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Arguyen irregularidades cometidas por Tlapale e impone a su hija Karina Erazo Rodríguez.

Un grupo de 15 de los 23 integrantes del Comité de Vigilancia del sindicato de burócratas 7 de Mayo encabezados por los exlíderes Guadalupe Rodríguez Guzmán y su esposo Pedro Erazo Rivera, desconocieron al secretario general Edgar Tlapale Ramírez, quien la víspera los mandó a trabajar a sus centros laborales.

Molestos por lo que consideraron una decisión unilateral e injusta, el matrimonio Erazo Rodríguez movilizó a la mayoría de los miembros del Comité para quitar la representatividad al dirigente y en su lugar imponer a su hjija, Karina Erazo Rodríguez, quien se encontraba como la segunda al mando.

Aseguraron que los estatutos del gremio permiten que una mayoría calificada de miembros del consejo directivo tiene la hacer este tipo de modificaciones.

La víspera en un comunicado dedicado a la base trabajadora, la dirigencia del sindicato informó que los exsecretarios generales Guadalupe Rodríguez Guzmán y Esteban Pedro Erazo Rivera, entre otra decena de trabajadores que gozaban de prerrogativas sindicales, estando en la transgresión, dejaron de pertenecer al personal de apoyo con goce de sueldo íntegro y se reincorporan a sus centros de trabajo.

"Son tiempos de cambio y de que opiniones nuevas y frescas continúen fortaleciendo la unidad y el respeto que la organización sindical ha ganado en más de 50 años de lucha. A partir del 4 de agosto, de acuerdo con  el Comité Ejecutivo del sindicato, los trabajadores mencionados se han reincorporado a sus respectivas áreas de trabajo, como trabajadores de base, para desempeñar sus actividades laborales, por lo tanto a partir de la fecha señalada, dejan de contar con facultades de representación y gestoría a favor del sindicato y de los trabajadores afiliados", se puede leer.

Por su parte, los Rodríguez y los Erazo aseveraron que el desconocimiento a Tlapale Ramírez tiene que ver también con que venía avalando irregularidades en el actuar del abogado del sindicato con respecto a una presunta falsificación de documentos en torno a amparos promovidos contra la nueva Ley de Pensiones Civiles.

 

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