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A un día de cumplirse un año de que hizo pública su iniciativa de reforma energética, la cual modifica los artículos 27 y 28 constitucionales para abrir al capital privado –nacional y extranjero– la producción de hidrocarburos y la generación de energía eléctrica, el presidente Enrique Peña Nieto promulgará hoy las 21 leyes secundarias que formaron ese paquete legislativo, con lo que éstas entran en vigor mañana mismo.
De acuerdo con una nota del periódico La Jornada, Palacio Nacional será el escenario en el que el Ejecutivo federal oficializará y pondrá en marcha la reforma energética ante funcionarios del gabinete legal y ampliado, gobernadores, representantes de las cámaras de Diputados y de Senadores, líderes empresariales y de cámaras de comercio, dirigentes sindicales, académicos y embajadores acreditados en el país.
Hace casi un año, el 12 de agosto de 2013, Peña Nieto anunció su paquete de reformas en la residencia oficial de Los Pinos, donde apeló a la figura y textos del ex presidente Lázaro Cárdenas del Río para justificar su iniciativa; además aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ‘‘no se venden ni se privatizan’’.
Una vez que el Congreso reformó los artículos 27 y 28 constitucionales en diciembre pasado, el Ejecutivo federal le envió el 30 de abril el paquete de 21 leyes secundarias que reglamentan las modificaciones a la Carta Magna que permiten el ingreso de la iniciativa privada a la exploración, explotación y venta de hidrocarburos, así como a la generación y venta de energía eléctrica.
En aquel entonces, el presidente Peña Nieto afirmó que su propuesta partía de que México estaba ante una ‘‘oportunidad histórica’’ de transformar y elevar, con la aplicación de dicha reforma, la calidad de vida de todos los mexicanos.
‘‘Si aprovechamos esta gran oportunidad se habrán de crear cientos de miles de nuevos empleos y bajará el precio de la luz y el gas’’, dijo. Puso énfasis en que su iniciativa –que fue enviada ese mismo día al Senado, el cual la aprobó en definitiva la semana pasada– ‘‘retoma palabra por palabra’’ la iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional enviada en su momento por el presidente Lázaro Cárdenas, misma que permitía al Estado celebrar contratos con particulares.
En esa fecha, el Ejecutivo prometió que, gracias a la reforma, se aumentará de 2.5 millones de barriles diarios de petróleo, que actualmente se producen, a 3 millones en 2018 y 3.5 millones en 2025. En el caso del gas natural, la producción pasará de mil 700 millones de pies cúbicos diarios actuales a 8 mil millones hacia 2025, según previó.
Las leyes que serán promulgadas hoy son: de Inversión Extrajera; Minera; de Asociaciones Público Privadas; de Industria Eléctrica; de Energía Geotérmica; de Aguas Nacionales; de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; de Petróleos Mexicanos; de la Comisión Federal de Electricidad; Federal de las Entidades Paraestatales; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
También, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; Orgánica de la Administración Pública Federal; de Ingresos sobre Hidrocarburos; Federal de Derechos; de Coordinación Fiscal; del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley General de Deuda Pública.
Reformas tendrán implicaciones en el presupuesto de egresos de 2015
El Ejecutivo debe integrar en la propuesta de Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015 las nuevas disposiciones de la hacienda pública y la coordinación fiscal, derechos e impuestos de hidrocarburos establecidos en la legislación secundaria de la Reforma Energética.
Ésta es una de las 11 acciones concretas que el gobierno federal, el Senado y la Cámara de Diputados están obligados a realizar para el arranque de la nueva legislación que entrará en vigor plenamente en enero del próximo año.
De acuerdo con los tiempos establecidos en el régimen transitorio de los seis dictámenes de nuevas leyes y reformas de ley que aprobó la semana pasada el Congreso de la Unión, 2015 será el año que en el que se concentrará el mayor número de cambios que el Ejecutivo debe realizar para comenzar con el cambio estructural que implica esta reforma.
