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Las leyes secundarias en materia energética profundizarán la desigualdad, la discriminación, aumentarán la pobreza, debilitarán el mercado interno y generarán conflictos sociales por descontento, afirmó la Senadora del PRD, Lorena Cuéllar Cisneros, al hablar en contra de la primer minuta fiscal en materia energética.
Informó que el objetivo de esta minuta es establecer el régimen de ingresos que percibirá el Estado mexicano por concepto de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos; sin embargo, dijo que en la legislación no se define lo que es renta petrolera, lo que deja abierta la posibilidad a compartirla con los contratistas y asignatarios.
“Las imprecisiones del dictamen permiten una enorme discrecionalidad por parte de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público que seguramente se prestarán a abusos, corrupción y deficiencias en los cálculos que se traducirá en pérdidas”, sostuvo la legisladora por Tlaxcala.
Cuéllar Cisneros mencionó que es incuestionable la petrolización de las finanzas públicas, ya que el gobierno nunca ha planteado un esquema para mejorar la recaudación tributaria.
Por ello, señaló que antes de plantear una reforma como la que se pretende deben fortalecerse y ampliarse las facultades de las haciendas estatales y municipales en materia tributaria.
Aseguró que la reforma fiscal que se presenta en la minuta disminuye la participación del Estado como proveedor de bienes y servicios para el desarrollo y lo convierte en un simple mediador de conflictos que transfiere recursos a la población en situación de pobreza para hacerlos agentes del mercado.
Finalmente, la Senadora del PRD reiteró que la reforma despoja a México de una riqueza que bien puede ser usada para garantizar a la población educación, vivienda y seguridad social.
PALABRAS DE LA SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GPPRD, AL FIJARPOSICIONAMIENTO AL DICTAMEN POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, Y DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; Y SE EXPIDE LA LEY DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO EL DÍA DE HOY DURANTE SU INTERVENCIÓN EN TRIBUNA.
México, D.F., a 5 de agosto de 2014
Con su venia Señor Presidente,
Compañeras y compañeros Senadores,
El presente dictamen es transcendental para la vida de las y los mexicanos porque tiene como centro establecer el régimen de ingresos que percibirá el Estado mexicano por concepto de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.
Y esto debe ser tratado de manera más detenida puesto que historicamente los ingresos petroleros han solventado buena parte del gasto público, llegando a representar el 40 por ciento de los mismos.
¿Cómo vamos a garantizar y a asegurar que la Nación capture la renta petrolera?
¿Cómo lo vamos a hacer si en la Ley de Hidrocarburos y en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos que discutimos hoy, ni siquiera se define lo que es la renta petrolera?
Esta omisión debe solventarse para asegurar que el gobierno federal cumpla con su palabra de NO compartir la renta petrolera, porque más allá de su campaña mediática a favor de esta reforma, estos contratos establecen contraprestaciones para los privados que incluyen porcentajes de utilidad y producción compartida.
Así lo han puesto en evidencia distintos expertos, señalando que bajo el escenario en el que se están planteando las cosas, no se cumplirá el propósito de capturar dicha renta.
Las imprecisiones del dictamen permiten una enorme discrecionalidad por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que seguramente se prestarán a abusos, corrupciòn y deficiencias en los cálculos, que se traducirá en pérdidas no para el gobierno, sino para el total de la población mexicana.
Es una vergüenza que se hayan ajustado las cuotas contractuales para fase exploratoria, que fueron disminuidas de la cantidad de dos mil seiscientos cincuenta a mil ciento cincuenta pesos.
Ambas cuotas de facto son irrisorias para una empresa transnacional, si tomamos en cuenta los altos beneficios por explotación que reportará un kilometro cuadrado de terreno.
Hace algunos años, decia “Yon Rokefeler”, fundador de la petrolera Estándar Oil, hoy conocida como Exxon Mobil, que el mejor negocio del mundo es una empresa petrolera bien gestionada, y el segundo mejor negocio es una empresa mal gestionada.
Afirmación que sigue siendo válida si analizamos que siete de las veinte empresas más lucrativas del mundo son petroleras, según el ranking de la revista Forbes.
Sin embargo, el problema de fondo no es este, sino la paradoja de que las listas de Estados fallidos están siempre encabezadas por países con la mayor abundancia de recursos naturales.
