense Otto Candies, con la que signó un contrato para construir 22 embarcaciones.
La renta del barco más grande del mundo, Goliat, también presentaba adeudos mensuales de 3.5 millones de dólares por cada 30 días.
Además estaban pendientes pagos por más de 90 millones de pesos a proveedores nacionales, sin contar “la falta de control y de producción de registros contables auditables”, así como los adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los institutos Mexicano del Seguro Social y del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.
La estrategia seguida fue contratar despachos especializados en temas corporativos y la creación de dos compañías: una que reestructuraría las finanzas (la cual cobró 4.8 millones de dólares por los servicios prestados) y otra denominada Shipping, que tenía la encomienda de garantizar la viabilidad de Oceanografía.
De acuerdo con el contrato firmado entre Amado Yáñez y Martín Díaz, “en ningún caso y bajo ninguna circunstancia el prestador de servicios podía intervenir directa o indirectamente en las decisiones administrativas ni en las operaciones de los negocios de Oceanografía, ya que los servicios que prestaría estaban limitados a la asesoría financiera de la empresa”.
Según la información recabada, el trabajo conjunto de Díaz y de la asesoría financiera de empresas de prestigio internacional permitió regularizar las finanzas de Oceanografía en 2012, y con Banamex, la deuda por línea de factoraje quedó en 600 millones de pesos, lo que permitió a la empresa operar de forma normal con perspectivas de crecimiento.
Esa situación permitió que los ingresos de Oceanografía pasaran de 7 mil 240 millones de pesos en 2011 a 12 mil 057 millones de pesos en 2012.
Dos años después, según el dictamen de la CNBV del pasado 29 de abril, elaborado a solicitud de la Procuraduría Fiscal de la Federación, que fue la base para que la PGR actuara contra Yáñez, el propietario de Oceanografía es investigado por el presunto uso de facturas falsas de Petróleos Mexicanos para mantener su línea de crédito con Banamex, lo que se tradujo en un desfalco para la institución bancaria superior a 455 millones de pesos.
Ordenan descongelar cuentas ligadas con Oceanografía
La Procuraduría General de la República descongeló cerca de 30 cuentas bancarias que se encontraban aseguradas desde hace más de dos meses en el marco de las investigaciones ministeriales por el fraude cometido entre la empresa Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez, y funcionarios de Banamex.
Autoridades federales consultadas por el diario 24 Horas indicaron que se trata de cuentas de algunos accionistas de la misma empresa, así como de terceros que en su momento resultó necesario asegurar para verificar si no fueron destino de los recursos obtenidos de forma irregular.
Los nombres de las personas a las que se les descongelaron cuentas no se revelaron oficialmente ya que se determinó que no incurrieron en algún delito. Además se prevé que en los próximos días sean descongeladas por lo menos una veintena de cuentas más que ya fueron verificadas por la PGR y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Fuentes consultadas indicaron que varias de las cuentas que estaban congeladas están vinculadas con Caja de Ahorros Libertad, empresa cuyo consejo directivo era presidido hasta marzo pasado por el también accionista de Oceanografía, Martín Díaz Álvarez.
Cabe recordar que en sus declaraciones rendidas ante los fiscales de la PGR, Yáñez acusó a Díaz Álvarez de haber maquinad la obtención de los créditos ilícitos, lo que hasta ahora no se ha corroborado.
Entre las cuentas que todavía continuarán bajo verificación de las autoridades ministeriales y bancarias se encuentran las de Díaz Álvarez y la de los hermanos Óscar y Javier Rodríguez Borgio, quienes también eran contratistas y proveedores de algunos servicios de la empresa que dirigía Amado Yáñez.
Los hermanos Rodríguez Borgio son propietarios de la empresa Grupo Gasolinero México donde también Díaz Álvarez es socio. Desde el año pasado, la PGR los investiga a todos ellos por lavado de dinero derivado de la venta de combustible robado en las más de 60 estaciones de gasolina del grupo empresarial. Tampoco se ha procedido en este caso.
La investigación, como el diario 24 Horas ha publicado en varias ocasiones, también alcanza a otros socios de Oceanografía como Pedro Ruiz Gallegos, Martín Jorge Terán, Alberto Duarte Martínez, Gustavo Azcárate, Juan Carlos Hernández, Hermilo Escobedo Obrador, y César Augusto Guevara. Las operaciones bancarias de todos ellos fueron revisadas.
En la PGR subrayaron que se encuentran varias averiguaciones previas en integración y adelantaron que podría haber consignaciones en contra de más involucrados, una vez que se termine de verificar la evidencia.
En su comparecencia ante el Senado la semana pasada, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, hizo hincapié en que este caso está aún lejos de terminar.
“La investigación continúa en virtud de que se siguen practicando diversas diligencias para acreditar fehacientemente la responsabilidad de quienes estén implicados y de otras personas más que pudieran estar implicadas”, señaló el procurador según la nota del diario 24 Horas.
Hasta ahora, la PGR no ha logrado determinar el destino preciso de varios millones de pesos que fueron obtenidos por la empresa Oceanografía en colusión con funcionarios corruptos de Banamex. La consignación que ya se hizo en contra de Yáñez fue por 50 millones que se comprobó que fueron utilizados para financiar al equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro.
El viernes, Murillo Karam dijo a senadores que las investigaciones seguían en curso, y que existían varias averiguaciones previas en integración.
Fuentes ministeriales confirmaron a este diario que uno de los expedientes abiertos es por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en donde Amado Yáñez figura como posible responsable, pero que continúan integra dos elementos de prueba.
Se presume que podrían pasar aún varios meses para que se realice una nueva consignación ante un juez.
De acuerdo con autoridades con conocimiento del caso, hasta ahora Banamex, filial del banco estadunidense Citigrouop, no ha entregado en tiempo y forma todos los requerimientos que le han sido solicitados en el marco de esta investigación, lo que también ha retrasado el avance de las indagatorias.
Y es que aunque se presume que el desfalco al banco, con complicidad de empleados del mismo, supera los cinco mil millones de pesos, el monto real es desconocido porque ya se habían emitido constancias de pago que no han sido restadas a dicha cantidad.
Murillo Karam subrayó ante el Senado que no “tiene sustento” el monto señalado hasta ahora por Banamex en cuanto al quebranto, ya que ni siquiera está amparado con la documentación correspondiente.
Cabe señalar que tres empleados de Banamex tienen órdenes de aprehensión solicitadas por la PGR y están prófugos de la justicia. Se trata de Erick Cervantes Murillo, ejecutivo del banco en Villahermosa que hizo el papeleo para los créditos, así como Emilio Granja Cout y Alfonso Ortega Brehm, directivos que habrían autorizado la línea de crédito irregular.
Sin embargo, hay por lo menos una decena de directivos más bajo sospecha.