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Los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecidos sólo reconocerán como válidos los resultados que los antropólogos argentinos presenten de los análisis que realizan a los cadáveres hallados en fosas clandestinas, advirtió el orador Felipe de Jesús en un mitin celebrado en esta ciudad.
Ayer al mediodía más de 5 mil personas, entre padres de desaparecidos, afiliados a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, labriegos y civiles marcharon para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes.
En el mitin, en nombre de los maestros de la zona 8 –que comprende Apango y Tixtla–, un orador recordó que de estos municipios son 17 de los 43 ausentes y “regresaremos a las aulas hasta que regresen los jóvenes”.
Hizo un reconocimiento a los estudiantes de Ayotzinapa que el año pasado, durante la inundación de la laguna de Tixtla, apoyaron a la población. “¿Quién no recuerda a esas cabecitas pelonas ayudando a sacar el agua de las casas?”, preguntó.
De acuerdo con una nota del periódico La Jornada, el profesor recordó que cuando el actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue gobernador de Hidalgo desapareció la Normal de El Mexe, “pero se equivocó, porque Tixtla no es Hidalgo y Ayotzinapa no es El Mexe”.
En tanto, Felipe de Jesús, en nombre de los padres de los estudiantes desaparecidos, agradeció al pueblo de México por exigir la presentación con vida de los alumnos y denunció que el gobierno federal pretende cerrar el caso, pero “no vamos a descansar hasta que aparezcan vivos nuestros 43 hijos”.
Recordó que durante la plática que los paterfamilias sostuvieron el miércoles con el presidente Enrique Peña Nieto, reclamaron que a sus hijos sólo los busquen en fosas clandestinas y exigieron que no haya “más simulacros” como ese “porque sabemos que nuestros hijos están vivos”.
En tono irónico, Felipe de Jesús dijo que “ya se pasaron del número de 43 los cuerpos hallados; incluso el procurador (Jesús Murillo Karam) dijo que ya había 56 detenidos, pero que les faltaba uno”.
Descartó que los estudiantes hayan ido en el mismo camión con gente armada del grupo delictivo Los Rojos. “Conocemos a nuestros hijos y tenemos información de que fueron a Iguala a recabar recursos para participar en la marcha del 2 de octubre en la ciudad de México”.
Explicó que Peña Nieto les dijo que siente dolor, igual que ellos, y que incluso no duerme, y “nosotros le dijimos que llevamos más de 30 días de no verlos”.
Destacó que advirtieron al jefe del Ejecutivo federal que la vida de sus hijos no es negociable y que “si no puede con el paquete, que renuncie. (Él) nos pidió que le diéramos un mínimo de confianza y respondimos que la confianza se gana con hechos”.
Lamentan las desapariciones forzadas en México
La audiencia solicitada por el gobierno de Enrique Peña Nieto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar su programa nacional en la materia se tornó en juicio a México por la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa.
Por un lado, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, lamentó que las desapariciones forzadas sean práctica recurrente en el país, en tanto que organizaciones no gubernamentales acusaron al gobierno mexicano de omisiones en la “crisis de derechos humanos” que ha revelado el caso de los normalistas.
“No ha habido un cambio contundente en prevenir las violaciones de derechos humanos, en combatir la impunidad. Son cambios cosméticos que no han evitado que se produzcan casos como los de Tlatlaya e Iguala”, acusó Jaqueline Sáenz, coordinadora de Fundar, quien agregó: “Nos impacta a todos los 43 desaparecidos, pero es una crisis de más de 22 mil desaparecidos, con una cifra negra que no se ve”.
Según otra nota del diario La Jornada, el relator para México de la CIDH, James Cavallaro, dijo que se percibe buena voluntad del gobierno federal, que contrasta fuertemente con “la actuación de distintas autoridades estatales y municipales. ¿Cómo se puede superar ese desafió?”
La representación gubernamental, a cargo de la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, admitió que ante hechos como las 43 desapariciones “nunca se puede decir que se está haciendo lo suficiente”. La funcionaria basó su exposición en el programa por el que originalmente pidió México la audiencia, solicitud realizada antes de los hechos de Iguala.
Añadió que “el Estado mexicano no descansará hasta encontrar a los normalistas”.
Frente a las acusaciones al Ejecutivo por su responsabilidad en los casos Iguala y Tlatlaya, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, consideró que es “falso que haya una política de violación de derechos humanos; hay desafíos inmensos, pero no hay política de Estado de violación de derechos humanos”.