Así que ahora vienen al nuestro, con un gobierno que les pone la mesa a la medida de sus negocios, completamente ajeno al interés social.
No podemos omitir que dentro del inestable ambiente que ha rodeado a la economía de nuestro país en las últimas décadas muchas de las crisis económicas han podido mitigarse gracias a nuestro petróleo.
Recordemos la de finales de los SETENTAS, producto de una fuerte devaluación a nuestra moneda; las que se dieron en los OCHENTAS derivadas de los problemas en nuestra balanza comercial; y quien no recuerda la crisis del 95, donde salimos adelante por el endoso petrolero que el entonces gobierno Zedillista hizo a los Estados Unidos como garantía para solventar la crisis.
Y, recientemente, en los gobiernos panistas gracias a la bonanza petrolera que vivimos, fueron sacrificadas grandes sumas de ingresos fiscales y hubo un fuerte crecimiento en gastos suntuarios e improductivos
Es incuestionable la importancia de los ingresos petroleros en el gasto público para que este pueda mantener su ritmo, ya que el Gobierno nunca se ha planteado un esquema que mejore y haga más eficiente la capacidad de captación tributaria.
Antes de plantear una reforma como la que hoy se pretende, deben fortalecerse y ampliarse las facultades de las haciendas Estatales y Municipales en materia tributaria.
En su lugar, se ha privilegiado a grandes empresas a través de la condonación de sus deudas fiscales y se han impulsado reformas que contravienen el espíritu plasmado en nuestra Constitución.
Aunque no sea nota del canal de las estrellas, aún no olvidamos que el gobierno de Peña Nieto le condonó a Televisa más de 3 mil 300 millones de pesos.
Esto nos permite avizorar lo que vendrá, y por eso les pregunto, a los legisladores del PRI y el PAN, ¿a dónde vamos con un gobierno que entrega nuestra renta petrolera y exime del millonario pago de impuestos a las grandes empresas?
Es inmoral lo que pretenden hacer con esta reforma, porque al final quienes pagan las cuentas son los ciudadanos que carecen de obras y servicios.
Nuestro país lleva 30 años con un modelo que privilegia el desarrollo de los mercados y la inversión privada como motores del crecimiento y subordina la política social a proporcionar seguridad a esa inversión, al logro de la estabilidad económica y a mitigar los efectos sociales del modelo.
La reforma que presenta este dictamen disminuye la participación del Estado como proveedor de bienes y servicios para el desarrollo, lo convierte en un simple mediador de conflictos que transfiere recursos a la población en situación de pobreza para hacerlos agentes del mercado.
Por lo tanto, los resultados que traerán las reformas que plantea el presente dictamen, profundizarán la desigualdad, la discriminación, aumentará la pobreza, se debilitará nuestro mercado interno y se generará un efecto social en el que, según los especialistas, la gente se verá enojada, frustrada y violenta.
Frente a esta expectativa, tenemos que sumar que tanto la CEPAL como el Fondo Monetario Internacional acaban de ajustar a la baja su estimación de crecimiento para nuestro país a 2.5 por ciento. Es decir, seguiremos en las mismas, hablando en términos de generación de empleos y creación de infraestructura.
Por lo tanto, no es de extrañarse que el Gobierno le apueste tanto a esta reforma, sin embargo, Y ESTO ME PARECE UNA BURLA, Jose Ángel Gurria, Secretario General de la OCDE, acaba de advertir que las reformas que se están dando en nuestro país darán resultados hasta el año 2050, donde la renta per cápita converja con la del promedio de los países de la OCDE.
Por eso mi voto es en contra de esta ignominia, porque antes de entregar nuestra riqueza nacional debemos pensar en nuestros niñas y niños que no cuentan con el sustento necesario que les permita acceder a la alimentación.
Voto en contra, porque este dictamen despoja a nuestro país de una riqueza que bien puede ser usada para que nuestros jóvenes tengan acceso a la educación y oportunidades de empleo.
Voto en contra, por que se comete una afrenta contra las familias de este país que no tienen garantizada una vivienda, sus servicios básicos o su seguridad social.
Y voto en contra porque no puede contraponerse el interés de una clase que se muestra regalando vehículos y casas de lujo a sus hijos a expensas de la riqueza de los mexicanos.
Es cuanto señor presidente.