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La Procuraduría General de la República (PGR) declaró inimputable a Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, conocida como Mamá Rosa o La Jefa, por lo que no puede ser juzgada por los delitos que pudo haber cometido al operar el albergue La Gran Familia que se ubica en Michoacán, a pesar de las acusaciones que existen en su contra por maltrato hacia los internos, ya que un dictamen concluyó que presenta “trastornos seniles, un deterioro físico, orgánico y cerebral, así como facultades cognitivas intelectuales disminuidas”.
Sin embargo, la PGR analiza la presentación de una demanda de extinción de dominio para el complejo donde funcionaba el albergue, es decir, que la propiedad del terreno, edificio y mobiliario serían arrebatados a sus dueños, en este caso la asociación civil La Gran Familia, bajo el argumento de que el predio se usó para cometer delitos graves.
De acuerdo con una nota del periódico El Universal, el procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer que seis colaboradores de Mamá Rosa ingresaron a una prisión federal de Tepic, Nayarit, por delincuencia organizada, secuestro, así como trata de personas en tres modalidades: con fines de mendicidad forzosa, para captar, retener, entregar, transportar y recibir a una persona o varias para ponerlas a mendigar; por explotación de la mendicidad ajena y con fines de explotación laboral.
Hasta el momento, reveló, existen 150 denuncias ante la PGR, desde el pasado 15 de julio, cuando se intervino el internado, por lo que la investigación sigue abierta por la compra de menores ante notario público; para establecer el destino final del dinero que recibía como aportaciones; si hubo negligencia de autoridades para vigilar el trato hacia los menores y hasta si los padres que abandonaron ahí a sus hijos tienen responsabilidad.
También hay un desglose de la indagatoria por abusos sexuales, y hasta el momento hay cinco víctimas confirmadas, pero resta el resultado de otros peritajes; además reveló que “hay muchas niñas que son madres, que estaban en una habitación específica, de 14 a 16 años, además de adultas”.
Ante este caso, Murillo Karam sostuvo que “si queremos buscar culpables yo los sumaría a todos, porque esto tiene muchos orígenes, tiene muchas cosas, en las que todos tenemos responsabilidad”.
Sobre la situación legal de Mamá Rosa, quien quedó en libertad, el procurador dejó en claro que “no tiene nada que ver la imputabilidad de la señora con presiones de ningún tipo”.
Murillo Karam detalló que en el caso de Mamá Rosa se determinó el no ejercicio de la acción penal a partir de un peritaje médico psicológico, que señala: “su coordinación física y motriz está sumamente mermada, cualquier esfuerzo físico le produce sofocación, lo que trae como consecuencias problemas en la respiración y arritmia (...) se infiere que ella debe permanecer largos periodos en reposo, lo que afecta de manera directa su desempeño en cualquier actividad”.
De acuerdo a su condición física y patológica “se observa que presenta un grave deterioro físico, orgánico y cerebral; y existe un grave riesgo de un síndrome coronario agudo o un evento vascular cerebral”, se informó.
La perito sicóloga y criminóloga, concluyó que “las facultades cognitivas intelectuales de Rosa Verduzco están disminuidas; que la condición mental y física la incapacitan para llevar el control administrativo y de dirección relativo al control de personal, de trabajadores, alumnos o internos de la casa”.
El procurador federal detalló que por su avanzada edad, “presenta síntomas característicos de trastornos de la senilidad, y esta es la razón principal en que los términos de la ley obliga a esta institución a no ejercer acción penal en su contra”, ya que no tiene la capacidad para poder responder a cargos ni puede ser juzgada.
No obstante, el procurador indicó que “hay muchas imputaciones contra ella, sobre todo de golpes”.
Sobre los colaboradores de La Jefa enviados a prisión, el procurador detalló que Felipe Serrano Gómez, era el administrador y contador la casa-hogar, acusado por las víctimas de golpes y abusos “verdaderamente graves”. Lourdes Verduzco Verduzco, tenía a su cargo las llaves de cada uno de los dormitorios en los que encerraban a todas las víctimas, incluso el cuarto de castigo El Pinocho.