Hasta Washington llegaron las protestas por la desaparición de los normalistas, pues a las puertas de la sede donde se realizó la audiencia se apostaron decenas de manifestantes con las fotografías de los 43 normalistas y la consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Dentro del recinto se guardó un minuto de silencio en memoria de los seis estudiantes asesinados durante los hechos de Iguala, previo a una audiencia en la que las organizaciones no gubernamentales demandaron a la CIDH su presencia en México para coadyuvar en el caso de los normalistas. Durante el minuto de silencio, integrantes de las organizaciones no gubernamentales levantaban pancartas que acusaban: “Fue el Estado, justicia, búsqueda, verdad, nunca más”.
En su momento, Álvarez Icaza reconoció en entrevista al término de la audiencia: “Sin duda hay una crisis en materia de derechos humanos en México. Son hechos extraordinariamente graves y la principal preocupación es que los estudiantes aparezcan con vida”.
Adelantó que ambas partes –CIDH y gobierno mexicano– evaluarían los alcances de una posible “asistencia técnica” del organismo para apoyar en la búsqueda de los estudiantes. En su caso, dijo, se analizaría la posibilidad de que participaran peritos de la CIDH especializados en la búsqueda de personas, pero precisó que estaban a la espera de mayor claridad de parte del gobierno mexicano.
PGR investiga responsabilidad de funcionarios estatales por caso Iguala
La cadena de responsabilidades tras el ataque a estudiantes normalistas de Ayotzinapa crece. La Procuraduría General de la República indaga ahora la actuación de autoridades del gobierno de Guerrero. Esta semana, el fiscal general y el jefe de la policía del estado comparecieron ante el Ministerio Público.
Incluso, y como confirmó ayer el jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomas Zerón, el propio ex gobernador Ángel Aguirre podría ser citado a declarar.
Fuentes ministeriales confirmaron al periódico 24 Horas que hasta ahora no existen cargos en contra de algún funcionario del gobierno de Guerrero, sin embargo se están analizando distintos informes y declaraciones y no se descarta que en los próximos días pudiera haber nuevas consignaciones.
La indagatoria referente a la actuación de los funcionarios estatales abarca posibles irregularidades tanto por acciones dolosas, por posibles complicidades, o por omisiones en la actuación.
En particular, según las fuentes consultadas, son tres aspectos los que de inicio se verifican.
El primero de ellos es el levantamiento que hizo la fiscalía estatal de los primeros 28 cuerpos encontrados en fosas clandestinas en Iguala y la recolección de muestras genéticas. Tras un análisis preliminar se encontraron irregularidades en los procedimientos periciales por lo que se verifica si se trató de falta de pericia o de un intento por alterar evidencias.
Otro punto que se verifica es la actuación de policías estatales y ministeriales en la vigilancia que debió realizarse del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, y del jefe de la policía de ese municipio Felipe Flores Velázquez, quienes ahora son prófugos y cuentan con órdenes de aprehensión en su contra por el homicidio y desaparición de los normalistas.
El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong reiteró ayer que pidió por lo menos en dos ocasiones al gobernador Aguirre que se vigilara tanto a Abarca como a Flores, y este le reiteró que sí lo hizo, sin embargo, los sospechosos igual se fugaron.
El tercer aspecto que verifica la PGR son las declaraciones de Sidronio Casarrubias Salgado, líder detenido del grupo delictivo Guerreros Unidos, quien apuntó que autoridades estatales están coludidas con el crimen organizado, y puso de ejemplo al fiscal Iñaki Blanco, quien supuestamente recibió pagos de 300 mil dólares del grupo antagónico de Los Rojos.
Según la nota del diario 24 Horas, el miércoles por la noche comparecieron en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) el fiscal general del Estado, Iñaki Blanco; el vicefiscal, Ricardo Martínez Chávez, y el secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Octavio Vázquez Pérez.
Los tres se presentaron en calidad de testigos y ofrecieron un informe solicitado por la PGR sobre la actuación de sus respectivas dependencias. Además fueron interrogados a cerca de los aspectos mencionados. Ayer jueves se les permitió irse y regresaron a Guerrero con la observación de que estén localizables par futuros llamados.
No podemos garantizar que estén vivos: Zerón
El gobierno de la República no puede garantizar que los 43 jóvenes víctimas de desaparición forzada siguen con vida, dijo ayer Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, a 35 días del ataque a estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
En conferencia de prensa con Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República, se informó que 10 mil agentes de las fuerzas federales buscan en 115 lugares entre arroyos, cuevas, hospitales, prisiones y escuelas a los jóvenes desaparecidos.
Uno de los puntos firmados por Enrique Peña Nieto con los familiares es centrar la búsqueda de los jóvenes con vida, sin embargo, los funcionarios federales dijeron que no tienen certeza de que no hayan sido asesinados.
“No podemos garantizar nada, lo que sí se puede garantizar es que todo el estado de fuerza que está ubicado en Guerrero está dedicado 100 % a la localización de las personas”, apuntó.