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La Comisión Especial de la Cámara de Diputados para dar seguimiento al derrame de diversas sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora, concluyó que dicha entidad y sus habitantes “no se han beneficiado” de la explotación de diversos recursos naturales por parte de la empresa Grupo México y su filial la mina Buenavista del Cobre S.A. de C.V.
Según una nota del periódico El Universal, corroboraron que las minas han puesto en riesgo la vida humana, el entorno ambiental y el desarrollo económico de la región.
En el informe aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados se exige a la autoridad competente redoblar las acciones de vigilancia y supervisión de la mina Buenavista del Cobre, para revisar las violaciones con el “objeto de proceder a la suspensión de actividades y a la evaluación de la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México”.
Al debatir el informe, los diputados Cristina Olvera (Panal), Lilia Aguilar (PT), Alfonso Durazo (MC), Ximena Martel (Verde), Miguel Alonso Raya (PRD) y José Enrique Reina (PAN) exigieron que se le retire la concesión a Grupo México por este desastre.
Al presentar las conclusiones ante el pleno de San Lázaro, el presidente de la comisión especial, Marco Antonio Bernal (PRI), dijo que además del fideicomiso de dos mil millones de pesos que pondrá Grupo México, se debe crear otro Fondo de Desarrollo Regional de cinco mil millones de pesos, solventado por dicha empresa.
Con este fondo adicional se busca que se “detone el potencial de desarrollo que Grupo México le ha escamoteado a la entidad”, detalla el informe presentado.
Esto servirá, dijo, para atender a la población afectada, evaluar hasta dónde ha llegado la contaminación y vigilar la presa El Molinito, que abastece de agua a la ciudad de Hermosillo; así como reactivar económica y socialmente la región y abastecer de agua potable la región.
En el informe se detalla que la extracción de las riquezas minerales no ha ayudado a elevar el nivel de vida de los sonorenses; al contrario, Grupo México y Buenavista del Cobre lejos de actuar como una empresa responsable, respetuosa del medio ambiente y solidaria con la población de la zona “ha puesto en riesgo la vida humana, el entorno ambiental y el desarrollo económico de la región”.
En el informe de 44 páginas, se agrega que una mina que reporta ganancias de 4.4 millones de dólares diariamente, que cuenta con un historial negativo y de impunidad, que no protege la salud de sus trabajadores y cierra centros hospitalarios, como el Hospital del Ronquillo, que no respeta derechos laborales y que no contrata personas de Cananea y exhibe letreros discriminatorios en las puertas de sus instalaciones, no puede ser considerada en México como una empresa socialmente responsable.
Dicha comisión especial solicita que las autoridades federales impongan una “sanción ejemplar, penal, civil y administrativa” a la empresa minera Grupo México y los mandos directivos.
El comisionado presidencial para atender la contingencia en Sonora, Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, informó que hoy se expedirán los primeros cheques a personas afectadas en su salud; esto, una vez que los expertos definieron qu
iénes presentan afectaciones.
Las recomendaciones de la Cámara de Diputados
En cuanto al fondo de desarrollo regional que financiaría Grupo México, sugieren que incluya todos los aspectos básicos para la reactivación económica y social de Sonora, “como un mecanismo compensatorio que restituya la equidad distributiva, con un piso inicial de cinco mil millones de pesos, aportado por la empresa, y detone el potencial de desarrollo que Grupo México le ha escamoteado a la entidad”.
Que el fondo ya anunciado por el gobierno federal, con cargo a Grupo México, con un monto inicial de dos mil millones de pesos, “debe tener un enfoque preponderantemente humano y priorizar la reparación de los daños” ocasionados por el derrame.
El fideicomiso solventado por la empresa debe garantizar a los municipios afectados el abasto suficiente y oportuno de agua potable.
Hacer valer el imperio de la ley exigiendo a todas las autoridades el ejercicio de todas las acciones y recursos civiles, penales, administrativos y laborales a que haya lugar, para sancionar de manera ejemplar a la empresa y personas que resulten responsables.
Actualizar el marco regulatorio para fijar sanciones y multas de acuerdo al daño generado, proporcional a las ganancias percibidas y a las reincidencias en ilícitos. Y, entre otras medidas, establecer que “pierde la concesión quien contamina y pone en riesgo los ecosistemas y la vida humana”.
Garantizar el acceso oportuno a servicios de salud de calidad, para atender las repercusiones, afectaciones presentes y futuras, provocadas por el derrame.
La empresa debe cumplir con las medidas sanitarias emitidas por la autoridad con el objetivo de proteger la salud de los pobladores.
Deberá garantizarse a los pobladores de la región el pleno ejercicio de sus derechos humanos, como el acceso al trabajo digno sin discriminación.
Invertirán $8 millones en obras de restauración
Para atender y revertir los daños ocasionados por el derrame en la mina Buenavista del Cobre, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) anunció la inversión de ocho millones de pesos a fin de apoyar proyectos de restauración integral y de servicios ambientales, donde participarán ejidos y comunidades de los ocho municipios afectados (incluido Bacoachi) en la cuenca del río Sonora.
Según otra nota del periódico Excélsior, la Conafor dio a conocer que con estos recursos se beneficiará al sector social conformado por dos mil 592 ejidatarios y comuneros de 33 núcleos agrarios.
Detalló que en la parte de la restauración integral, los propietarios o poseedores de terrenos forestales en Arizpe, Banámichi y Huépac podrán ingresar proyectos para trabajos de conservación y restauración de suelos, reforestación y protección de 500 hectáreas en terrenos degradados con pérdida de arbolado o áreas perturbadas por enfermedades, plagas o desastres.
Buscará el PVEM endurecer penas por daño ambiental
El coordinador de los diputados del Partido Verde, Arturo Escobar y Vega, informó que su fracción presentará hoy una iniciativa para reformar la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y aumentar la multa actual en caso de daño al medio ambiente.
Mencionó que se plantea aumentar al triple la pena que se prevé hasta ahora de 40 millones de pesos, en la parte del daño ambiental e incrementar la sanción del sujeto activo.
El retiro de la concesión a la empresa Grupo México, por el derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi no es el camino adecuado, ya que los afectados serían los trabajadores, comentó el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
“Hay un nivel ya de la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes a los ríos Sonora y Bacanuchi, que está dando resultados rápidos y la Cámara de Diputados, en su momento, tiene que hacer las conclusiones”, refirió.
Por separado, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en San Lázaro, Miguel Alonso Raya, señaló que las conclusiones del informe de la Comisión Especial sobre el derrame de tóxicos en esos ríos deben traducirse en modificaciones legales que impidan que hechos de este tipo queden impunes.
“Se trató de hacer un informe lo más objetivo posible, del que se desprende la necesidad de modificaciones legales para establecer con mayor precisión el tipo de sanciones cuando estos hechos acontecen, de tal manera que no queden impunes”, expuso en declaraciones a la prensa al inicio de la sesión de este miércoles.