- Seguridad
El Mando Único Policial pondrá en evidencia las carencias y las condiciones disparejas en que laboran las diferentes policías municipales y con respecto a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), pues si bien se emprenderán acciones conjuntas que permitan el mejoramiento y fortalecimiento de los cuerpos de seguridad, incluida la profesionalización, los gastos administrativos correrán exclusivamente a cargo de los municipios y no se prevé una mejora en las circunstancias laborales de los uniformados.
Será así que quedarán más de manifiesto las diferencias en los salarios que perciben policías en lugares como Apizaco, Tlaxcala, Huamantla o Calpulalpan, respecto a los de comunas más pequeñas, sin que el Estado pueda intervenir para mejorar esa parte que es sustancial para el desempeño de los elementos.
Incluso, la jornada de servicio de los elementos operativos adscritos a los cuerpos policiacos municipales se definirá acorde a las necesidades del servicio que requiere el Ejecutivo, en consideración de la capacidad presupuestal del municipio.
El Mando Único que fenecerá el 31 de diciembre de 2016 en Tlaxcala, “es la implementación de la política pública integral consistente en el conjunto de órdenes, lineamientos y estrategias a través de las cuales se regulará la actuación operativa, conjunta y coordinada de los elementos que conforman el cuerpo de la policía estatal y los cuerpos de las policías municipales, a través de una sola instancia rectora que será el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”, según se describe en el convenio respectivo.
Entre otros aspectos, destaca el objetivo de eficientar la capacidad de respuesta de los elementos policiales en el estado a través de la articulación de acciones conjuntas, así como optimizar los recursos humanos, materiales y presupuestales que estén disponibles para el combate a la delincuencia.
La profesionalización obliga a los municipios a evaluar a todos los efectivos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública por conducto del Centro Estatal de Evaluación y Confianza, al que le pagará por esos servicios; a partir de la suscripción del acuerdo, el Ejecutivo del Estado prácticamente será el que defina si la persona que el alcalde nombró como titular policiaco en su demarcación cumple con el perfil, e incluso de designarlo directamente en caso de deficiencias o falta de perfil.
Los municipios estarán obligados a implementar los mecanismos administrativos ágiles para homologar y elevar las prestaciones económicas y sociales de los elementos si la disponibilidad presupuestal lo permite.
Para la selección y depuración del personal policial, los ayuntamientos tendrán que mantener actualizado permanentemente su Sistema Estatal de Personal de Seguridad Pública, informar sobre las altas y bajas, utilizar formatos comunes para el reporte de hechos delictivos, así como informar las incidencias respecto al armamento y municiones, y en toda acción conjunta utilizará solo su equipamiento propio, previamente registrado con la Licencia Oficial Colectivo número 120.