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Ante el acelerado crecimiento que ha tenido la extorsión en los últimos años, el titular del Poder Ejecutivo, Mariano González Zarur, remitió una iniciativa al Congreso del Estado para reformar algunos artículos de los Códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala, para suplir el delito de chantaje por el de extorsión y tipificarlo como grave.
Además, a quienes incurran en esta falta se les impondrá una sanción de tres a 10 años de prisión y una multa de hasta mil días de salario mínimo, aunque estas penas se podrán aumentar hasta en dos terceras partes y la inhabilitación, cuando se realicen por un servidor público o quien haya sido miembro de una corporación de seguridad pública o privada.
Se trata de un conjunto de reformas al capítulo segundo del título décimo sexto, a los artículos 241 y 245, la adición del 241 BIS, 241 TER, la derogación del 246 y 247 del Código Penal, así como la reforma al 93 del Código de Procedimientos Penales.
En el contenido de la propuesta, se advierte que cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revelan que la extorsión registró un aumento considerable entre 2012 y 2013, pues mientras en el primer año se registraron mil 932 casos por cada 100 mil habitantes, en 2013 la cifra se disparó hasta siete mil 585 casos.
De hecho, la extorsión se ha convertido en uno de los delitos más frecuentes equiparado al de robo, asalto en la calle, en el transporte público, incluso al robo parcial o total de vehículo, pero paradójicamente dicho delito ni siquiera se encuentra tipificado dentro del Código Penal.
De esta manera, en su iniciativa, el mandatario planteó suplir el delito de chantaje por el de extorsión para imponer de tres a 10 años de prisión y multa de hasta mil días de salario mínimo, al que sin derecho, por cualquier medio, pretenda obligar u obligue a otro a dar, hacer, tolerar o dejar de hacer algo que pueda causarle un daño patrimonial, moral o psicológico.
También propuso que las penas previstas en el artículo 241 del Código Penal, se aumente en dos terceras partes y además se imponga la destitución del empleo, cargo o comisión públicos, inhabilitación de uno a cinco años para ejercer cargos o comisiones públicas y en su caso, la suspensión del derecho de uno a cinco años para ejercer cargos en corporaciones de seguridad privada, cuando sea cometido por un servidor público.
Para consolidar la iniciativa, planteó modificar el artículo 93 del Código de Procedimientos Penales, para que el delito de extorsión se incluya dentro del catálogo de delitos graves, por afectar de manera importante bienes jurídicos, además de que el infractor no tendría derecho a salir en libertad bajo caución.
La iniciativa fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su análisis, revisión y elaboración del dictamen correspondiente.