Mientras que David Rogelio Álvarez Murillo vigilaba para no permitir escapar a las víctimas, “ya que cuando alguno de ellos lograba evadirse, de inmediato salía en su búsqueda, y en caso de que los encontrara les propinaba golpizas y los volvía a encerrar en El Pinocho”.
José Enrique Hernández Valdovinos, presuntamente abusaba de las víctimas. “Según las acusaciones hay actos de pederastia con hombres y mujeres, a los cuales con amenazas obligaba a que le realizaran diversos actos sexuales; desempeñaba labores de vigilancia y mantenimiento en la casa-hogar”, detalló el procurador.
Vicente Carlos Félix Durán vigilaba el área del patio de primaria, “cuenta con señalamientos de agresión sexual y de golpear a los menores”; Miguel Ángel Ibarra Valenzuela es señalado por víctimas “como quien los golpeaba y existen testimonios que lo vinculan con agresiones sexuales, se encargaba de ingresar a las personas que se portaban mal a El Pinocho”.
Se ordenó la libertad con reservas de la ley a la maestra María Rosa Oliveros Méndez, mientras que a Claudia Priscila Solórzano Rodríguez se le dejó en libertad absoluta, ya que “fue señalada por los menores como quien los protegía, cuidaba y, según ella, declaró que no tenía el acceso al segundo patio y demás instalaciones fuera del primer patio y salones de clases. Esta persona es reconocida por las víctimas como el único auxilio que tenían”.
El Ministerio Público documento delitos graves
La justificación que el Ministerio Público presentaría a un juez para una demanda de extinción de dominio del albergue se basa en que se dieron situaciones de trata de personas y secuestro, dos ilícitos que de acuerdo con el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pueden dar pie al decomiso de una propiedad privada.
El procedimiento de extinción, subraya la Constitución, es de naturaleza civil y totalmente autónoma del proceso penal. Es decir, el albergue podría pasar a manos del Estado aunque no haya personas sentenciadas por los delitos mencionados.
Funcionarios ministeriales consultados por el diario 24 Horas señalaron que se está reuniendo la documentación necesaria y analizando las evidencias con la que se cuenta para integrar la demanda federal de extinción que se presentará ante el juez.
En particular, se verifica la situación de cada uno de los inmuebles para revisar si la solicitud aplicaría a todo el complejo en su conjunto. Cabe señalar que en el terreno no solo están los dormitorios y cocinas del albergue, sino también escuelas donde se daban clases, canchas deportivas y otras áreas.
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, para la presentación de la demanda la PGR puede utilizar la información contenida en las averiguaciones previas abiertas bajo los términos del Código Penal o la Ley Federal de Delincuencia Organizada.
En el caso del albergue de Mamá Rosa la PGR tiene iniciada una averiguación previa a través de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos de la SEIDO.
En dicho expediente, hasta ahora sustentado fundamentalmente en declaraciones de víctimas, se presume que decenas de niños fueron privados ilegalmente de su libertad. A esto se suman una serie de abusos y maltratos descritos que pueden configurarse como casos de trata de personas.
Investigan destino de donaciones
Dentro de las investigaciones que la PGR tiene en curso relacionadas con el albergue de La Gran Familia, se verifica también la utilización de recursos que instancias públicas y privadas dieron al albergue y que, de acuerdo con los primeros hallazgos, no fueron utilizados en beneficio de los menores que se encontraban internos.
Fuentes ministeriales señalaron al diario 24 Horas que las condiciones de las instalaciones no reflejan que se haya utilizado adecuadamente el dinero que se supone recibía la asociación civil que operaba el recinto.
Por ejemplo, en años pasados la corona británica entregó a La Gran Familia recursos para la instalación de un gimnasio en el albergue, pero de acuerdo con las autoridades consultadas no hay aparato alguno.
“Por supuesto que queremos saber sobre todo el destino de esos recursos. Es algo que vamos a revisar”, declaró ayer el procurador Murillo Karam.