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Propone reformar artículos 49 y 71 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral.

 Quemaduras, onceava causa de muerte en infantes de uno a cuatro años de edad

México, D.F., a 15 de octubre de 2014.- La senadora Lorena Cuéllar Cisneros presentó una iniciativa para obligar que las estancias infantiles cuenten con una certificación contra incendios que estaría a cargo del Estado.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia sería la institución responsable de establecer los convenios con las instancias especializadas del sector privado o social para que se encarguen de evaluar las condiciones de seguridad de todos los inmuebles y verificar la trasparencia en dichos trámites.

El proyecto de decreto busca reformar los artículos 49 y 71 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de la Familia.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social recordó que el incendió ocurrido en la Guardería ABC donde fallecieron 49 niños y 76 resultaron heridos es una de las tragedias que ha marcado a México  y que obligó a crear Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de la Familia para garantizar condiciones de seguridad entre la población infantil.

Significó un avance para exigir que los servicios que prestan las estancias infantiles sean de calidad, sin embargo la aplicabilidad es limitada y muchos espacios de esta naturaleza funcionan sin los niveles apropiados de seguridad, indicó.

La legisladora tlaxcalteca mencionó que de acuerdo a datos del Instituto para la Medición y Evaluación en Salud (IHME por sus siglas en inglés) las quemaduras son la causa número 11 de muerte en México en niñas y niños de uno a cuatro años de edad.

Explicó que consciente de la tarea que implicaría certificar estos centros de cuidado sería conveniente que el DIF nacional diera prioridad a las zonas donde habita una mayor proporción de población en vulnerabilidad.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de  Derechos de la Niñez y la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

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