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México, D.F., a 10 de septiembre de 2014.- Al iniciar las audiencias públicas en el Senado de la República para discutir la Ley de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, iniciativa que presentó el Ejecutivo federal con carácter de preferente, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros se pronunció por un debate amplio y plural que lleve a construir normas jurídicas, políticas públicas y una sociedad que favorezca a este sector de la población.
Tras destacar que en México el 54 por ciento de la población infantil de México vive en pobreza, es decir cerca de 22 millones, apuntó la necesidad de garantizar el respeto efectivo a los derechos de la niñez.
La legisladora tlaxcalteca indicó que la propuesta del Ejecutivo deberá analizarse de manera detallada ya que su aprobación impactará en 40 millones de niños y adolescentes.
La legisladora reconoció que la propuesta legislativa muestra avances, sin embargo, señaló que aún hay pendientes que se trabajaran conforme su análisis.
Entre los temas fundamentales es dejar atrás la visión asistencialista que ve a los niños y niñas como sujetos de protección y entender que son titulares de derechos. También se debe aclarar el presupuesto que se asignara a las tareas propuestas.
“Debemos asegurar que la reforma garantice efectivamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que cuente con un sistema de protección especial mediante el cual sean exigibles y restituibles los derechos que no se cumplan”, acotó la secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
En los trabajos de instalación para analizar el proyecto de ley participaron integrantes de las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables, Derechos Humanos, Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Educación, Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda, y Humberto Castillejos Cervantes, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
La Ley de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes por gozar de un carácter de iniciativa preferente que se presentó el pasado 1 de septiembre, cuenta con 30 días para su análisis y posible aprobación.