Según otra nota del periódico Excélsior, las disposiciones en materia de coordinación fiscal, de responsabilidad hacendaria; el nuevo Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, que tendrá un máximo de 11 mil 800 millones de pesos, así como la primera fase de disminución de la carga fiscal de Pemex, entre otras, que deberán incluirse en el paquete económico del 2015 a presentarse a los diputados federales a más tardar el 8 de septiembre próximo, serán una realidad a partir del primer día del próximo año.
Legisladores aún deben realizar 11 acciones concretas, entre ellas, incluir la energética en el paquete económico.
Fue en diciembre pasado cuando los legisladores pusieron fin al nacionalismo petrolero, con la aprobación de la reforma constitucional que permite a México abrir a la iniciativa privada su industria energética, pero hasta la semana pasada ambas cámaras del Congreso de la Unión concretaron el paquete de nueve leyes nuevas y 12 reformas de leyes existentes, que traducen esa reforma constitucional en una serie de cambios que crean una distinta estructura petrolera y de energía eléctrica.
El titular del Ejecutivo federal debe también enviar al Senado las propuestas para la integración del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y CFE; de igual forma, debe emitir la reglamentación de la Ley de Energía Geotérmica; la CFE solicitará a la Secretaría de Energía su Ronda Cero para la energía geotérmica, mientras que los directores generales de ambas empresas deben nombrar al titular de la Auditoría Interna respectiva.
Por su parte, los consejos de administración de Pemex y CFE someterán a aprobación de la reorganización de las empresas.
Todas estas decisiones son previas a la entrada en vigor de la reforma a partir del 1 de enero, cuando aplicarán las reglas de los Ingresos Derivados de Asignaciones para Pemex y comience a operar el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, así como el cambio del régimen fiscal de Pemex. La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán otorgar permisos y autorizaciones para tratamiento, refinación, procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y regasificación.
También el próximo año vence el plazo máximo para que el Ejecutivo federal emita los reglamentos para el comercio de gas natural, gas licuado de petróleo, gasolinas, transporte, ductos y expendio al público; para la creación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace); envíe al Senado su propuesta para el nombramiento de los nuevos integrantes, de las vacantes de la CNH y de la CRE, y para que emita el Reglamento de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
PRI y PRD se enfrentan por cambios
El coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa, aseguró que la Reforma Energética permitirá a México ser una potencia económica en el mediano plazo.
“Para 2018 la economía nacional crecerá en 1% adicional y, con ello, los universitarios dispondrán de 500 mil empleos extra, pues en una década la industria energética generará 2.5 millones de trabajos y creceremos 3% más.”
En contraste, el líder de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Miguel Barbosa, aseguró que no hay nada qué festejar: “la reforma fue aprobada supuestamente para organizar todo el esquema nacional, pero en los hechos beneficiará a los mismos grupos de poder político y económico de siempre”.
Mientras tanto, Gamboa aseguró que “una vez promulgada por el Ejecutivo, los mexicanos sentirán los beneficios, para tener pleno acceso a la energía, la reducción del precio de la luz y el gas en un plazo no mayor a dos años, así como una mejor calidad en las gasolinas”.
Añadió que “Pemex y CFE seguirán siendo de todos los mexicanos”.
Detalló que a nivel regional, la reforma energética impulsará el desarrollo, al grado que estados podrán especializarse en las energías que mejor puedan producir; que el sector hidrocarburos compre, cuando menos, 35% de sus insumos a industrias mexicanas, y se generen numerosos proyectos de infraestructura en el país.
Al respecto, Barbosa señaló que “con la reforma diseñada por legisladores afines a la Federación se privatizan los recursos naturales, se entrega la renta petrolera a empresas privadas, se legaliza el desmantelamiento de Pemex y CFE, se afecta la estabilidad laboral de miles de trabajadores dedicados a la exploración, extracción, refinación, distribución y comercialización de hidrocarburos.
“Muy pronto se verán los saldos de esta reforma. Se derrumbará la fachada de éxito y quedarán al descubierto los resultados de una privatización fallida”, afirmó.