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Por el aparente delito de desvío de recursos públicos, el Congreso local determinó proceder jurídicamente en contra del presidente municipal de Nativitas, el priista Cuauhtémoc Barranco Palacios, tras haber desconocido los acuerdos con el Poder Legislativo y negarse en aplicar los 50 millones de pesos de presupuesto.
Al respecto, el Presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Salvador Méndez Acametitla, criticó el actuar de Barranco Palacios, ya que nuevamente le suspendió el salario a varios integrantes del cabildo, desde presidentes de comunidad, regidores y hasta la síndico municipal.
Incluso, precisó que el alcalde priista mantiene su negativa en aceptar los acuerdos aprobados por la mayoría de los integrantes del cabildo, entre ellos el presupuesto de egresos para el presente ejercicio fiscal, que rebasa los 50 millones de pesos.
Durante la sesión de la Comisión de Finanzas, Crispín Corona Gutiérrez, titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), propuso que a través de la Dirección Jurídica del Poder Legislativo se inicie una acción legal en contra del presidente municipal emanado del PRI, en el supuesto de que continúe su negativa en acatar los acuerdos aprobados por el propio cabildo.
Cabe hacer mención, que en el municipio de Nativitas fueron aprobados dos presupuestos, uno de ellos que fue propuesto por el grupo del alcalde, sin embargo, el grupo identificado con la síndico, fue el que tuvo la mayoría de votos de los integrantes del cabildo.
Sin embargo, esa determinación pretende ser desconocida por el priista Cuauhtémoc Barranco, quien insiste en aplicar su propio presupuesto.
Tras lo anterior, los diputados de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, acordaron esperar a la entrega de cuenta pública correspondiente al mes de abril, con el objetivo de conocer el presupuesto que se está aplicando en Nativitas, ya que la aprobación para la aplicación de los recursos públicos, fue aprobada por el cabildo en el mes de marzo.
En caso de que la aplicación del presupuesto sea diferente al aprobado por la mayoría del cabildo, representaría un desvío de recursos, por lo que sería denunciado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por esa irregularidad.